Litio, extractivismo y espejismos verdes: el frágil legado ambiental del gobierno de Boric ante la arremetida minera y el cambio de mando
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A pocos meses del fin del gobierno de Gabriel Boric, el balance ambiental deja una sensación incómoda: avances discursivos, una arquitectura institucional largamente esperada y, al mismo tiempo, una protección débil, negociada y vulnerable frente a la presión de la gran industria extractiva. El caso del litio —presentado como la joya estratégica del siglo XXI— expone con crudeza esa contradicción. Mientras el Ejecutivo intentó instalar una Red de Salares Protegidos como contrapeso al avance minero, el propio Estado, a través de Codelco, terminó asociado al negocio del litio junto a privados, subordinando ecosistemas y comunidades a la lógica de la rentabilidad.
La ofensiva de la industria contra la iniciativa del Ministerio del Medio Ambiente para declarar más de 76 mil hectáreas del Salar de Atacama como áreas protegidas dejó en evidencia los límites reales de la política ambiental del actual gobierno. Empresas como Albemarle, la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), firmas ligadas al Grupo Errázuriz y la propia Codelco cuestionaron los criterios ecológicos, los plazos de consulta y hasta la inclusión de especies protegidas como la chinchilla. El mensaje fue inequívoco: la conservación no puede interferir con la continuidad de la extracción.
No se trata de una disputa técnica aislada. Es la expresión de un modelo que, incluso bajo un gobierno que se autodefinió como ecologista y transformador, nunca dejó de priorizar el extractivismo como pilar del crecimiento. La Estrategia Nacional del Litio, presentada en 2023, prometió n nuevo trato: mayor rol del Estado, protección ambiental y beneficios sociales. Sin embargo, en la práctica, el acuerdo entre Codelco y SQM —que dio origen a Novandino Litio— consolidó una alianza público-privada que reproduce el mismo patrón histórico: intensificar la explotación de salares frágiles para abastecer un mercado global voraz.
Los salares no son yacimientos inertes. Son sistemas hidrológicos complejos, interconectados, donde pequeñas variaciones en el balance de agua pueden desencadenar colapsos ecológicos irreversibles. Así lo han advertido científicas como Ingrid Garcés, de la Universidad de Antofagasta, quien ha sido categórica en señalar que proteger “polígonos” superficiales mientras se sigue bombeando salmuera y agua subterránea en el resto de la cuenca es, sencillamente, no entender el ecosistema. Parques de papel, áreas protegidas que existen en los mapas y en los compromisos internacionales, pero que se secan lentamente en la realidad.
La consulta pública impulsada por el gobierno en diciembre evidenció esa fragilidad. Codelco, ahora actor central del negocio del litio, sostuvo que la ampliación de áreas protegidas podría generar “impactos heterogéneos” en sectores productivos como la minería. Albemarle fue aún más explícita: la protección se superpone con sus operaciones actuales y futuras, afectando obras, monitoreos y tránsito interno. En otras palabras, la conservación es aceptable solo mientras no limite la extracción.
Este conflicto se da en un momento político crítico. El 11 de marzo asume la Presidencia José Antonio Kast, un líder que ha hecho de la “libertad económica” y la reducción de la regulación ambiental uno de los ejes de su programa. Kast ha anunciado una reforma profunda al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental para “destrabar” inversiones y ha cuestionado abiertamente lo que denomina “burocracia ambiental”. En ese contexto, la Red de Salares Protegidos aparece más como una carrera contrarreloj que como un blindaje sólido.
El propio diseño de esta red refleja las concesiones hechas a la industria. En la región de Atacama se logró avanzar con mayor rapidez, creando parques nacionales, reservas nacionales y las primeras Reservas de Región Virgen del país. Sin embargo, incluso allí la protección es parcial. El Salar de Pedernales, por ejemplo, fue declarado Reserva Nacional mientras Codelco mantiene derechos de agua que han impactado el acuífero por décadas. El Estado protege la superficie, pero permite que el corazón del sistema —el agua— siga siendo drenado.
El caso del Salar de Maricunga es aún más ilustrativo. Aunque es un humedal Ramsar y uno de los ecosistemas más valiosos del país, su futuro está atado a su potencial como uno de los mayores yacimientos de litio del mundo. El acuerdo entre Codelco y Rio Tinto para explotar el salar a partir de 2030 tensiona cualquier aspiración de conservación real. La nueva legislación obliga a homologar los sitios Ramsar al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, pero no define qué categoría deben tener. Esa ambigüedad abre la puerta a que una administración más alineada con la industria opte por figuras de baja protección.
Desde el propio Ministerio del Medio Ambiente se reconoce que hubo salares “perdidos” en la negociación con el Ministerio de Minería. La Laguna Verde, ícono turístico y ecológico, quedó fuera de la red. Es lo que algunas autoridades han llamado, sin eufemismos, una “protección negociada”. Para organizaciones ambientales y comunidades indígenas, esa negociación tiene un nombre más claro: sacrificio ambiental.
El problema de fondo es que el litio, presentado como la llave para la transición energética global, se extrae mediante un modelo profundamente destructivo. La evaporación masiva de salmueras, el consumo intensivo de agua en zonas hiperáridas y la alteración de paisajes y modos de vida ancestrales son costos sistemáticamente invisibilizados. El discurso de la “minería verde” choca con la realidad de comunidades atacameñas que ven secarse vegas, lagunas y bofedales, mientras la riqueza fluye hacia corporaciones y mercados lejanos.
El gobierno de Boric intentó dejar un legado ambiental antes de irse. La creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y la aprobación de la llamada “Ley para la Naturaleza” son avances innegables. Pero esos instrumentos nacen debilitados si no se enfrentan los derechos mineros preexistentes y la presión política de la industria. Sin voluntad de limitar efectivamente la extracción, la conservación queda reducida a un gesto simbólico.
Con el cambio de mando, la presión se intensificará. Un gobierno abiertamente pro-mercado, sumado a la fiebre global por el litio, amenaza con desmantelar incluso estos frágiles avances. Lo que hoy se presenta como un escudo ambiental podría convertirse rápidamente en un espejismo administrativo.
La pregunta ya no es solo si Chile logrará proteger el 30 % de su territorio al 2030, sino qué tipo de protección está dispuesto a ofrecer. ¿Una que subordine la naturaleza a la rentabilidad, o una que ponga límites reales al extractivismo? Hasta ahora, la experiencia demuestra que, incluso bajo un gobierno progresista, los ecosistemas y las comunidades han seguido siendo la variable de ajuste. El litio, una vez más, revela la vieja verdad del modelo chileno: cuando la industria presiona, la protección retrocede.
Fuente: La Tercera, Mongabay y redacción El Clarín
