Beneficios carcelarios y señales políticas: el nuevo golpe a las víctimas del estallido
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La decisión de otorgar beneficios carcelarios a Patricio Maturana, ex carabinero condenado por el disparo que dejó ciega a Fabiola Campillai en noviembre de 2019, abrió un nuevo y profundo flanco de conflicto político, institucional y ético. Esta vez, no solo por el contenido de la resolución administrativa —la aprobación de salida dominical para el condenado—, sino por el contexto en que se produce y las señales que envía a las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Campillai, senadora independiente, fue categórica: los beneficios otorgados a su agresor le generan “dolor y angustia” y constituyen una muestra más del desamparo que enfrentan quienes fueron víctimas de la represión estatal durante el estallido social. Sus palabras no se limitan a la experiencia personal. Apuntan directamente a una cadena de responsabilidades que involucra a Gendarmería, al Ministerio de Justicia y al escenario político que se abre con la llegada del presidente electo José Antonio Kast.
Un beneficio que no es neutro
La aprobación de la salida dominical para Maturana ocurre pese a que —como subraya Campillai— el condenado no ha manifestado arrepentimiento ni ha mostrado empatía alguna por el daño irreversible causado. La senadora advierte que este beneficio no es un hecho aislado, sino el primer paso de una ruta conocida: tras la salida dominical vendrán solicitudes de nuevos beneficios, hasta llegar eventualmente a la libertad condicional.
Desde el punto de vista formal, Gendarmería argumenta que estos beneficios se evalúan conforme a criterios técnicos y reglamentarios. Sin embargo, el problema no es solo jurídico-administrativo, sino político y simbólico. En delitos cometidos por agentes del Estado, especialmente en contextos de violaciones a los derechos humanos, cada decisión institucional tiene un peso que excede el expediente individual.
La sombra del poder político
Campillai considera “inaceptable” que el director nacional de Gendarmería de Chile haya viajado al recinto penitenciario donde se encuentra Maturana apenas dos días después de reunirse con Kast, quien durante la campaña y posteriormente ha expresado su intención de liberar a carabineros condenados por hechos ocurridos en el estallido social.
Para la senadora, la secuencia de los hechos no es casual. A su juicio, Gendarmería estaría adelantando, en la práctica, el programa del futuro gobierno, allanando el camino para decisiones políticas que aún no han sido formalmente adoptadas. En ese marco, Campillai exige la renuncia inmediata del director nacional de Gendarmería y que el Ministerio de Justicia solicite toda la documentación asociada al caso.
De no hacerlo —advierte— el ministro de Justicia se convierte en cómplice de una decisión que vulnera el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y las garantías de no repetición.
Víctimas versus relato de orden
El caso vuelve a poner en tensión dos visiones antagónicas sobre el estallido social. Por un lado, la de las víctimas, que insisten en que las violaciones a los derechos humanos fueron reales, sistemáticas y deben ser sancionadas sin atajos. Por otro, la narrativa que busca reducir esos hechos a “excesos individuales” o directamente justificar la represión en nombre del orden público.
La declaración de Campillai conecta con un clima político más amplio: la progresiva legitimación de discursos que presentan a los condenados por violencia estatal como “presos políticos al revés” y que relativizan el sufrimiento de quienes perdieron la vista, la integridad física o la vida durante la represión.
Una herida abierta para el Estado
Campillai es enfática en señalar que este caso demuestra el fracaso del Estado en proteger a las víctimas. Y apunta directamente al gobierno saliente: “Este es un caso más en que se demuestra el desamparo a las víctimas de violaciones a los derechos humanos realizado por el gobierno de Gabriel Boric”.
Más allá de la controversia inmediata, el episodio revela una crisis estructural. Mientras se anuncian políticas de “mano dura” y se promete cerrar definitivamente el ciclo del estallido, las instituciones parecen moverse con mayor rapidez para otorgar beneficios a los victimarios que para garantizar reparación, acompañamiento y justicia efectiva a las víctimas.
Un precedente peligroso
El beneficio concedido a Maturana no solo afecta a Fabiola Campillai. Sienta un precedente para decenas de causas pendientes y para la forma en que el Estado chileno enfrentará su pasado reciente. La pregunta que queda abierta es si el país avanzará hacia una política de memoria, justicia y reparación, o si optará por normalizar la impunidad administrativa como antesala de decisiones políticas más profundas.
En esa disyuntiva, la voz de Campillai resuena con fuerza no solo como senadora, sino como símbolo de una deuda que el Estado aún no salda. Porque cuando las instituciones fallan, no es solo una víctima la que queda desamparada: es la democracia misma la que se vacía de contenido.
Simón del Valle
