Contraloría entra al acuerdo Codelco–SQM: el litio, las dudas y las fisuras de una decisión estratégica
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La Contraloría General de la República anunció una auditoría “inédita” al acuerdo entre Codelco y SQM para la explotación del litio, una señal institucional que introduce un nuevo nivel de escrutinio sobre una de las decisiones económicas más relevantes del actual gobierno. El organismo fiscalizador busca verificar que cada paso administrativo se haya ajustado estrictamente a la legalidad, en un contexto de creciente controversia política y social en torno al pacto firmado entre la empresa estatal y la minera privada.
El anuncio de Contraloría no surge en el vacío. Diversos diputados de oposición y también oficialistas habían ingresado requerimientos solicitando revisar el acuerdo, argumentando falta de transparencia, eventuales conflictos de interés y cuestionamientos al mecanismo elegido para asegurar el control estatal del litio, un recurso estratégico clave para la transición energética global.
Las objeciones al acuerdo no se reducen a una sola idea. Quienes se oponen han planteado:
Falta de licitación pública
El principal argumento transversal es que el proceso evitó una licitación internacional abierta, lo que según estos opositores impidió maximizar los beneficios para el país y cumplir con un mandato de transparencia
Transparencia y procedimiento
La crítica se centra en que el acuerdo se negoció de manera directa con SQM sin mecanismos competitivos ni amplios debates públicos, lo que genera dudas sobre equidad y buen uso de recursos estratégicos.
Perjuicio fiscal
Según un informe de la Cámara, el Estado habría dejado de percibir al menos US$6.700 millones por no realizar un proceso competitivo con múltiples oferentes.
¿Por qué una auditoría ahora?
El carácter “inédito” de la auditoría no se explica solo por el monto o la importancia económica del acuerdo, sino por la sensibilidad política del actor privado involucrado: SQM, empresa históricamente ligada al yerno de Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou, y símbolo persistente de la privatización de recursos estratégicos durante la dictadura. Aunque el control accionario ha variado con los años, la carga histórica y simbólica sigue operando con fuerza en la discusión pública.
Contraloría, encabezada por Dorothy Pérez, ha sido cuidadosa en subrayar que su rol no es evaluar la conveniencia política del acuerdo, sino revisar su legalidad administrativa. Sin embargo, en la práctica, una auditoría de este tipo abre un flanco mayor: obliga a transparentar procesos, fundamentos técnicos y decisiones estratégicas que el Ejecutivo había presentado como un camino “realista” y “transitorio” hacia una mayor presencia estatal en el litio.
Las críticas: más allá del oficialismo
Desde la izquierda extraparlamentaria, organizaciones socioambientales, sindicatos y sectores académicos, la crítica no se limita a la forma, sino al fondo del acuerdo. El cuestionamiento central es por qué el Estado, a través de Codelco, no optó por una explotación 100 % estatal, especialmente cuando el discurso oficial hablaba de una “Estrategia Nacional del Litio” orientada a recuperar soberanía sobre el recurso.
Para estos sectores, el acuerdo con SQM consolida una lógica de asociación público-privada heredada de la transición, donde el Estado asume riesgos, garantiza estabilidad y posterga —una vez más— la posibilidad de control pleno sobre un recurso estratégico. Desde esta mirada, la auditoría de Contraloría aparece como un gesto tardío frente a una decisión ya tomada.
Incluso dentro del oficialismo ha habido incomodidad. Parlamentarios del Frente Amplio y del Partido Comunista han reconocido en privado que el acuerdo tensiona el relato de cambios estructurales y refuerza la percepción de continuidad con el modelo extractivista neoliberal, ahora con un rostro más “tecnocrático”.
¿Por qué el gobierno optó por esta fórmula?
La explicación oficial del Ejecutivo y de Codelco apunta a restricciones jurídicas y económicas. Argumentan que la explotación inmediata del litio requiere experiencia técnica, continuidad productiva y acceso a mercados internacionales, elementos que SQM ya posee. Según esta lógica, una ruptura abrupta habría implicado largos litigios, pérdida de ingresos fiscales y retrasos estratégicos en un mercado altamente competitivo.
Desde esta perspectiva, el acuerdo sería una solución pragmática, una transición controlada que permitiría al Estado aumentar su participación sin poner en riesgo la producción ni los ingresos. No obstante, esta explicación no disipa del todo las sospechas: ¿fue solo pragmatismo o también una señal de tranquilidad hacia los grandes inversionistas y mercados financieros?
¿Hay algo oscuro?
Hasta ahora, no existen pruebas de ilegalidad, y ese es precisamente el punto que busca despejar Contraloría. Sin embargo, la polémica revela algo más profundo que una eventual falta administrativa: muestra las limitaciones políticas del actual modelo de gobernanza económica, incluso bajo un gobierno que se presentó como transformador.
El acuerdo con SQM refleja una tensión permanente entre discurso y práctica, entre soberanía y mercado, entre expectativas sociales y márgenes reales de acción del Estado chileno. En ese sentido, más que un escándalo oculto, lo que emerge es una continuidad estructural: la dificultad de romper con los amarres heredados de la dictadura y administrados durante décadas por distintos gobiernos.
El litio como espejo político
La auditoría de Contraloría no resolverá por sí sola el debate de fondo, pero sí lo amplifica. El litio se ha convertido en un espejo del momento político chileno: promesas de cambio, límites institucionales, desconfianza ciudadana y una creciente distancia entre las decisiones estratégicas y las expectativas populares.
Sea cual sea el resultado de la auditoría, el episodio deja una enseñanza clara: la discusión sobre los recursos estratégicos ya no puede resolverse solo en clave técnica o administrativa. Es una discusión profundamente política, histórica y social. Y el acuerdo Codelco–SQM, lejos de cerrarla, la ha vuelto a abrir con más fuerza.
En ese escenario, la intervención de Contraloría marca un hito, pero también una pregunta abierta: ¿seguirá Chile administrando sus riquezas bajo la lógica de la transición o será capaz, alguna vez, de redefinir de manera soberana el destino de sus recursos estratégicos?
