La trama secreta de las AFP: cómo el dinero de los trabajadores financia a sus políticos

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En los últimos días ha emergido una de las revelaciones más graves de la campaña presidencial chilena. Un reportaje de investigación, publicado por Reportea y Vergara 240, de la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales, expuso los vínculos entre la Asociación de AFP y la fundación “Ciudadanos en Acción”, dirigida por Bernardo Fontaine, economista, exconstituyente y actual miembro del comando de José Antonio Kast.
Según la investigación, esa fundación recibió financiamiento de la industria previsional para desarrollar campañas digitales y de opinión pública destinadas a proteger el sistema de capitalización individual y atacar a figuras políticas que proponían su reforma o reemplazo, entre ellas Jeannette Jara y Evelyn Matthei.

La denuncia golpea el corazón del modelo económico chileno, porque revela no solo un uso político del dinero de las AFP —que administran los ahorros de los trabajadores—, sino una estructura de poder que actúa en las sombras para preservar el orden neoliberal y condicionar el debate democrático.
Las AFP, convertidas desde hace décadas en una de las columnas del modelo, han decidido salir del campo financiero para intervenir de lleno en el terreno político y comunicacional. Lo hacen, como era previsible, sin dar la cara.

Un escándalo bajo la alfombra

El reportaje describe transferencias, vínculos contractuales y operaciones digitales orientadas a “educar” a la ciudadanía sobre los “beneficios” del sistema previsional. Pero tras esa fachada pedagógica se oculta una operación política: fondos privados de la industria previsional financiando mensajes públicos que atacan a candidatos, moldean narrativas y buscan frenar cualquier intento de reforma estructural.

No hay que ser ingenuos. En una campaña donde el tema de las pensiones es uno de los ejes del debate social, el involucramiento directo de las AFP en la política electoral es una forma de intervención encubierta, un intento de condicionar el voto de los trabajadores con su propio dinero.

Sin embargo, la magnitud del escándalo no ha tenido eco en la gran prensa. Los mismos medios que dedican portadas enteras a encuestas o triviales polémicas han optado por guardar un silencio casi absoluto. El duopolio mediático —los consorcios que controlan la televisión, la radio y la prensa escrita— se alineó con un libreto de omisión que solo confirma el poder de las AFP y su capacidad para disciplinar la agenda pública.

Mientras las redes sociales hierven con indignación, los noticieros tradicionales no han mencionado una palabra sobre el financiamiento político de la industria previsional. La televisión, que suele reproducir sin pudor los comunicados de las administradoras, ha preferido mirar hacia otro lado.

El debate que no fue

La omisión fue aún más evidente durante el debate presidencial del lunes. Ninguno de los periodistas presentes —ninguno— se atrevió a preguntar a José Antonio Kast sobre la vinculación entre su asesor Bernardo Fontaine y las AFP.
El silencio fue ensordecedor. Mientras el escándalo estallaba en redes y los hashtags #NoMásAFP y #ConTuPlataSí se multiplicaban, los moderadores del debate se concentraban en temas de superficie. En los pasillos, varios reporteros se acercaron a Kast para preguntarle —literalmente— por el color de su corbata.

La única que rompió el cerco fue Jeannette Jara, quien miró directamente al candidato de ultraderecha y le pidió responder:

“Usted tiene a un integrante de su comando recibiendo dinero de las AFP. Chile tiene derecho a saber si su campaña está siendo financiada por quienes lucran con las pensiones de los trabajadores.”

Como es habitual, Kast eludió la pregunta, cambió el tema y ensayó una crítica rutinaria al gobierno. Los periodistas no repreguntaron. El momento pasó, y la televisión lo editó para el resumen nocturno.

La escena es elocuente: un poder político-empresarial blindado por los medios, con periodistas que eligen no preguntar, y un candidato que responde con evasivas. En ese espejo se refleja la verdadera fragilidad de la democracia chilena.

El poder de las AFP: dinero, política y relato

El papel de las AFP en la economía chilena es bien conocido: administran más de 180 mil millones de dólares, una cifra que les permite ejercer influencia sobre el sistema financiero, las empresas y el Estado. Pero este caso revela una dimensión más profunda: su intervención directa en la política y la construcción del relato público.

La fundación de Fontaine actuó como vehículo para transferir recursos a campañas comunicacionales que promovían “la libertad de elegir” y “la defensa de los ahorros individuales”, eufemismos que encubren una agenda de defensa corporativa. Parte de esos fondos, según el reportaje, se habrían destinado a financiar redes de cuentas falsas y campañas digitales de desprestigio contra quienes impulsaban un sistema solidario o estatal.

En otras palabras, las AFP se convirtieron en actores políticos de facto, dispuestos a financiar la derecha ideológica y digital que defiende su existencia. El dinero que administran para las jubilaciones sirve, en los hechos, para modelar la opinión pública y blindar a sus aliados.

El silencio del gobierno y la crisis que se avecina

El gobierno, por su parte, ha mantenido un silencio que sorprende y preocupa. Ni el Ministerio del Trabajo ni La Moneda han emitido declaraciones. Todo indica que el Ejecutivo teme que una confrontación abierta con las AFP pueda agitar más el escenario electoral, a solo días de las votaciones del domingo.

Pero el silencio no es neutral. En momentos en que el país discute su futuro previsional y su democracia se enfrenta a la manipulación digital, callar equivale a ceder terreno.

En paralelo, la Superintendencia de Pensiones anunció una revisión de antecedentes, pero sin abrir aún una investigación formal. El diputado Andrés Giordano presentó oficios al SII, a la Fiscalía y a la propia Superintendencia para que indaguen eventuales irregularidades. Todo apunta a que este será solo el comienzo de un conflicto mayor.

Un tsunami político y comunicacional

El escándalo Fontaine–AFP no es un episodio aislado: es la punta del iceberg de un sistema de poder que combina dinero, medios y redes digitales para sostener un modelo en crisis.
La exposición pública de estos vínculos puede ser el inicio de un tsunami político, con consecuencias impredecibles para las elecciones del domingo. Porque más allá del impacto electoral inmediato, este caso desnuda una verdad incómoda: la democracia chilena está siendo intervenida por el dinero de los fondos de pensiones.

La derecha, que suele presentarse como adalid de la libertad de mercado, ha construido un aparato de manipulación política con los ahorros de los trabajadores. Y la prensa tradicional, subordinada a los mismos intereses económicos, ha optado por mirar hacia otro lado.

El resultado es un país donde los grandes poderes económicos financian candidatos, controlan la información y manipulan la conversación pública, mientras los ciudadanos creen estar decidiendo libremente.

La hora de mirar de frente

En el fondo, el caso Fontaine revela el verdadero rostro del neoliberalismo chileno: un sistema que no solo privatizó las pensiones, sino también la verdad. La independencia periodística, el debate público y la transparencia institucional han sido secuestrados por quienes controlan los recursos y los medios.

La pregunta que queda abierta es si la sociedad chilena —que ya derribó mitos en 2019— está dispuesta a mirar este nuevo escándalo con la misma claridad. Si lo hace, lo que hoy se oculta bajo el silencio mediático puede convertirse en un terremoto moral y político.

Porque cuando el dinero compra las palabras y silencia las preguntas, lo que se está vendiendo no son solo las pensiones: es la democracia misma.

Simón del Valle

Simon Del Valle

Periodista