Naín–Retamal: la ley de la impunidad que fracturó al progresismo chileno

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La absolución del exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo, responsable del disparo que dejó ciego a Gustavo Gatica durante el estallido social de 2019, no es solo un fallo judicial controvertido. Es, sobre todo, el punto de condensación de una crisis política mayor: la implosión del progresismo chileno al final del gobierno de Gabriel Boric, atrapado entre su giro securitario, una ley que garantiza impunidad y una oposición que ya se disputa el liderazgo del ciclo que viene.

El fallo del Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, que reconoce que el disparo provino del arma de Crespo pero lo absuelve amparándose en la legítima defensa, se sostiene en un estándar jurídico reforzado por la llamada Ley Naín–Retamal, aprobada en 2023. Esa ley —promulgada por el propio Boric y respaldada por el Partido Socialista— introdujo una “legítima defensa privilegiada” para policías en actos de servicio. Hoy, ese diseño legal vuelve como un boomerang político.

El quiebre

La reacción fue inmediata. El Frente Amplio y el Partido Comunista denunciaron que el fallo consagra la impunidad frente a una grave violación a los derechos humanos. El Partido Socialista, en cambio, acusó a sus socios de atacar al gobierno y de utilizar el caso con fines políticos. La respuesta fue drástica: el PS congeló sus relaciones con el oficialismo, marcando un quiebre explícito a solo dos meses del fin del mandato.

No se trata de una diferencia táctica ni de un desacuerdo puntual. Es una ruptura que expresa una incomodidad de larga data. El socialismo chileno, forjado en la transición y en los gobiernos de la Concertación, nunca se sintió plenamente cómodo con el Frente Amplio ni con el PC. Los veía —y los ve— como fuerzas políticamente inexpertas, poco institucionales y demasiado permeables a la presión de la calle. El caso Gatica ofrece hoy el pretexto perfecto para formalizar esa distancia y disputar la conducción de la futura oposición.

La ley que el gobierno empujó

La Ley Naín–Retamal no cayó del cielo. Fue impulsada en un contexto de fuerte presión política por seguridad, tras el asesinato de carabineros y una campaña mediática que instaló la idea de un Estado débil frente al crimen. El gobierno de Boric, ya golpeado por el fracaso del proceso constituyente y por la percepción de desorden, optó por dar una señal clara: endurecer su posición y alinearse con un consenso transversal en materia de orden público.

Organismos de derechos humanos, expertos y sectores del propio oficialismo advirtieron entonces que la ley abría la puerta a la impunidad, al ampliar peligrosamente las causales de justificación del uso letal o gravemente lesivo de la fuerza policial. La advertencia fue ignorada. El cálculo político fue evidente: recuperar credibilidad en seguridad, aun a costa de tensionar principios históricos del progresismo.

Ese giro no fue inocuo. Supuso aceptar el marco conceptual de la derecha —orden versus derechos— y trasladar el eje del debate desde las responsabilidades estructurales del Estado hacia la protección corporativa de las policías. Hoy, el fallo Crespo muestra el resultado concreto de esa decisión.

El caso Gatica como catalizador

Gustavo Gatica se convirtió en uno de los símbolos más potentes de las violaciones a los derechos humanos durante el estallido social. Su cegamiento no fue un daño colateral: fue parte de un patrón sistemático de uso abusivo de la fuerza que dejó a cientos de personas con trauma ocular. Que ese caso termine sin condena penal no solo hiere a la víctima; erosiona la confianza democrática y deja al descubierto la fragilidad del discurso oficial de “nunca más”.

Para el Partido Socialista, sin embargo, el caso cumple otra función. Permite marcar un punto de inflexión, deslindar responsabilidades y reposicionarse como una fuerza “responsable”, institucional y distante tanto de la derecha dura como de la izquierda que, a su juicio, no comprende las exigencias del orden democrático. En otras palabras, el PS busca aparecer como el eje de una futura oposición “razonable”, capaz de dialogar con sectores de centro y de aislar al PC y al Frente Amplio.

Una derrota sin hoja de ruta

Este quiebre no es un episodio aislado. Es una señal más de la derrota estratégica del progresismo chileno. El gobierno de Boric termina sin un relato común, sin una coalición cohesionada y sin una hoja de ruta compartida para enfrentar a una derecha que ya gobierna y que no oculta su voluntad regresiva en materia de derechos.

La paradoja es brutal: en su intento por sobrevivir políticamente, el gobierno adoptó herramientas legales que hoy minan su propia legitimidad histórica. La Ley Naín–Retamal, concebida como un gesto de orden, se transforma en el símbolo de una claudicación ética. Y el Partido Socialista, que fue pilar de la defensa de los derechos humanos durante décadas, aparece hoy avalando —por acción u omisión— un marco que los debilita.

El costo político

Nada de esto es casual. Cuando un proyecto político pierde horizonte, la gestión del poder reemplaza a la transformación, y el miedo a la derecha termina dictando la agenda. El resultado es el que hoy vemos: una izquierda fragmentada, a la defensiva, discutiendo culpas en lugar de disputar sentido, mientras la impunidad se normaliza y la ciudadanía asiste, una vez más, a la distancia entre la promesa democrática y su cumplimiento real.

El caso Gatica no es solo una tragedia personal. Es el espejo incómodo de un ciclo político que se cierra sin haber resuelto su contradicción central: no hay orden democrático posible sin justicia, y no hay gobernabilidad duradera cuando se sacrifica la dignidad humana en el altar de la seguridad.

El quiebre del oficialismo no inaugura una nueva etapa; certifica el fin de una ilusión. Y deja una pregunta abierta para lo que viene: ¿quién se atreverá a reconstruir una alternativa que no vuelva a elegir entre derechos y orden, sino que entienda que uno no existe sin el otro?

Paul Walder

Paul Walder

Periodista