Humanización del castigo o puerta abierta a la impunidad: el proyecto que reabre las heridas de la dictadura
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El Senado dio el jueves el primer paso en la tramitación de un proyecto que, bajo el lenguaje de la “humanización del castigo penal”, vuelve a encender todas las alarmas del movimiento de derechos humanos en Chile. La iniciativa —que permite sustituir penas de cárcel por reclusión domiciliaria total para personas mayores, enfermas o con discapacidad— avanza en el Congreso pese a las advertencias explícitas de que beneficiaría directamente a criminales de lesa humanidad condenados por delitos cometidos durante la dictadura.
El debate no es nuevo. Desde hace años, distintas iniciativas han intentado abrir una salida “humanitaria” para represores encarcelados, particularmente aquellos recluidos en el penal de Punta Peuco. Lo novedoso, esta vez, es la amplitud del proyecto y el momento político en que se impulsa: a semanas del cambio de gobierno y en un escenario marcado por la ofensiva de la derecha y la extrema derecha contra las políticas de memoria, verdad y justicia.
Un proyecto con nombre técnico y consecuencias políticas
La iniciativa —originada en una moción de los senadores Francisco Chahuán, Luz Ebensperger, Luciano Cruz-Coke, Alejandro Kusanovic y Carlos Kuschel— fue discutida en la Comisión de Derechos Humanos del Senado y plantea la posibilidad de cumplir condenas privativas de libertad mediante arresto domiciliario total en casos específicos.
Entre los criterios considerados están enfermedades crónicas graves, enfermedades terminales, discapacidad incompatible con el encierro y edad avanzada. En este último punto, el proyecto establece que podrán acceder al beneficio quienes alcancen los 80 años, sumando edad real y años efectivamente cumplidos en prisión, con un mínimo de 70 años.
Formalmente, el texto insiste en que no busca impunidad. Políticamente, sin embargo, el efecto es otro.
Las cifras que desnudan el problema
Durante el debate en la Sala, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, fue categórico al expresar el rechazo del Ejecutivo. No se trató de una postura ideológica, sino de datos duros: según cifras oficiales, de los potenciales beneficiarios del proyecto, 370 personas están condenadas por crímenes de lesa humanidad.
A ellos se suman condenados por delitos de extrema gravedad: abusos sexuales, violaciones, homicidios y parricidios. En palabras del ministro, la iniciativa no solo tensiona el derecho interno, sino que coloca a Chile en abierta contradicción con sus compromisos internacionales, incluyendo el Estatuto de Roma y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En otras palabras: el proyecto no distingue entre delitos comunes y crímenes imprescriptibles cometidos por agentes del Estado, lo que abre un flanco jurídico y político de enorme gravedad.
El verdadero trasfondo: cerrar el ciclo de la justicia
Para las organizaciones de derechos humanos, el proyecto es una señal inequívoca de retroceso. No se trata de negar la discusión sobre condiciones carcelarias o derechos de las personas mayores privadas de libertad. El problema es otro: la equiparación entre delitos comunes y crímenes de lesa humanidad, que la comunidad internacional ha establecido como inadmisible.
Los crímenes cometidos durante la dictadura —secuestro, tortura, desaparición forzada— no solo afectan a las víctimas directas, sino a la sociedad en su conjunto. Por eso, su sanción tiene un carácter ejemplar y su cumplimiento efectivo es parte esencial de las garantías de no repetición.
Sustituir cárcel por domicilio en estos casos no es un gesto humanitario: es una forma de vaciar de contenido las condenas y enviar una señal inequívoca de indulgencia estatal hacia quienes actuaron desde el aparato represivo.
Un debate que no quiso ampliarse
No es menor que, antes del inicio de la discusión, un grupo transversal de senadores solicitara que el proyecto fuera revisado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, precisamente por sus implicancias jurídicas profundas. La Sala rechazó esa solicitud.
Ese gesto político es revelador. La mayoría optó por acelerar el debate, aun cuando se trata de normas que afectan el corazón del sistema penal y el cumplimiento de obligaciones internacionales. La señal es clara: hay sectores del Senado dispuestos a avanzar incluso sabiendo el costo institucional.
Humanización selectiva
Uno de los aspectos más criticados del proyecto es su asimetría moral. Mientras se invoca la dignidad de los condenados, se omite deliberadamente a las víctimas: no se exige colaboración eficaz, no se considera el arrepentimiento, no se pondera el daño causado ni se incorpora de manera vinculante la opinión de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos.
En la práctica, se humaniza al victimario mientras se vuelve a silenciar a la víctima.
Un precedente peligroso
El avance de este proyecto ocurre en un contexto político particularmente delicado: un gobierno saliente debilitado, una derecha que se prepara para administrar el poder y un progresismo en crisis de conducción. En ese escenario, la tentación de “cerrar” el capítulo de los derechos humanos reaparece con fuerza.
Pero la historia chilena demuestra que cada retroceso en verdad y justicia termina teniendo un costo democrático enorme. No hay reconciliación posible sin sanción efectiva, ni memoria duradera sin responsabilidad penal.
El proyecto aún tiene camino legislativo por delante. Lo que está en juego no es solo una modalidad de cumplimiento de penas, sino el sentido mismo de la justicia en un país que aún busca a sus desaparecidos. Y en esa disputa, el lenguaje técnico no puede ocultar una verdad incómoda: cuando se flexibiliza la condena a los criminales de la dictadura, lo que se erosiona no es el castigo, sino la democracia misma.
