"Colectivo Cueca Sola, 11 septiembre 2018, Plaza Constitución, Chile." Fotografa: Marucela Ramirez

Exigencias de justicia que nunca envejecerán

By Maxine Lowy 17 marzo, 2026 No comment

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Alcances desde los juicios a criminales nazis para el debate chileno sobre beneficios penitenciarios para los responsables de crímenes de lesa humanidad

Teun de Groot era un mecánico de bicicletas de Voorschoten, un pequeño pueblo en la región occidental de Holanda. Temprano una mañana de septiembre de 1944, sonó el timbre. Al abrir la puerta, dos hombres le preguntaron su nombre y luego le dispararon a quemarropa, matando a este padre de cinco hijos. Sus asesinos eran integrantes de la brigada Waffen, una unidad de sicarios de las SS que se especializaba en matar a personas como De Groot, quien escondía en su taller de bicicletas a personas perseguidas por los nazis.

Varios procesos judiciales que se desprenden de esta y otras historias originadas a mediados de los años 1940 han llegado a tribunales alemanes en los últimos 15 años por crímenes contra la humanidad. Sus implicancias pueden ser pertinentes para los legisladores chilenos a la hora de resolver sobre el proyecto de ley 17.370-17 aprobada por el Senado de Chile el 5 de marzo, que beneficiaría a reos mayores de 70 años o que padecen enfermedades crónicas no especificadas con reclusión domiciliaria o suspensión de la pena. Entre ellos podría favorecer a 365 reclusos condenados por crímenes de lesa humanidad en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Til Til, más conocido como el penal de Punta Peuco.

En 2000, el fiscal alemán Ulrich Maas, director de la Oficina Central para la Investigación de Crímenes Nacionalsocialistas, abrió un proceso judicial contra Heinrich Boere, acusado de asesinar a sangre fría a De Groot y a otros dos miembros de la resistencia holandesa. Lo hizo tras determinar que ni su condición cardíaca ni su avanzada edad le impedían enfrentar un juicio.

En 2010, desde una silla de ruedas, Boere escuchó al juez del tribunal de Aachen, Alemania, anunciar la sentencia de cadena perpetua por el asesinato de Teun de Groot y otros miembros de la resistencia holandesa. La brigada Waffen fue responsable de los asesinatos de 54 personas, a quienes buscaban en sus domicilios o lugares de trabajo y mataban siempre de la misma manera: de un tiro. El tribunal comprobó la participación directa de Boere solo en los homicidios calificados de De Groot y de otras dos personas.

Afuera del tribunal un grupo de manifestantes sostuvo pancartas que decían, en alemán: “Ninguna tranquilidad para los victimarios nazi”.[1]

También escuchó el veredicto el hijo mayor de De Groot, del mismo nombre que su padre. A sus 77 años, Teun De Groot hijo señaló que el asesinato de su padre devastó a la familia. “Creo que por fin se ha alcanzado lo que esperaba durante muchos años”.[2]

Sobre este fallo, el director del Centro Simón Wiesenthal, institución dedicada a buscar criminales nazis en seis continentes, comentó: “Es un mensaje portentoso de que el transcurso del tiempo no disminuye la culpabilidad […] y que la edad no puede ser pretexto para evadir la responsabilidad”.[3]

Han sido muchos los casos recientes. Entre otros: Oskar Gröning, en 2015, por complicidad en el asesinato de 300.000 judíos; Reinhold Hanning, en 2016, por 170.000 muertes; Josef Schütz, en 2022, por la muerte de 3.518 prisioneros del campo de Sachsenhausen; e Irmgard Furchner, también en 2022, conocida como la “secretaria del mal” del campo de Stutthof. En todos estos y otros casos, los acusados eran nonagenarios – ninguno expresó arrepentimiento – y las condenas efectivas que cumplieron fueron limitadas debido a su avanzada edad. De hecho, en 2013, Heinrich Boere murió en un hospital penitenciara a los 92 años.

Estos juicios fueron posibles gracias al entramado del derecho internacional surgido tras la Shoah (Holocausto). Primero, en 1945, los Estatutos del Tribunal de Núremberg establecieron la trilogía de los crímenes de guerra, los crímenes contra la paz y los crímenes contra la humanidad. Después, en 1948, se sumó la Declaración Universal de los Derechos Humanos; en 1949, las Convenciones de Ginebra; y posteriormente otros tratados. Chile es firmante de estos instrumentos, así como del más reciente Estatuto de Roma, ratificado en 2009.

El conjunto de estos documentos establece que los crímenes contra la humanidad —por ejemplo, la tortura, la desaparición forzada, la violencia sexual o el asesinato ejercido por un estado— cometidos de manera sistemática contra una población civil son de tal gravedad que la responsabilidad penal nunca se extingue y no están sujetos a amnistías ni a atenuantes que impliquen una impunidad. Esto es aplicable tanto a los criminales de guerra nazis de Europa como a los militares y civiles que integraron la DINA – llamado por algunos el Gestapo chileno -y otros organismos represivos durante la dictadura chilena. La justicia en estas causas representa una reparación moral para toda la sociedad y se considera necesaria para restablecer una cultura de respeto y confianza entre conciudadanos.

Roberto Garretón (1941–2021), jefe jurídico de la Vicaría de la Solidaridad y Premio Nacional de Derechos Humanos en 2020, comentó una vez a esta periodista que los efectos jurídicos positivos que emanaron del horror de la Shoáh son “sensacionales”. Comentó Garretón: “¿Qué es lo que ocurría en América Latina antes de que esta cultura se desarrollara? Los golpes de Estado terminaban y volvía el dictador. Nunca nadie dijo ‘juicio y castigo a los culpables’. Nunca nadie dijo ‘creamos comisiones de verdad y reconciliación’. Nunca nadie hablaba de crímenes contra la humanidad. Nada, nada, nada”.[4]

Antiguamente, las facultades de derecho en Chile ofrecían poca formación en materia de derecho internacional y los magistrados eran reacios a aceptar argumentos basados en tratados internacionales. Fueron los abogados defensores de víctimas de la dictadura, como Garretón y muchos otros, quienes reiteradamente fundamentaron sus causas en estas convenciones y, se puede decir, formaron a los jueces sobre la procedencia de estos argumentos.

En 1998, el fallo del caso de Enrique Poblete Córdoba, obrero metalúrgico desaparecido forzadamente en julio de 1974, fue el primero en que los jueces citaron tratados internacionales. Luego, en enero de 2004, citaron con mayor fuerza las Convenciones de Ginebra y la Declaración Universal de los Derechos Humanos para dictar condenas contra los perpetradores del secuestro y desaparición, en enero de 1975, del sastre Miguel Ángel Sandoval Rodríguez.

El mismo año en que Heinrich Boere fue condenado en Aachen, en Chile la Corte de Apelaciones privó a Augusto Pinochet de su inmunidad, permitiendo su procesamiento por el secuestro calificado de 13 personas en la ciudad de Calama en octubre de 1973. Esta causa es conocida como la Caravana de la Muerte, por la comitiva que, bajo órdenes del dictador, entre el 30 de septiembre hasta el 22 de octubre de 1973, recorrió el país en helicóptero Puma, dejando 26 personas asesinadas en el sur y 71 en ciudades del norte. Contra todos los vaticinios, la Corte Suprema reafirmó el desafuero, dando lugar a que el ministro Juan Guzmán Tapia dictara procesamiento y arresto domiciliario contra Pinochet.

El equipo defensor del dictador nunca se dirigió al fondo de los cargos en contra de su cliente. Su única defensa fue apelar a consideraciones humanitarias por su supuesto estado de demencia incurable, argumento que dio frutos dos años después cuando la Sala Penal de la Corte Suprema lo sobreseyó en la causa Caravana de la Muerte- a pesar de exámenes psiquiátricos concluyentes que era de sano juicio. Este proceso emblemático ejemplifica cómo factores humanitarios pueden ser manipulados para consagrar la impunidad.

El prontuario de Pinochet y de los militares bajo su mando va mucho más allá de los asesinatos en Calama: más de 2.200 personas ejecutadas sumariamente, 1469 secuestradas y desaparecidas para siempre, 40.000 torturados, 200.000 obligados a exiliarse y miles más despedidos de sus lugares de trabajo y expulsadas de las universidades.

La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Amnistía Internacional, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, entre otras organizaciones y autoridades como también el ex-Presidente Gabriel Boric han expresado su firme rechazo del proyecto de ley por la promoción de la impunidad y la vulneración a los tratados de derecho internacional que representa. Llaman al Senado a no dejar que Chile retrocede en derechos humanos.

Para Ana María Carreño, la sola idea de que los dejen libres le estremece.[5] Igual que el holandés Teun de Groot, bajo una dictadura despiada, su padre, Manuel Carreño Navarro fue un hombre valiente que albergaba a personas perseguidas en su almacén de Conchalí, un sector de clase obrera del norte de Santiago. Pasada la medianoche del 13 de agosto de 1974, represores llegaron a su casa, revolvieron todo y se llevaron al padre, a sus 53 años y al hermano Iván, de 15. Testigos declararon que padre e hijo fueron torturados hasta la muerte por Miguel Krassnoff, uno de los reclusos que podría volver a pisar las calles por el solo hecho de tener 80 años, a pesar de sumar penas carcelarias de más de 650 años. En cambio, Manuel e Ivancho fueron arrebatados del corazón de la familia y no llegaron a envejecer.

Igual que los De Groot, la familia Carreño fue devastada. Vino un interminable periplo, golpeando las puertas de cien oficinas — en medio de amenazas a la madre de parte de los represores— hasta lograr migajas de justicia décadas más tarde. Ana María Carreño asegura: “Sería aberrante premiarlos por lo que nos hicieron, por nuestro duelo que nunca termina”,