NovaAndino Litio: control estatal en el papel, poder privado en la práctica

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La creación de NovaAndino Litio, la sociedad conjunta entre Codelco y SQM, marca un punto de inflexión en la política del litio en Chile. Presentada por el gobierno como una de las asociaciones público-privadas “más relevantes en la historia empresarial del país”, la operación vuelve a instalar una pregunta de fondo que atraviesa décadas de debate nacional: ¿hasta dónde llega el control del Estado sobre sus recursos estratégicos y dónde comienza la cesión de soberanía económica?

La nueva empresa explotará, producirá y comercializará litio en el Salar de Atacama hasta el año 2060. Tendrá participación estatal mayoritaria, un directorio paritario —tres representantes de Codelco y tres de SQM— y se inscribe en la Estrategia Nacional del Litio impulsada por el gobierno de Gabriel Boric, que designó a Codelco como actor central del sector. En el papel, el acuerdo promete liderazgo estatal, gobernanza moderna y creación de valor compartido. En la práctica, el pacto con SQM —empresa ligada históricamente al yerno de Pinochet y a múltiples escándalos— sigue siendo el principal nudo político y simbólico del acuerdo.

Desde Codelco, su presidente Máximo Pacheco ha insistido en que se trata de una decisión estratégica: Chile no podía darse el lujo de llegar tarde al ciclo global del litio ni desaprovechar la experiencia operativa instalada. Desde SQM, en tanto, se subraya la continuidad productiva, la estabilidad regulatoria y la proyección de largo plazo del Salar de Atacama. Ambos discursos confluyen en una narrativa de “realismo económico” que busca cerrar un debate que, sin embargo, sigue abierto.

Chile es hoy el segundo productor mundial de litio, detrás de Australia, y el Salar de Atacama continúa siendo uno de los yacimientos más ricos del planeta. En un contexto de transición energética acelerada, electrificación del transporte y disputa geopolítica por minerales críticos, el litio se ha convertido en un recurso estratégico comparable al cobre en el siglo XX. Justamente por eso, el tipo de asociación que el Estado construye no es un detalle técnico, sino una definición política de largo alcance.

El gobierno ha defendido el acuerdo señalando que fue revisado por más de 20 organismos nacionales e internacionales, que cuenta con el visto bueno de la Contraloría y que permitirá financiar políticas públicas clave —incluso se ha señalado que podría cubrir varios años del presupuesto de vivienda—. Desde esa perspectiva, NovaAndino Litio sería una fórmula pragmática: el Estado entra al negocio con mayoría accionaria, sin partir desde cero y sin arriesgar una caída abrupta de la producción.

Las críticas, sin embargo, no se limitan a la oposición de derecha. Desde sectores de izquierda, movimientos socioambientales y economistas críticos, el cuestionamiento apunta a la naturaleza misma del acuerdo. ¿Por qué asociarse con SQM y no avanzar hacia una empresa estatal 100% pública del litio? ¿Por qué extender la explotación privada hasta 2060 en un salar cuya fragilidad ambiental es ampliamente reconocida? ¿Qué margen real de control tendrá el Estado cuando la operación diaria, la tecnología y los mercados siguen estando en manos de un actor privado dominante?

El argumento de la “falta de capacidades” estatales aparece como un déjà vu en la historia económica chilena. Se utilizó para justificar privatizaciones en los años 80 y 90, concesiones extensas y asociaciones asimétricas. La diferencia, señalan los defensores del acuerdo, es que ahora el Estado no se retira, sino que entra con mayoría. La pregunta es si esa mayoría accionaria se traduce efectivamente en soberanía productiva, tecnológica y ambiental, o si queda reducida a un control formal mientras la lógica extractiva permanece intacta.

Otro punto sensible es el impacto territorial. El Salar de Atacama no es un espacio vacío: es un ecosistema frágil y un territorio habitado por comunidades atacameñas que han denunciado por años la sobreexplotación hídrica, la falta de consulta efectiva y los efectos acumulativos de la minería. La promesa de “estándares de sostenibilidad” y “valor compartido” deberá medirse, inevitablemente, en el terreno y no en comunicados corporativos.

En este sentido, el acuerdo Codelco-SQM revela también las tensiones internas del proyecto progresista chileno. La Estrategia Nacional del Litio fue presentada como un quiebre con el modelo neoliberal clásico, pero su implementación muestra una continuidad significativa en las formas: asociación con grandes privados, extensión de concesiones y prioridad a la competitividad global. Para algunos, es una adaptación necesaria a un mundo regido por mercados y cadenas de suministro; para otros, una renuncia anticipada a una transformación más profunda del modelo extractivo.

El debate no es meramente ideológico. En un escenario internacional donde países como Bolivia han optado por un control estatal más rígido —con resultados discutidos— y Argentina avanza con un esquema altamente liberalizado, Chile busca una “tercera vía” que combine control estatal y capital privado. El problema es que esa vía intermedia corre el riesgo de diluir responsabilidades: cuando las cosas salen bien, se celebra la alianza; cuando salen mal, se difumina la rendición de cuentas.

NovaAndino Litio comenzará a operar con un directorio equilibrado y una hoja de ruta ambiciosa. Pero el verdadero juicio sobre este acuerdo no será inmediato. Se jugará en la distribución real de las rentas, en la protección efectiva del salar, en la relación con las comunidades y en la capacidad del Estado chileno para no quedar subordinado a los intereses de una empresa privada que, aunque asociada, sigue teniendo un peso histórico y económico enorme.

El litio abre una oportunidad histórica para Chile. La pregunta que queda abierta es si esa oportunidad se traducirá en soberanía, desarrollo y justicia territorial, o si será, una vez más, la historia de un recurso estratégico administrado con lógica de mercado y promesas de futuro que se extienden, convenientemente, hasta el año 2060.

El Clarín de Chile