Ley de Sala Cuna: el freno de la UDI y una señal temprana del Chile que viene
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El abrupto congelamiento del proyecto de ley de Sala Cuna en el Senado no solo frustró una reforma largamente esperada por miles de mujeres trabajadoras, sino que dejó al descubierto una señal política inquietante sobre el rumbo que podría tomar el país bajo el próximo gobierno de José Antonio Kast. La decisión de la Unión Demócrata Independiente (UDI) de impedir la tramitación del proyecto —al no citar a la Comisión de Educación— desató una ola de críticas desde el mundo sindical, organizaciones sociales y el propio Ejecutivo, que apuntan a una conducta calificada como “irresponsable” y “mezquina”.
La Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras (CUT) fue una de las primeras organizaciones en reaccionar con dureza. Silvia Silva, vicepresidenta de la CUT y presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Junji (Ajunji), lamentó lo que calificó como una “tremenda pérdida” para el país. No se trataba —subrayó— de un proyecto improvisado, sino de una iniciativa robusta, fruto de un diálogo social amplio, con respaldo transversal y acuerdos técnicos avanzados. “Hoy tenemos que lamentar esta tremenda pérdida ante la posibilidad casi certera de contar con una reforma de esta envergadura”, señaló.
El proyecto buscaba modificar el histórico y restrictivo artículo 203 del Código del Trabajo, ampliando el derecho a sala cuna más allá del criterio de empresas con 20 o más trabajadoras mujeres, avanzando hacia un sistema de corresponsabilidad social y laboral. Además, incorporaba estándares de calidad, reconocimiento oficial y exigencias profesionales e infraestructura adecuadas, transformando las salas cuna en verdaderos espacios educativos y no meros dispositivos de cuidado.
Desde el Gobierno, la ministra vocera Camila Vallejo acusó derechamente a la UDI de frenar deliberadamente el avance del proyecto. Según explicó, el Ejecutivo fue notificado de que la presidencia de la Comisión de Educación —encabezada por el senador UDI Juan Antonio Sanhueza— no citaría a sesión, cerrando así cualquier posibilidad de votación durante la semana. “Es una actitud irresponsable que perjudica el avance de un proyecto largamente esperado por las mujeres y por el país”, afirmó la secretaria de Estado.
Vallejo fue enfática en rechazar los argumentos de la oposición que apuntaban a un supuesto ingreso tardío de indicaciones o a problemas financieros. A su juicio, esas críticas desconocen un proceso de diálogo permanente y flexible, en el que el Gobierno incorporó múltiples observaciones técnicas de la oposición y realizó modificaciones sustantivas al proyecto original. “Eso es una actitud muy mezquina”, sostuvo, recalcando que incluso existía disposición a que el proyecto no se despachara durante el actual período presidencial, con tal de asegurar un acuerdo sólido.
La molestia no es solo institucional. Para el mundo del trabajo, lo ocurrido constituye un golpe directo a la inserción laboral femenina. Karen Palma Tapia, vicepresidenta de la Mujer de la CUT, recordó que el acceso a sala cuna ha sido una lucha histórica del movimiento sindical y feminista, precisamente porque la falta de este derecho sigue siendo una de las principales barreras para que miles de mujeres puedan trabajar en condiciones de igualdad. “Se privó a las mujeres trabajadoras de un derecho fundamental, y alguien tiene que dar explicaciones”, afirmó.
En ese contexto, la CUT no solo apuntó a la UDI, sino que también exigió un pronunciamiento del presidente electo José Antonio Kast. Hasta ahora, su silencio ha sido interpretado como una “señal confusa”, en palabras de autoridades de Gobierno, especialmente considerando que el proyecto contaba con un acuerdo político y social transversal. Para el mundo sindical, el freno legislativo no es un hecho aislado, sino una advertencia temprana sobre las prioridades del próximo ciclo político.
El trasfondo no es menor. La ley de Sala Cuna toca uno de los nudos estructurales del modelo laboral chileno: la persistente desigualdad de género, la precarización del empleo femenino y la externalización del cuidado hacia las familias —y particularmente hacia las mujeres— sin respaldo efectivo del Estado ni de los empleadores. En ese sentido, su paralización refuerza la lectura de que, bajo la presión de sectores conservadores, derechos sociales largamente postergados vuelven a quedar subordinados a cálculos políticos y a una lógica de mercado.
“No es un fracaso del Gobierno, es un fracaso para el país”, insistió Vallejo. Una frase que resume el sentir de amplios sectores sociales que vieron en esta reforma una oportunidad concreta de avanzar en corresponsabilidad, igualdad y justicia social. La pregunta que queda abierta es si este “freno” es solo un episodio coyuntural o el anticipo de una agenda regresiva en materia de derechos laborales y sociales.
Por ahora, lo cierto es que miles de mujeres trabajadoras, niños y niñas quedaron nuevamente a la espera. Y que el debate sobre sala cuna —lejos de cerrarse— se instala como uno de los primeros campos de disputa en el Chile que comienza.
