Fondos previsionales en la sombra: cómo las AFP financiaron la red de trolls vinculada al comando de Kast

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El reportaje colaborativo entre Reportea y Vergara 240 —publicado el 9 de noviembre de 2025— revela un escándalo que puede cambiar el rumbo de la campaña electoral en Chile: el vínculo secreto entre la Asociación de AFP (AAFP) y la fundación Ciudadanos en Acción, dirigida por Bernardo Fontaine, la cual habría financiado trolls digitales y campañas de desinformación para atacar a las candidatas Evelyn Matthei y Jeannette Jara y defender los intereses de la industria de las AFP.

La magnitud del caso es considerable: la fundación habría recibido apoyo o financiamiento indirecto de la Asociación de AFP, canalizado a través de agencias de comunicaciones como Artool y Retarget, para viralizar mensajes en Facebook e Instagram (más de $200 millones según datos de Meta sobre publicidad pagada). El reportaje también detalla que uno de los trolls denunciados por el comando de Matthei —el influencer Matías Lorca— trabajó para Ciudadanos en Acción diseñando contenido en defensa del sistema previsional vigente.

Esta denuncia abre varios frentes de análisis, tanto éticos como políticos, y plantea preguntas fundamentales sobre la transparencia, la manipulación digital y la influencia de intereses privados en una elección decisiva. A continuación, diseccionamos los principales ejes del escándalo, sus implicaciones y lo que está en juego.

1) El ecosistema de poder: AFP, fundaciones e influencers

Desde el inicio del reportaje se plantea lo siguiente: Fontaine, que hoy integra el comando presidencial de José Antonio Kast, no actuó solo en nombre de “convicciones personales” como declaró públicamente (“Yo no tengo ninguna relación con las AFP…”), sino que —según las fuentes— estuvo directamente vinculado a la Asociación de AFP. Estas fuentes, exdirectivos del gremio y participantes en agencias de comunicación, señalan que la presidenta del gremio, Paulina Yazigi, y la gerenta general, Constanza Bollmann, estaban al tanto de las maniobras.

La estructura revelada es de manual: la fundación Ciudadanos en Acción actúa como brazo de movilización digital, la agencia Artool realizaba “performance” de los contenidos (viralización, promoción), y la AAFP financiaba este ecosistema mediante contratos con las agencias, que facturaban por “proyectos de awareness”, gráficos, videos promocionados, etc. En paralelo, existe un grupo de influencers que reciben honorarios para emitir mensajes favorables (o de ataque) sin revelar el patrocinio o la conexión con la industria de las AFP.

Por ejemplo, un video de la influencer Catalina Olivares (“Cata Libre”) arremetía contra la ministra Camila Vallejo y su reforma de pensiones, y ese material formó parte de un informe interno de Artool para la AAFP en febrero de 2024. El análisis de la pauta publicitaria de Meta registra gastos de US$ cientos de miles para difundir esos mensajes.

Este diseño devuelve al corazón del sistema de pensiones chileno, pero también lo traslada a la arena electoral: cuando hablamos de reformas previsionales, no sólo se enfrentan modelos técnicos, sino intereses políticos, industriales y digitales que pueden sesgar el debate y, en última instancia, influir en resultados electorales que afectan a millones de afiliados y pensionados.

2) Las campañas de ataque a Matthei y Jara: ¿una maniobra estratégica de daño?

El reportaje documenta que la red de trolls —ya denunciada públicamente por el comando de Matthei— estuvo vinculada a la fundación de Fontaine. Una de las cuentas principales fue “Canal de Mati”, manejada por Matías Lorca, quien además apareció realizando campañas pagadas por la fundación. Esa cuenta publicó contenido manipulado para instalar la idea de que Matthei padecía Alzheimer, lo que comisionó una “campaña asquerosa”, según denunció ella misma.

¿Qué hace relevante este elemento? En primer lugar, se trata de un ataque personal contra una candidata mujer que estaba en ascenso en las encuestas. En segundo lugar, la campaña —aunque negativa— fue articulada en redes digitales mediante cuentas encubiertas, lo que plantea la cuestión de la transparencia y de la manipulación del electorado. En tercer lugar, el hecho de que este aparato esté conectado, aunque indirectamente, con la AAFP y una fundación ligada al comando de Kast, abre la posibilidad de que la elección se vea afectada por una estructura de influencia opaca e industrializada.

No es menor que Fontaine haya ingresado al comando de Kast en agosto, con un cargo clave: “programa especial de los primeros 100 días”, lo que sugiere que su participación en la campaña presidencial no es marginal. El vínculo entre una futura gestión gubernamental, la defensa del sistema de AFP y las campañas digitales de apoyo y ataque, conforman un círculo inquietante.

Así, la denuncia no se limita a un escándalo comunicacional: conecta al sistema de pensiones, al poder mediático-digital y al proceso electoral. Se trata de una triangulación entre industria, política y redes sociales que hasta ahora no había sido revelada tan sistemáticamente.

3) ¿Dónde está el daño real? Transparencia, equidad electoral y política previsional

El primer punto de daño es la transparencia: los cotizantes de las AFP, millones de trabajadores en Chile, podrían estar financiando indirectamente campañas que no conocían, a través de su aporte obligatorio al sistema. Si la AAFP ha canalizado montos millonarios hacia actividades de lobby, propaganda digital y campañas de influencia, esto plantea un serio problema de conflicto de intereses y de rendición de cuentas.

El segundo daño es electoral: en un año de alta polarización, donde el sistema de pensiones está nuevamente en la agenda, cualquier manipulación digital o campaña de ataque puede inclinar la balanza. Si Matthei o Jara son víctimas de campañas de acoso digitales coordinadas, esto puede afectar su desempeño electoral, alterar los equilibrios de poder y condicionar la agenda de gobierno que venga.

El tercer daño es estructural: la reforma previsional chilena está en plena implementación, con tensiones entre quienes quieren un cambio profundo y quienes defienden el modelo de capitalización individual. Que la industria de las AFP financie defensa mediática masiva, ataques digitales a candidatas y campañas invisibles, muestra una estrategia para preservar su posición más allá de meros argumentos técnicos. Esto transforma lo previsional en una lucha no sólo de ideas, sino de poder.

Y el cuarto daño es democrático: la existencia de redes de trolls, difusión de noticias falsas o manipuladas, cuentas anónimas y campañas sin transparencia genera un entorno donde la deliberación pública queda contaminada, el electorado está expuesto a influencias ocultas y la igualdad de condiciones entre candidaturas se ve amenazada.

4) El contrapunto: defensa de la industria y el argumento del libre mercado

Por supuesto, existe otro bloque político y mediático que sostiene que la industria de las AFP ha aportado a Chile un sistema de ahorro obligatorio que —aunque imperfecto— ha permitido niveles de cobertura y rendimiento que los sistemas de reparto no garantizan. Desde esta mirada, la promoción de los derechos de propiedad, del ahorro individual y de la capitalización son valores centrales.

Este escándalo, sin embargo, pone en entredicho la forma en que esa defensa se hace: no sólo mediante argumentos, sino a través de mecanismos que no son públicos, que operan en el “backend” de la política digital y que generan asimetrías de información. Si la industria cree que sus intereses están en juego, tiene derecho a comunicar su visión, pero no a hacerlo mediante campañas ocultas o mediante ataque sistemático a actores que defienden alternativas al modelo.

En ese sentido, el reportaje obliga a quienes defienden la industria a reconocer que el debate previsional no puede mantenerse en el terreno de la opacidad y de la influencia encubierta si aspira a un diseño legítimo de sistema de pensiones para Chile.

5) Cierre y advertencia: lo que está en juego de cara a noviembre

Este reportaje de Reportea y Vergara 240 puede cambiar el destino de la elección por varias razones. Primero, porque revela que el mecanismo de influencia digital es más sofisticado de lo que la opinión pública suponía, y que dicho mecanismo está vinculado a actores relevantes de la campaña presidencial. Segundo, porque el debate previsional —que moviliza a trabajadores, pensionados y votantes de distintas generaciones— se convierte ahora también en una batalla de legitimidades: ¿quién defiende realmente los fondos de los chilenos? ¿Quién está detrás de la campaña digital? Tercero, porque si se comprueba que las AFP financiaron campañas de ataque contra candidatas, se abre el camino para denuncias legales, regulaciones nuevas y desgaste político.

Para el elector, la advertencia es clara: lo que aparece como “opinión independiente” en redes puede tener patrocinio oculto; las campañas de miedo o difamación digital pueden no ser espontáneas; la defensa de un sistema previsional puede estar enmascarada en intereses privados. A nivel institucional, el mensaje es que vanos serán los discursos si no hay una fiscalización efectiva, un registro claro de propaganda digital y una regulación que impida que industrias que custodian fondos obligatorios operen como actores ocultos de la campaña política.

Para la industria de las AFP, la señal es también potente: la estrategia de defensa silenciosa, mediante fundaciones, agencias y redes de influencers, puede volverse en su contra si se percibe como manipulación. Y para quienes aspiran a reformar el sistema, este episodio puede convertirse en catalizador de cambios: mayor transparencia, regulación de la propaganda digital, control sobre los gastos de los gremios que representan fondos obligatorios y un nuevo estándar para los debates previsionales.

La elección chilena de este año ya no es sólo una puja entre candidatos o coaliciones: es también una encrucijada sobre cómo se define la política digital, cómo funcionan los poderes económicos en campañas, cómo se regula la propaganda pagada y —muy centralmente— cómo se decide el futuro del ahorro de millones de chilenas y chilenos. Este escándalo plantea una pregunta ineludible para todos los actores: ¿juegan limpio? La respuesta a esa interrogante podría cambiar no sólo la votación, sino la arquitectura misma del poder político en Chile.

Simón del Valle

Simon Del Valle

Periodista