
Crítica a la narrativa concertacionista de J.J. Brunner sobre Boric y el “cierre de un ciclo»
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El análisis de José Joaquín Brunner, publicado este fin de febrero de 2026 (El fin del gobierno Boric: cierre de un ciclo, en El Líbero, 25 de febrero) constituye un esfuerzo por situar el gobierno de Gabriel Boric en una perspectiva «sociológico-cultural» que busca evitar los extremos de la «elegía generacional» y la «demolición retrospectiva». Su tesis central ―que el gobierno fue «el aprendizaje de una generación enfrentada a la dureza del mando»― merece ser confrontada con nuestro análisis que sostiene una hipótesis políticamente distinta: el gobierno de Boric no fue un aprendizaje, sino un proceso de claudicación programática que, lejos de sentar las bases para una izquierda más madura, allanó el camino para el triunfo aplastante de una extrema derecha con sesgos de autoritaria y ultraliberal, representada hoy por el gabinete de José Antonio Kast.
El «aprendizaje» como eufemismo de la capitulación
Brunner presenta el giro pragmático de Boric como un proceso de maduración necesario, casi virtuoso: «Cuesta imaginar, retrospectivamente, la cantidad de ajustes difíciles a los que se vio obligado el Presidente […]. No fue solamente un cambio de piel; requirió, además, una transformación interior». Este relato, que elogia la capacidad de «aprendizaje» y «moderación» del mandatario, omite preguntas fundamentales: ¿aprendizaje para qué y para quiénes, y con qué resultados políticos?
El problema no es que Boric haya aprendido a gobernar; es qué aprendió y a costa de qué. Según los resultados, aprendió a administrar el statu quo, a negociar reformas que mantienen el núcleo del modelo neoliberal (como la reforma de pensiones que conserva las AFP), a adoptar la agenda de seguridad de la derecha y a abandonar el horizonte transformador que lo llevó al poder. Pero este «aprendizaje» tuvo un costo político inmenso: la desmovilización de su base, la fractura de su coalición y, finalmente, una derrota electoral humillante. Fue así como el intelectual francés Franck Gaudichaud, quien como muchos otros, ingenuamente, depositó expectativas en Boric, cambió más tarde al afirmar que éste «optó por gobernar como si el país no estuviera atravesado por una crisis profunda de legitimidad», y el resultado fue que «el marco hegemónico sigue siendo totalmente capitalista neoliberal y dominado por la misma oligarquía».
Brunner celebra la «capacidad de aprendizaje» de Boric, pero no se pregunta si ese aprendizaje no fue, en realidad, la internalización de los límites que el poder económico y la derecha política impusieron al proyecto transformador. En otras palabras, Boric practicó lo que ya sabía: conceder. Y esa actitud derrotista, en el contexto, fue presentada como virtud por intelectuales como Eugenio Tironi, cuyo rol en la justificación del giro pragmático hemos analizado extensamente.
La derrota del 4 de septiembre: ¿fracaso u oportunidad desperdiciada?
Brunner acierta al identificar el plebiscito de 2022 como un punto de inflexión: «Allí termina, en sentido sustantivo, el primer gobierno de Boric. Fue un fracaso político estrepitoso». Sin embargo, su lectura de las consecuencias contextuales de esa derrota es errónea. Para Brunner, el rechazo constitucional obligó al gobierno a convertirse en «un gobierno de gestión», lo que implicó «administrar el Estado en condiciones adversas». Esta descripción, aunque factual, elude la pregunta central: ¿por qué el gobierno no supo o no pudo capitalizar sus primeros meses, cuando aún tenía capital político y «luna de miel», para impulsar reformas profundas?
La respuesta tiene que ver con la falta de preparación intelectual, la negación del debate político interno y de la movilización popular, además de una política comunicacional nula. El propio Brunner menciona «la juventud, la falta de experiencia ejecutiva y una lectura excesivamente optimista del momento histórico», pero no extrae todas las consecuencias de este diagnóstico. No se trata solo de que fueran jóvenes e inexpertos; se trata de que desperdiciaron conscientemente la oportunidad de transformar Chile con un mandato legítimo.
La adopción de la agenda de seguridad: ¿realismo o capitulación?
Uno de los puntos más débiles del análisis de Brunner es su tratamiento de la política de seguridad. Reconoce que el gobierno impulsó «un reforzamiento institucional relevante» y que «puede reclamar para sí haber contribuido a mejoras en este frente decisivo». Sin embargo, omite un hecho crucial: esta agenda de seguridad fue impuesta por la derecha y adoptada sin una perspectiva propia que la vinculara con la cuestión social.
De manera evidente, el Gobierno se mostró «con pocas propuestas alternativas al discurso de las derechas» en materia de migración, seguridad y narcotráfico. La prometida reforma profunda de Carabineros «nunca se llevó a cabo», y en su lugar se aplicaron «estados de excepción y la militarización», la misma lógica de gobiernos anteriores. Habrá que ser majadero. Esta adopción acrítica de la agenda de seguridad funcionó como una «cortina de humo perfecta» que soslayó las reformas estructurales pendientes en pensiones, salud y tributación. El gobierno no solo no desafió el marco de la derecha; lo legitimó al actuar dentro de él.
Brunner cita el descontento de sectores del oficialismo con la ley Naín Retamal, pero lo presenta como una tensión inevitable entre «la cumbre de los valores» y «el llano de las responsabilidades». Esta dicotomía es falsa. No se trataba de elegir entre valores y responsabilidad, sino de construir una política de seguridad que fuera coherente con un proyecto de justicia social. El gobierno optó por la vía fácil: adoptar el discurso de «mano dura» sin cuestionar sus presupuestos ideológicos. El resultado, como el propio Brunner reconoce, es que «la percepción de la gente manifestada en las encuestas y el voto a nivel nacional, muestran una difundida inseguridad». Es decir, ni siquiera en sus propios términos la política de seguridad fue exitosa.
El «balance macroeconómico satisfactorio» y sus límites
Brunner destaca los logros macroeconómicos: control de la inflación, crecimiento moderado, estabilidad fiscal. Sin embargo, este balance positivo en términos agregados oculta realidades más profundas. El propio autor menciona que «el desempleo se mantiene sin variaciones significativas, con el agravamiento de una alta informalidad (26,8%)», de carestía de la vida y de bajas pensiones.
Pero lo más importante es que los llamados logros macroeconómicos no se tradujeron en una mejora perceptible en la calidad de vida de la mayoría. Es decir, «no hubo ningún avance sustantivo en las materias más sensibles para la población: atención de salud, vivienda (versus campamentos), educación, transporte y regularización de la inmigración». El gobierno logró estabilizar la macroeconomía, pero fracasó en conectar esa estabilidad con las necesidades concretas de la ciudadanía. Y este fracaso fue el combustible del voto por Kast.
La omisión más grave: el gabinete de Kast y el «capitalismo del colapso»
El artículo de Brunner, escrito en febrero de 2026, es sorprendentemente superficial acerca del carácter del gobierno del presidente electo. Señala que «el triunfo más reciente de una derecha dura en la elección presidencial es parte de este reacomodo cuya profundidad todavía no podemos dimensionar», y sugiere que podría abrirse un espacio para «una derecha que prefiere apostar por una democracia protegida, estructuras de jerarquía, y una economía sin frenos».
Esta descripción, aunque no incorrecta, carece de la profundidad necesaria para comprender lo que realmente está en juego. Pues el intelectual concertacionista parece ignorar que el gabinete de Kast no es un gobierno de derecha tradicional: es la implementación chilena del «capitalismo del colapso» descrito por Quinn Slobodian. Con ex abogados de Pinochet en Justicia y Defensa (Fernando Rabat y Fernando Barros), un ultraliberal en Hacienda (Jorge Quiroz), un representante directo del holding Luksic en Relaciones Exteriores (Francisco Pérez Mackenna), un ex ejecutivo de Citibank como presidente de BancoEstado (Mario Farren Risopatrón) y el vicepresidente de la CPC en Economía (Daniel Mas), el mensaje es inequívoco: se cierra un ciclo de ilusiones transformadoras y se abre otro de tendencias autoritarias y ajuste pro-empresarial.
Se configura un proyecto que fusiona autoritarismo político, ultraliberalismo económico y reivindicación histórica de la dictadura.
Brunner no parece advertir la magnitud de esta reacción. El gobierno que asume no es una «derecha dura» cualquiera; es un gobierno que nombra a los defensores del dictador para custodiar los derechos humanos y la defensa nacional. Es un gobierno que pone a los representantes directos del gran capital a gestionar la economía. Es, en suma, la antítesis perfecta de todo lo que Boric prometió ser. Y este desenlace no es un accidente histórico ni un simple «reacomodo»: es la consecuencia lógica del vacío dejado por un gobierno que prometió transformaciones y entregó gestión, que prometió justicia social y entregó seguridad represiva, que prometió movilización y entregó desmovilización.
La narrativa de Tironi y Brunner: dos caras de la misma justificación
No es extraño entonces que el análisis de Brunner, en su tono mesurado y «sociológico-cultural», termine coincidiendo con la narrativa justificadora de la “normalización” que desarrolló Eugenio Tironi a lo largo del gobierno. Tironi presentó el giro pragmático como una «rectificación meritoria» y un necesario «realismo político». Brunner lo presenta como «aprendizaje» y «maduración». Ambos, desde posiciones intelectuales aparentemente distintas, terminan normalizando la claudicación y presentando la derrota como un proceso formativo.
Pero la evidencia es tozuda: el gobierno de Gabriel Boric perdió estrepitosamente las elecciones presidenciales de 2025, su coalición se fragmentó, su base se desmovilizó y el país quedó en manos de un proyecto que reivindica abiertamente el legado de la dictadura. Llamar a esto «aprendizaje» es, cuando menos, un eufemismo. Es, más bien, negar la magnitud del desastre político que representa para la izquierda chilena y para las esperanzas depositadas en el ciclo abierto en 2019.
Otra realidad soslayada por Brunner, y por todos los intelectuales de formación concertacionista, es hacer caso omiso del hecho que la coalición que gobernó con Boric ignoró sistemáticamente el contexto internacional de crisis del proyecto socialdemócrata —que en Europa hacía décadas se había neoliberalizado, diluyendo su identidad transformadora— y el simultáneo ascenso de movimientos, ideologías y gobiernos de extrema derecha a escala global. Esta ceguera no fue casual: respondía a una falta de preparación intelectual de sus propios cuadros e ideólogos y a la consiguiente falta de debates y escuelas de formación política, geopolítica, económica y filosófica.
Conclusión: Más allá de la «modestia» del balance
Brunner concluye que el gobierno de Boric «no fue el desastre que algunos proclaman ni la revolución inconclusa que otros lamentan. Fue, más modestamente, el aprendizaje de una generación enfrentada a la dureza del mando». Esta «modestia» del balance es, en sí misma, una posición política. Al reducir el gobierno a un proceso de aprendizaje, Brunner desactiva la crítica radical y normaliza la derrota.
Frente a esta lectura, sostenemos la necesidad de una evaluación más profunda y menos complaciente. El gobierno de Boric fue, en efecto, un fracaso político: no por sus intenciones, sino por sus resultados. Fue la historia de una promesa claudicada, de una oportunidad histórica desperdiciada, de una generación que llegó al poder sin estar preparada; que se rodeó de concertacionistas trasnochados y que, en su afán de gobernabilidad, terminó gobernando para sus adversarios. La prueba más contundente de este fracaso no está en los indicadores macroeconómicos, sino en la composición del gabinete que hoy se prepara para gobernar Chile: un gabinete de pinochetistas, ultraliberales y empresarios que difícilmente habría sido posible sin el vacío dejado por la izquierda.
Las lecciones para el futuro: recuperar la credibilidad, profundizar la democracia
El balance del gobierno de Boric, entonces, no puede limitarse a constatar que «no fue el desastre que algunos proclaman ni la revolución inconclusa que otros lamentan». Hay algo más profundo en juego. Lo que está en cuestión es la capacidad de la izquierda para volver a ser creíble, para reconstruir un proyecto que vuelva a entusiasmar, para demostrar que la democracia puede ser algo más que la administración de lo existente.
Esa tarea pasa por reconocer los errores sin autocomplacencia. Pasa por admitir que la inexperiencia no es un pecado mortal, pero que la falta de preparación ideológica y la pobreza en convicciones para gobernar sí lo son cuando se juega con las esperanzas de millones. Pasa por entender que el «realismo político» no puede ser una coartada para abandonar los principios, y que la «responsabilidad fiscal» no puede ser el único horizonte de un proyecto de transformación.
Pero pasa, sobre todo, por reivindicar la democracia como proyecto existencial, no solo como procedimiento. Por recordar que la democracia no es solo votar cada cuatro años, sino garantizar educación, salud, vivienda y seguridad para todos. Por insistir en que la igualdad no es una consigna, sino una exigencia ética y política que debe traducirse en políticas concretas. Por defender que el orden no puede construirse sobre la exclusión y la represión, sino sobre la justicia social y la participación.
El gobierno de Kast será, sin duda, un desafío mayúsculo para la izquierda chilena. Pero también puede ser una oportunidad para la reflexión y la reconstrucción. Para ponerse en modo de debate permanente. La pregunta es si habrá capacidad de aprender las lecciones correctas: no las del «aprendizaje» pragmático que celebra Brunner, sino las de una izquierda que recupere su brújula ética, que vuelva a conectar con las necesidades de la gente trabajadora, que demuestre que la democracia puede ser profundizada y no solo administrada.
Porque al final, la credibilidad perdida solo se recupera con hechos. Y los hechos, en democracia, no son solo cifras macroeconómicas o reformas graduales. Es la capacidad de hacer creíble la promesa de una vida digna para todos, que es, en el fondo, la única promesa que justifica la política y la única que puede sostener la democracia como proyecto colectivo.





