Pescadores artesanales denuncian ofensiva contra la Ley de Fraccionamiento: “Impugnar una ley en Contraloría es antidemocrático”
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A solo semanas de la entrada en vigencia de la nueva Ley de Fraccionamiento Pesquero, el conflicto en torno al modelo de distribución de cuotas vuelve a tensionar el escenario político y productivo del país. Esta vez, el foco está puesto en la decisión de sectores de la gran industria pesquera —y de algunos armadores del propio sector artesanal— de recurrir a la Contraloría General de la República para impugnar aspectos centrales de una normativa que fue aprobada democráticamente por el Congreso.
La reacción no se hizo esperar. La Alianza Nacional en Defensa de la Pesca Artesanal calificó la maniobra como “impresentable” y la denunció como un intento deliberado de deslegitimar la institucionalidad democrática cuando los resultados no favorecen a los intereses históricos de la industria. Para las organizaciones de pescadores y pescadoras artesanales, el conflicto trasciende lo técnico y se instala de lleno en el terreno político: se trata de quién controla el mar, los recursos y las reglas del juego.
“Desacreditar al Congreso y al gobierno”
Hernán Cortés, presidente de la Confederación Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp) y vocero de la Alianza, fue categórico. A su juicio, la presentación ante Contraloría busca desconocer un proceso legislativo que se desarrolló conforme a las normas vigentes y que tuvo como propósito central equilibrar una cancha históricamente inclinada en favor de los grandes conglomerados pesqueros.
“Desacreditar al Congreso y al gobierno, que de manera democrática sacaron adelante esta ley, es una acción antidemocrática”, afirmó Cortés. El dirigente subrayó que la nueva norma no persigue privilegios, sino corregir distorsiones estructurales que durante décadas concentraron las cuotas de captura en pocas manos, relegando a la pesca artesanal a una condición de subordinación económica y social.
La Ley de Fraccionamiento introduce modificaciones clave en el acceso a los recursos, incluyendo la apertura de registros a nuevos actores del sector artesanal. Es precisamente este punto el que ha generado la reacción de la industria, que ve amenazado un esquema de acumulación consolidado a lo largo de años de legislación favorable y captura regulatoria.
El rol del informe científico y las sospechas
Uno de los elementos utilizados por la industria para justificar su ofensiva es un informe del Comité Científico Técnico (CCT) de Pequeños Pelágicos, que se negó a validar las cuotas de captura proyectadas para 2026, argumentando que la nueva ley no consideraría adecuadamente la biología de las especies.
Sin embargo, desde la Alianza Nacional en Defensa de la Pesca Artesanal se levantan serias dudas sobre el momento y el uso político de dicho informe. Cortés calificó como “muy extraño” que el documento haya sido filtrado justo en este momento y rápidamente instrumentalizado por los sectores industriales para sustentar la impugnación ante Contraloría.
“Se trata de una aberración y una maniobra política”, señaló, acusando a la industria de no aceptar el resultado de un proceso democrático cuando este no se alinea con sus intereses. Para las organizaciones artesanales, el problema no es la discusión científica en sí misma, sino su utilización selectiva como arma política para frenar una ley ya aprobada.
Más que un debate técnico: un conflicto de poder
El conflicto en torno a la Ley de Fraccionamiento revela una disputa más profunda sobre el modelo pesquero chileno. Durante décadas, la legislación ha sido diseñada para favorecer la concentración y la lógica extractivista, con consecuencias evidentes: sobreexplotación de recursos, precarización laboral y debilitamiento de las economías costeras.
Desde esta perspectiva, la impugnación ante Contraloría aparece como un último recurso de los sectores dominantes para preservar privilegios que comienzan a ser cuestionados desde el ámbito legislativo y social. No es casual, sostienen los pescadores artesanales, que esta ofensiva se produzca justo cuando la ley está a punto de entrar en vigor.
La crítica apunta también a un problema estructural del sistema político chileno: la tendencia de los grandes grupos económicos a recurrir a instancias administrativas o judiciales para revertir decisiones adoptadas por la vía democrática. Cuando el Parlamento deja de ser funcional a ciertos intereses, se activa una estrategia de bloqueo institucional que erosiona la legitimidad del propio sistema.
Advertencia al nuevo gobierno
En un contexto político marcado por el triunfo de José Antonio Kast y el avance de una agenda proempresarial más agresiva, la Alianza Nacional en Defensa de la Pesca Artesanal lanzó una advertencia directa al nuevo gobierno. Cortés expresó la expectativa de que el Ejecutivo no ceda ante las presiones de la industria y respete una ley que nació del debate parlamentario y fue aprobada de manera unánime.
“No vamos a bajar los brazos”, afirmó el dirigente, dejando claro que el sector artesanal está dispuesto a defender la normativa en todos los planos necesarios. Para las organizaciones, lo que está en juego no es solo una ley específica, sino el principio mismo de que las reglas se respetan cuando son producto de la deliberación democrática, y no solo cuando benefician a los actores más poderosos.
Democracia, recursos y futuro
El caso de la Ley de Fraccionamiento pesquero vuelve a poner en evidencia una tensión recurrente en Chile: la distancia entre la formalidad democrática y el poder real de los grandes intereses económicos. La reacción de la pesca artesanal no solo interpela a la industria, sino también a las instituciones del Estado, llamadas a definir si actuarán como garantes del mandato popular o como árbitros funcionales al statu quo.
En ese sentido, la denuncia de que “impugnar una ley en Contraloría es antidemocrático” no es una consigna retórica, sino una advertencia política. Si las leyes aprobadas por el Congreso pueden ser sistemáticamente neutralizadas por la vía administrativa cada vez que afectan intereses poderosos, la democracia queda reducida a un ritual vacío.
Para los pescadores y pescadoras artesanales, la defensa de la Ley de Fraccionamiento es también la defensa de un modelo más justo de relación con el mar, con los territorios y con las comunidades que dependen de ellos. Y en esa disputa, han dejado claro que no están dispuestos a retroceder.
