El caso Apablaza
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Los gobiernos de Chile y Argentina anunciaron a viva voz la inminente detención y extradición a nuestro país de Galvarino Apablaza, el ex comandante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), a quien se le imputa se le imputa ser el autor intelectual del homicidio del senador Jaime Guzmán Errázuriz. Esto es, del fundador de la Unión Democrática Independiente (UDI) y, sin duda, uno de los principales instigadores del golpe militar de Pinochet.
La impunidad respecto de los responsables de nuestro quiebre institucional de 1973 favorece hasta hoy a muchos criminales uniformados, pero especialmente a los miembros de la derecha política y empresarial, entre los cuales Jaime Guzmán incluso llegó a convertirse en senador de la República. Por cierto, muy favorecido por el sistema electoral binominal que se impuso por largos años durante la posdictadura.
Lo más lógico que este extinto senador hubiera sido juzgado y condenado por un tribunal chileno como cómplice activo y pasivo de la tiranía que se extendió por 17 años en Chile. Sin embargo, el Frente decretó su muerte después de señalar su responsabilidad en el régimen terrorista cívico militar en que miles de personas fueran ultimadas, torturadas y exiliadas por quienes se instalaron a sangre y fuego en La Moneda. Aún tenemos más de un millar de detenidos desparecidos cuyo paradero se desconoce.
Todavía se discute en la izquierda si fue apropiada la decisión de los rodriguistas de acabar con la vida del Senador, convertido en la principal figura política de la derecha y de quien muchos, por sus innegables atributos de líder y orador, estiman que habría llegado a la Presidencia de la República antes que los derechistas Sebastián Piñera y el actual mandatario José Antonio Kast. El que habría recibido el entusiasta apoyo del pinochetismo tan vigente hasta hoy.
El caso es que, a 35 años de tal asesinato, un amplio número de sus antiguos y actuales partidarios de la Dictadura reclaman la posibilidad de condenar en Chile al supuesto autor intelectual de este homicidio político. Para lo cual dicen existir pruebas que todavía no explicitan respecto de la responsabilidad que le cabría a Apablaza en este luctuoso acontecimiento en 1991.
La vocera del Gobierno de Kast ha asegurado públicamente que este dirigente frentista ya fue condenado por la Justicia, en circunstancia de que no ha habido juicio alguno que haya determinado su autoría y que, por el contrario, un país como Argentina por largos años lo acogió y le dio el estatus de refugiado político. Hasta que ese extravagante sujeto que gobierna la Casa Rosada accedió a la demanda de extradición solicitada por los dos últimos gobiernos chilenos, tanto el de Boric como el de Kast.
El disparate cometido por la Vocera de Kast, al referirse públicamente a Apablaza como autor del crimen del Senador, hace que muchos teman que éste no cuente con las garantías de un juicio justo en Chile. Por lo que parece razonable que evada la acciones de las policías argentina y chilena para detenerlo y extraditarlo. Toda vez el tiempo sucedido desde la comisión del crimen ya podría tenerlo prescrito.
Lo más increíble de todo es que los mismos que están abogando por indultos a los más tenebrosos criminales de la Dictadura pongan tanto empeño en propiciar un juicio contra una de las víctimas de la represión, si se considera la trayectoria de Apablaza, sus detenciones, torturas y confinamientos al comienzo del gobierno pinochetista. Además de su dilatado exilio como la congoja de andar por tantos años en condición de refugiado político.
Un coro de hipócritas dirigentes políticos, entre los cuales debemos incluir a no pocos cabecillas de izquierda, que en su hora celebraron las acciones del FPMR y se valieron de la lucha y sacrificio de centenares de jóvenes combatientes para acelerar la salida negociada y tutelada por Estados Unidos, el gran empresariado y los militares chilenos. Con lo que abrieron paso a una democracia mentirosa, a un régimen político bajo la constitución pinochetista de 1980 y un sistema económico neoliberal en que reina una impúdica inequidad social. La misma situación que ya provocó un gran estallido popular en 2019 y en que muchos auguran una pronta reedición.
La clase política chilena rasga vestiduras sobre el tema de la violencia, olvidándose de la que tenemos todavía institucionalizada por la injusticia, la corrupción y, repetimos, la impunidad. Así como por la represión que sigue ejerciéndose hacia el pueblo mapuche, los emigrantes y, otra vez, los estudiantes. Una violencia gubernamental que derriba campamentos, dejando a la intemperie a miles de familias pobres y desplazadas. Mediante, por supuesto, atribuciones que se han extremado en favor de las policías y los estados de excepción.
Ingentes recursos de nuestro Presupuesto Nacional para apertrechar a las llamadas fuerzas del orden, para lo cual se disminuyen los recursos para la vivienda, la salud y la educación. Eso sí sin tocar los de la Fuerzas Armadas e, incluso, para rebajarle el impuesto a las ganancias de los multimillonarios, el último dislate del Gobierno que espera convertirlo en Ley para que el país pueda ofrecer ventajas comparativas a la inversión foránea. Aunque ya no queda más por privatizar y extranjerizar.
No sabemos en qué mundo viven tantos cínicos que alientan las acciones criminales de un desquiciado Trump en el Medio Oriente, que se propone con las armas ocupar distintas zonas soberanas en todo el orbe y, especialmente, en América Latina. Ojalá nuestros gobernantes pusieran empeño en que Estados Unidos extradite a un Michael Townley y otros agentes responsables de los crímenes de lesa humanidad atentando contra la vida, por ejemplo, del General Carlos Prat y el ex canciller Orlando Letelier.
No cabe duda que en otras naciones una entidad como el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y el ejemplo de militantes como Galvarino Apablaza es ampliamente reconocido y se les prodigan sendos homenajes. De la misma forma como se venera a todos nuestros libertadores que empuñaron las armas contra el imperialismo español sin que nadie los considere terroristas.
Pero desgraciadamente nuestra historia se ha acostumbrado a rendirle honores a los represores del pueblo, a siniestros personajes como Diego Portales, Arturo Alessandri y otros. Por lo que no sería extraño que luego surjan los que quieren ver al propio Pinochet montado a caballo o en un tanque de bronce en nuestras principales plazas o avenidas. Así como lo está el general Baquedano que cumplió un deleznable cometido en la criminal “Pacificación de la Araucanía”.
Chile aún no reconoce la inmensa solidaridad mundial en favor de la lucha contra la Dictadura. A esos países que desde todos los continentes apoyaron las distintas formas que el pueblo asumió para acabar con la Dictadura. Muy especialmente a Cuba donde el FPMR se fundó y se preparó para enfrentar al Tirano. En vez de ir a la caza de los heroicos combatientes todavía dispersos por el mundo, bien nos valiera repatriarlos y otorgarles los honores que se merecen. Algo que sería muy raro todavía cuando tantos políticos renunciaron a llevar la justicia a los que alentaron el odio fratricida, siendo hoy su principal oficio turnarse en el poder y favorecerse de los enormes privilegios que gozan los que llegan a La Moneda y el Parlamento.
En tiempos en que la Justicia está tan entredicho en Chile, con ex ministros de la Corte Suprema, jueces y fiscales involucrados en graves actos de lenidad y corrupción, no es posible asegurar un juicio justo para este ex combatiente del FPMR. Menos cuando las propias autoridades han pisoteado la “presunción de inocencia” que debe reconocérsele a cualquier persona antes de ser condenada por los tribunales. Constantemente observamos cómo políticos y empresarios corruptos logran se exculpados finalmente por nuestras cortes, dejando en evidencia que el factor dinero es elocuente en sus fallos y resoluciones.
Ojalá que Apablaza (el comandante Salvador) logre escapar del odio y la hipocresía nacional. Seguramente serán las generaciones venideras las que reconozcan como es debido a él y otros combatientes. Aunque no todos comulguen con sus ideas y acciones, pero ya no puedan dudarse sus propósitos libertarios y republicanos.
Juan Pablo Cárdenas
Felipe Portales says:
Muy buen artículo. Agregaría, respecto de Pinochet, que el liderazgo de nuestra «centro-izquierda», legitimó, consolidó y profundizó su obra económica, ensalzándolo a él mismo por dicha obra como lo hicieron Eugenio Tironi y Alejandro Foxley. El primero, al decir que «las transformaciones que han tenido lugar en la sociedad chilena de los 90 no podrían explicarse sin las reformas de corte liberalizador de los años 70 y 80», y que «el cambio fue doloroso, pero era inevitable. Quienes lo diseñaron y emprendieron mostraron visión y liderazgo». Y el segundo que fue mucho más explícito, al elogiar a Pinochet señalando que «ha pasado el test de lo que significa hacer historia, pues terminó cambiando el modo de vida de todos los chilenos, para bien, no para mal. Eso es lo que yo creo, y eso sitúa a Pinochet en la historia de Chile en un alto lugar»…