Cuando el control se vuelve poder: la Contraloría entra al debate político
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La advertencia de la Contraloría General de la República sobre el reajuste al sector público abrió una grieta que va mucho más allá de una discusión técnica. Lo que comenzó como una observación fiscal terminó convirtiéndose en un debate político de alto voltaje, que expone una tensión de fondo en el Estado chileno: ¿dónde termina la fiscalización y dónde comienza la incidencia política?
La protagonista de esta controversia es Dorothy Pérez, contralora general de la República, cuya intervención ante el Congreso —al advertir que el reajuste salarial podría carecer de respaldo financiero suficiente dadas las urgencias fiscales, como los incendios forestales— fue leída por amplios sectores como una extralimitación de funciones. Para otros, en cambio, se trató simplemente del cumplimiento riguroso de su mandato constitucional.
El reajuste y la línea roja
El reajuste al sector público es una negociación política clásica, donde confluyen el Ejecutivo, el Congreso y las organizaciones de trabajadores del Estado. Tradicionalmente, la Contraloría revisa la legalidad de los actos administrativos una vez aprobados, pero no condiciona ni opina sobre la viabilidad política o fiscal de una ley en trámite.
Esta vez fue distinto. La Contraloría sostuvo que no contaba con información suficiente para validar los cálculos del reajuste y alertó sobre eventuales tensiones presupuestarias. El mensaje fue directo: el Estado podría no estar en condiciones de asumir ese compromiso sin afectar otras prioridades.
Desde el oficialismo, las reacciones no tardaron. Parlamentarios del Frente Amplio, del Partido Socialista y del Partido Comunista acusaron a la Contraloría de “entrar al terreno de la política pública” y de asumir un rol que correspondería al Ministerio de Hacienda o al Consejo Fiscal Autónomo. El argumento fue claro: advertir sobre holguras fiscales no es control de legalidad, sino deliberación política.
Una institución que ya no es invisible
El conflicto revela un cambio más profundo. Durante décadas, la Contraloría General de la República operó como un actor silencioso, temido pero discreto, cuya autoridad descansaba precisamente en su perfil técnico. Hoy, ese equilibrio parece alterado.
No es la primera vez que la Contraloría queda en el centro de la polémica. En los últimos años ha tenido un rol protagónico en la fiscalización de licencias médicas, descuentos por movilizaciones laborales y sanciones administrativas que afectaron directamente a miles de trabajadores públicos. Para los gremios, estas actuaciones evidencian una institución cada vez más dura con los sectores asalariados del Estado y menos sensible al contexto social.
El reajuste vino a condensar todas esas tensiones. Para los sindicatos, la advertencia de la Contraloría fue leída como una señal política: una intervención que debilita la negociación colectiva del sector público y refuerza una lógica de austeridad que no fue mandatada democráticamente.
¿Control o cogobierno?
El trasfondo del debate es institucional. La Contraloría tiene la misión de resguardar la legalidad y el buen uso de los recursos públicos, pero no define prioridades presupuestarias ni políticas salariales. Cuando sus pronunciamientos influyen directamente en decisiones legislativas en curso, la frontera entre fiscalización y cogobierno se vuelve difusa.
Quienes defienden a la contralora sostienen que el país enfrenta una estrechez fiscal real y que callar ante posibles inconsistencias sería irresponsable. Argumentan, además, que la autonomía de la Contraloría es precisamente una garantía frente a decisiones populistas o financieramente inviables.
Pero sus críticos replican que el problema no es la advertencia en sí, sino el momento y la forma. Emitir juicios sobre la viabilidad de una ley antes de su aprobación —y hacerlo públicamente— transforma a la Contraloría en un actor con capacidad de veto indirecto, sin responsabilidad política ni control democrático.
El síntoma de un Estado tensionado
Este episodio ocurre en un contexto político especialmente frágil. Un gobierno en su tramo final, un Congreso fragmentado, sindicatos presionados por el costo de la vida y una derecha que ha hecho de la disciplina fiscal una bandera ideológica. En ese escenario, cualquier intervención institucional adquiere una lectura política inevitable.
La controversia con la Contraloría no es solo un conflicto coyuntural. Es el síntoma de un Estado tensionado, donde los equilibrios tradicionales están en revisión. La pregunta ya no es solo si el reajuste es financiable, sino quién define qué es financiable y desde qué lugar de poder.
Un precedente delicado
Lo que está en juego es un precedente. Si la Contraloría consolida un rol activo en debates presupuestarios y salariales, su autoridad técnica puede transformarse en poder político sin contrapesos. Y si, por el contrario, se le intenta acotar mediante presiones políticas, se erosiona su autonomía, una de las pocas barreras efectivas contra la corrupción y el abuso administrativo.
Entre ambos riesgos se mueve hoy la discusión. El reajuste al sector público fue la chispa, pero el incendio es institucional. Resolverlo requiere algo más que descalificaciones cruzadas: exige redefinir, con claridad democrática, hasta dónde llega el control y dónde comienza la política.
Porque cuando el órgano que fiscaliza empieza a condicionar, el Estado deja de equilibrarse y comienza a disputarse a sí mismo
