Ante el avance autoritario: OLCA llama a reconstruir lo colectivo desde los territorios
Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 52 segundos
El triunfo presidencial de José Antonio Kast no solo marca un cambio de gobierno. Para amplios sectores sociales y territoriales, abre un nuevo ciclo político de carácter regresivo, donde se ponen en riesgo conquistas sociales, ambientales y democráticas que no fueron concesiones del poder, sino resultado de décadas de organización popular, conflicto social y disputa política.
Así lo plantea el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) en una declaración pública que busca ir más allá del análisis electoral inmediato y situar el momento actual como una encrucijada histórica para los movimientos sociales, especialmente aquellos vinculados a la defensa de los territorios, la naturaleza y los derechos colectivos.
OLCA advierte que el pinochetismo —tras más de una década de trabajo político y cultural— logró acceder al gobierno “por la puerta ancha”, sin violencia abierta, pero con el respaldo explícito de sectores empresariales, parte de la clase política y una mayoría electoral que optó por una promesa de orden, seguridad y profundización del modelo neoliberal. No se trata, señalan, de un fenómeno súbito, sino del resultado acumulado de frustraciones, desigualdades e individualismo, cultivados durante años bajo el paradigma del “ráscate con tus propias uñas”.
Responsabilidades compartidas y una crítica al progresismo gobernante
Uno de los elementos centrales del pronunciamiento de OLCA es su crítica directa al gobierno saliente y a las fuerzas autodefinidas como progresistas y de centroizquierda, a las que responsabiliza de haber administrado un modelo en crisis sin ofrecer una salida transformadora. Lejos de cuestionar las bases estructurales del neoliberalismo, estas fuerzas —sostiene la declaración— terminaron allanando el camino para que la derecha radical asumiera el control del Estado.
En particular, OLCA apunta al abandono de banderas históricas como el ecologismo, el feminismo y la defensa de los derechos sociales una vez asumida la administración gubernamental. Si bien se reconocen avances parciales en algunas políticas públicas, el balance es crítico: dichas medidas no alteraron el modelo de fondo y, en algunos casos, fortalecieron un entramado que reproduce la desigualdad y la devastación ambiental.
La declaración subraya un aspecto especialmente sensible: el fortalecimiento de herramientas represivas —mayores atribuciones a policías y militares— impulsadas durante el actual gobierno, las cuales podrían ser utilizadas ahora por una administración abiertamente autoritaria para profundizar la criminalización de la protesta social y la defensa territorial.
Extractivismo, despolitización y conflicto socioambiental
Desde una mirada socioambiental, OLCA alerta sobre un proceso de despolitización de los conflictos ecológicos, promovido tanto por el Estado como por alianzas público-privadas que presentan el extractivismo como un destino inevitable o como parte de una supuesta “transición verde” corporativa.
Esta estrategia, señalan, ha desplazado el debate desde las causas estructurales hacia soluciones técnicas, superficiales o abstractas, invisibilizando los impactos reales que proyectos extractivos generan en comunidades, ecosistemas y formas de vida. En el nuevo escenario político, advierten, es previsible una aceleración de inversiones cuestionadas, una mayor mercantilización de la naturaleza y una intensificación de la persecución contra quienes denuncian corrupción o defienden sus territorios.
Autocrítica desde los movimientos y fin de un ciclo
Lejos de situarse en una posición meramente denunciante, OLCA asume también una autocrítica necesaria. Reconoce que, tras la pandemia, los procesos de construcción de agendas políticas profundamente enraizadas en las comunidades no fueron priorizados. Fragmentaciones internas, debates encerrados en círculos homogéneos y la apuesta por falsas soluciones institucionales contribuyeron a debilitar la capacidad de respuesta frente al cierre del ciclo político abierto con el Estallido Social.
Desde esta perspectiva, el avance de la ultraderecha no se explica solo por su capacidad discursiva, sino también por la incapacidad de los sectores populares y progresistas de traducir la indignación social en triunfos concretos y duraderos.
Reconstruir lo colectivo como tarea estratégica
El eje central del llamado de OLCA es claro: la respuesta al avance autoritario no puede ser el repliegue ni la mera resistencia defensiva. Se requiere un proceso de reconstrucción política y social desde lo colectivo, con el territorio, la comunidad y la solidaridad como ejes centrales.
Ello implica rearmar espacios de encuentro, fortalecer la organización popular y reinstalar una agenda socioambiental que no reniegue de las experiencias históricas de lucha, sino que asuma con claridad los desafíos del presente, incluyendo la crítica a una transición energética subordinada a intereses corporativos.
OLCA reafirma su compromiso de seguir acompañando a comunidades y organizaciones que enfrentan proyectos devastadores en contextos de profunda asimetría de poder, promoviendo alternativas que pongan en el centro la justicia social, ecológica y climática.
Un llamado abierto
En un escenario que describen como “pedregoso”, el llamado final es a cuidarse, articularse y seguir. No como consigna vacía, sino como una orientación estratégica que reconoce la gravedad del momento, pero también la potencia histórica de los pueblos organizados.
La declaración de OLCA no busca administrar la derrota ni ofrecer consuelo inmediato. Busca, más bien, reinstalar preguntas incómodas y tareas urgentes en un país que enfrenta el riesgo de retrocesos profundos. En tiempos de restauración autoritaria, reconstruir lo colectivo desde los territorios aparece no solo como una opción política, sino como una necesidad histórica.
