Defensoría de la Niñez recurre contra Contraloría por solicitud de datos sensibles de menores en programas de identidad de género
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La Defensoría de la Niñez presentó un recurso de protección en contra de la contralora general de la República, Dorothy Pérez, con el objetivo de impedir la entrega de datos personales solicitados por la Contraloría General de la República (CGR) al Ministerio de Salud.
La acción judicial fue ingresada ante la Corte de Apelaciones de Santiago y busca frenar los efectos de un oficio enviado el pasado 16 de enero. En dicho documento, el órgano fiscalizador requirió la identificación individual de niños, niñas y adolescentes que participan en el Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género y en el Programa Salud Trans, en el marco de una auditoría destinada a revisar el uso de recursos públicos.
Los datos solicitados
Según se detalla en el recurso, el requerimiento incluye información altamente sensible, entre ella:
RUT
Nombre registral y nombre social
Fecha de nacimiento
Sexo registral
Identidad de género
Fechas de ingreso y egreso del programa
Establecimiento de salud tratante
Estado de vigencia dentro de la iniciativa
Para la Defensoría, esta información posee carácter reservado, especialmente por tratarse de menores de edad, y su divulgación podría comprometer derechos fundamentales.
Argumentos de la Defensoría
En el escrito presentado ante el tribunal, el organismo sostiene que la solicitud vulnera garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Carta Fundamental, particularmente:
El derecho a la vida y a la integridad psíquica
La igualdad ante la ley
El respeto y protección de la vida privada
La institución cuestiona además la legalidad, proporcionalidad y necesidad de la medida, calificándola como arbitraria. A su juicio, la petición “atenta contra estándares internacionales vinculantes para el Estado de Chile, así como normativa de rango constitucional y legal”, considerando la especial protección que merecen los derechos de niños, niñas y adolescentes, en particular en materia de datos personales y sensibles.
La postura de la Contraloría
Desde la Contraloría han señalado que el requerimiento se enmarca en sus facultades fiscalizadoras y tiene como finalidad verificar la correcta ejecución de recursos públicos asociados a estos programas de salud.
La controversia abre un debate sobre los límites de la fiscalización estatal cuando se trata de información sensible de menores de edad, especialmente en ámbitos relacionados con identidad de género y salud, donde confluyen derechos fundamentales y obligaciones de control del gasto público.
