Amnistía Internacional alerta sobre una “emergencia de derechos humanos” en Estados Unidos tras un año del regreso de Trump
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Al cumplirse un año del regreso de Donald Trump a la presidencia, Amnistía Internacional lanzó una severa advertencia sobre el avance de prácticas autoritarias en Estados Unidos y la acelerada erosión de los derechos humanos, tanto a nivel interno como con impacto internacional.
En su nuevo informe, Ringing the Alarm Bells: Rising Authoritarian Practices and Erosion of Human Rights in the United States, la organización documenta cómo la administración Trump ha intensificado acciones que debilitan el Estado de derecho, reducen el espacio de la sociedad civil y concentran el poder, creando —según Amnistía— una situación que ya puede calificarse como una emergencia de derechos humanos.
“El mundo entero es testigo de la peligrosa deriva del presidente Trump”, afirmó Paul O’Brien, director ejecutivo de Amnistía Internacional Estados Unidos. “Triturando normas y concentrando el poder, la administración intenta que sea imposible que se le pidan responsabilidades. Estas prácticas autoritarias están aumentando el riesgo para periodistas, manifestantes, profesionales del derecho, estudiantes y personas defensoras de derechos humanos”.
Doce frentes de deterioro democrático
El informe identifica doce áreas interconectadas en las que, según Amnistía, se están agrietando los pilares de una sociedad democrática. Entre ellas figuran los ataques a la libertad de prensa y al acceso a la información, la restricción de la libertad de expresión y de reunión pacífica, la presión sobre organizaciones de la sociedad civil y universidades, y el hostigamiento a la oposición política y la disidencia.
También se documentan ataques al sistema judicial, a la abogacía y a las garantías procesales, junto con retrocesos graves en los derechos de personas refugiadas y migrantes, el uso de comunidades como chivos expiatorios, y el debilitamiento de las protecciones frente a la discriminación. El informe alerta, además, sobre la militarización de funciones internas, el desmantelamiento de mecanismos anticorrupción, la expansión de la vigilancia sin controles efectivos y los esfuerzos por socavar sistemas internacionales de protección de derechos humanos.
Represión normalizada y miedo a disentir
Según Amnistía Internacional, estas prácticas no actúan de forma aislada, sino que se refuerzan mutuamente. El documento describe casos de estudiantes detenidos por protestar en campus universitarios, operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) con agentes enmascarados que generan terror en comunidades enteras, y una creciente normalización de la militarización de ciudades en distintos puntos del país.
Al mismo tiempo, la intimidación contra la prensa dificulta la denuncia de abusos; el temor a represalias inhibe la protesta social; y los ataques contra tribunales y órganos de control obstaculizan la rendición de cuentas. Todo ello, señala el informe, erosiona derechos fundamentales como la libertad de expresión, la reunión pacífica, la libertad de prensa, el derecho al asilo, las garantías de un juicio justo e incluso el derecho a la vida.
Un patrón global conocido
Amnistía subraya que lo que ocurre en Estados Unidos no es un fenómeno aislado. La organización lleva décadas documentando dinámicas similares en distintos países: gobiernos que consolidan poder, controlan la información, desacreditan a la crítica y castigan la disidencia. “Cuando las prácticas autoritarias se consolidan por completo, las instituciones destinadas a limitar los abusos ya están gravemente comprometidas”, advirtió O’Brien.
Llamado urgente a revertir la deriva
El informe incluye un amplio conjunto de recomendaciones dirigidas al poder ejecutivo y al Congreso de Estados Unidos, a gobiernos estatales y locales, a organismos de seguridad, a actores internacionales, a empresas —especialmente tecnológicas— y a la ciudadanía. El objetivo es frenar la normalización del autoritarismo, proteger el espacio cívico, restablecer las salvaguardias del Estado de derecho y garantizar que las violaciones de derechos humanos no sean aceptadas como inevitables.
“Podemos y debemos forjar un camino diferente”, concluyó O’Brien. “Las prácticas autoritarias sólo enraízan cuando se permite que se normalicen. No podemos dejar que eso ocurra en Estados Unidos”.
