El prontuario técnico del próximo ministro: los informes de Jorge Quiroz en defensa de empresas coludidas
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La ratificación de Jorge Quiroz como próximo ministro de Hacienda ha reactivado una controversia que lo acompaña desde que se integró al equipo económico de José Antonio Kast. Las críticas no surgen de una disputa ideológica abstracta, sino de antecedentes concretos contenidos en algunos de los casos de colusión más graves que han sacudido al país en las últimas décadas. Un reportaje exclusivo de CIPER revisó cientos de documentos judiciales y reconstruyó el rol que el economista desempeñó en cuatro procesos emblemáticos tramitados ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC): pollos, farmacias, asfalto y navieras.
El resultado es elocuente. En los cuatro casos, Quiroz —en el ejercicio de su labor como consultor económico— elaboró informes, modelos o declaraciones en defensa de empresas que terminaron condenadas por colusión. En tres de esos procesos, sus hipótesis fueron desestimadas por el TDLC y posteriormente por la Corte Suprema. Se trata, además, de los casos más sensibles para la ciudadanía: la colusión de los pollos y la de las farmacias.
Consultado por CIPER, Quiroz respondió de manera general: “Nunca he estado vinculado ni he facilitado ni diseñado ningún esquema de colusión ni cartel. Jamás he tenido algún rol en la repartición de ningún mercado”. Añadió que su participación se limitó al “legítimo ejercicio” de su profesión, elaborando informes técnicos, como lo hacen otros economistas en litigios económicos.
Pero el debate no es si diseñó o no un cartel —algo que no ha sido acreditado judicialmente—, sino cuál fue el alcance de su intervención técnica en procesos donde empresas terminaron sancionadas por atentar contra la libre competencia.
El “modelo Quiroz” y la colusión de los pollos
El caso de mayor protagonismo fue el de la colusión de la carne de pollo. En 2014, el TDLC determinó que Agrosuper, Ariztía y Don Pollo se coludieron entre 1994 y 2010 a través de la Asociación de Productores Avícolas (APA), repartiéndose cuotas de producción que impedían la competencia y generaban sobreprecios.
En ese contexto, Jorge Quiroz elaboró en 2008 un informe titulado Proyección de Demanda de Carne de Pollo en Chile. Ese modelo, según acreditó el tribunal, fue utilizado por las empresas para asignarse cuotas de mercado. En la industria se le conoció como el “modelo Quiroz”.
Ejecutivos de las compañías declararon ante el TDLC que utilizaban las proyecciones desarrolladas por Quiroz y que incluso se le solicitaban ajustes cuando era necesario. La sentencia fue clara al señalar que la metodología para calcular las ventas “presenta características anticompetitivas y de hecho permitió la asignación de cuotas de producción entre las empresas avícolas requeridas”.
Además, ya iniciada la investigación por colusión, Quiroz elaboró junto a su socio un segundo informe para la APA, donde sostuvo que restricciones en la oferta no tenían aptitud para modificar los precios domésticos, argumento que favorecía la defensa de las empresas. El TDLC desestimó ese razonamiento, disolvió la APA y multó a las compañías con sanciones millonarias que luego fueron confirmadas por la Corte Suprema.
Farmacias: correos electrónicos y una tesis descartada
En el caso de las farmacias —que involucró a Cruz Verde, Ahumada y Salcobrand y afectó directamente el precio de medicamentos—, Quiroz emitió informes a favor de Salcobrand y declaró como testigo ante el TDLC.
En un informe de 2009 concluyó que “no se puede concluir existencia de acuerdo de precios”. Según su análisis, tras revisar decenas de miles de correos electrónicos y miles de alzas y bajas de precios, no había evidencia de colusión.
Sin embargo, el tribunal halló 286 alzas simultáneas entre las cadenas y correos electrónicos que calificó como prueba manifiesta de coordinación. Uno de ellos, enviado por un gerente de Salcobrand, proponía coordinar alzas de precios con los laboratorios para que luego las otras cadenas “detectaran” y replicaran el aumento.
En un segundo informe, Quiroz explicó las alzas mediante la estrategia “Tit for Tat”, una dinámica de mercado donde una empresa sube precios esperando que otras la sigan, sin acuerdo explícito. El TDLC desechó esa hipótesis, señalando que el análisis teórico no podía desvirtuar la prueba directa de coordinación.
Finalmente, Cruz Verde y Salcobrand fueron condenadas a pagar multas cercanas a US$20 millones cada una, fallo ratificado por la Corte Suprema, que afirmó que el interés económico se sobrepuso a la dignidad y la salud de las personas.
Asfalto: “rivalidad” en un mercado coludido
En el caso del asfalto, cuatro empresas fueron sancionadas por coludirse para asignarse obras entre 2011 y 2012. Tras la acusación de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), Asfaltos Chilenos solicitó un informe a Quiroz y Asociados.
El documento concluyó que no existían factores que apoyaran la existencia de un acuerdo colusorio y que había “rivalidad” entre los participantes del mercado. Quiroz ratificó esta postura al declarar como testigo ante el TDLC.
No obstante, el tribunal determinó que las empresas sí se habían coludido, incluso reuniéndose en hoteles y cafeterías para coordinar la asignación de obras. La Corte Suprema confirmó la existencia de colusión en varias de las licitaciones analizadas.
Navieras: la discusión por las multas
En el cartel del transporte marítimo, sancionado en 2019, Quiroz fue contratado por la empresa japonesa MOL. En este caso no defendió la inocencia de la compañía, sino que cuestionó el monto de la multa solicitada por la FNE, argumentando que el cálculo excedía criterios usuales.
El TDLC impuso a MOL una multa considerablemente menor a la solicitada por la fiscalía, decisión que luego fue parcialmente revisada por la Corte Suprema.
Un debate político inevitable
CIPER identificó 15 registros documentales —informes, declaraciones, correos y testimonios— que muestran la participación de Quiroz en estos procesos. En todos ellos su posición técnica fue favorable a empresas que luego resultaron condenadas por colusión.
No se trata de una acusación penal contra el economista, quien no ha sido formalizado ni investigado por estos hechos. Tampoco se le atribuye haber diseñado carteles. El punto es otro: la coherencia política y ética de quien asumirá la conducción de la política fiscal y económica del país, tras haber intervenido como experto en defensa de compañías que atentaron contra la libre competencia.
En un país marcado por la desconfianza hacia los grandes grupos económicos y por el impacto social de las colusiones —que afectaron el precio de alimentos, medicamentos y obras públicas—, la designación de Quiroz instala una pregunta incómoda: ¿qué señales envía el próximo gobierno cuando pone al frente de Hacienda a un economista cuya trayectoria técnica se alinea, reiteradamente, con los intereses de empresas sancionadas por cartelización?
La respuesta no es jurídica, sino política. Y el debate, inevitable.
Fuente: Reportaje exclusivo de CIPER
