La Contraloría tuvo que sancionar por mentir a funcionarios del Gobierno
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La Contraloría General de la República instruyó, vía un dictamen, a la Secretaría General de Gobierno, encabezada por la ministra Mara Sedini, iniciar un proceso disciplinario en contra de los funcionarios públicos que intervinieron en las imprudentes y falsas opiniones que se divulgaron con publicidad, en orden a que «el Estado está en quiebra». El objetivo de este infundio era desprestigiar a la administración saliente y, en tal dictamen, ese ministerio, como lo expresó la Contraloría, tiene la obligación de ceñirse a los principios de probidad, transparencia y veracidad, así como al deber de entregar información verificada, correcta y oportuna. Después de conocerse este pronunciamiento, en la prensa se han publicado innumerables cartas criticando a la titular de la Contraloría y algunas pocas apoyándola.
Quien asumió un rol activo en reprochar el mencionado dictamen fue el diario El Mercurio en su editorial del pasado domingo 3 de mayo de 2026, titulado «Cuestionable dictamen de Contraloría», en el cual, entre otras cosas, publicó que «el pronunciamiento involucra una peligrosa burocratización del lenguaje» (sic), luego asimilando su apreciación a la llamada «permisología», palabra inventada por aquellos empresarios promotores de que sea sumamente laxa la fiscalización de las instituciones públicas a sus proyectos de inversión.
El mismo día domingo pasado, debido a que este columnista estaba disconforme con ese editorial, enviamos una carta muy ponderada, para que así fuera posible su publicación, al director de ese medio, en los siguientes términos: «En razón a que el Estado chileno no está en quiebra, aunque las cifras económicas no son las deseables, aceptando que los lectores de El Mercurio puedan estar en desacuerdo o no con el dictamen de la Contraloría que objetó esa expresión, difundida por la Secretaría General de Gobierno, el lector que suscribe está totalmente de acuerdo con el pronunciamiento vinculante del ente fiscalizador, pues es irresponsable que el propio gobierno emita juicios mendaces. Los particulares, los parlamentarios, los empresarios, los medios de prensa y en general todos, en base a la libertad de expresión existente, podemos decir lo que se nos ocurra, aunque sean tonteras, pero el Poder Ejecutivo, a través de sus ministerios y a todo evento, siempre debe expresar la verdad de los hechos, pues en sentido contrario pierde su credibilidad». Obviamente esta carta fue censurada.
Aprovechando la oportunidad, informaremos a continuación sobre una reciente entrevista sostenida con la alcaldesa de Vitacura y, como el conflictivo Iván Poduje está de moda, nos referiremos en esta ocasión a él con motivo de dos situaciones determinadas en que ha intervenido, sin que la prensa en general haya dado debida cuenta de las mismas:
1° Respecto de su decisión de construir cinco edificios en altura de viviendas de todo tipo, en el terreno de 4 hectáreas, considerado área verde en los instrumentos de regulación urbana, conocido como Parque Cerro Colorado en la comuna de Las Condes, según nos han informado las organizaciones ciudadanas que están en contra de ese proyecto inmobiliario, dicho ministro para justificar su iniciativa comercial, en su visita con periodistas a ese terreno el pasado 20 de abril, protegido por sus guardias pretorianos, aseguró a la prensa que «este sitio eriazo está botado hace más de 40 años» (sic), lo cual es un simple embuste, pues este espacio es un vergel muy bien mantenido por la Municipalidad de Las Condes.
2° Nos gustó la «parada de carro» de Poduje a los dirigentes locales de Magallanes del Partido Socialista, quienes en calidad de extraños promotores de un especulativo negocio de los socios controladores del Club Hípico de Punta Arenas, el sábado 2 de mayo pasado, le pidieron explicaciones al ministro porque éste rechazó, con sólidos argumentos, la expropiación del terreno de 20 hectáreas del club, en una excesiva suma de dinero. La transacción comercial fue urdida, a fines del gobierno de Boric, con las usuales actividades de lobby de los interesados y con equivocadas, por lo tanto, sospechosas tasaciones.
El 28 de abril pasado, junto a 2 competentes profesionales, un arquitecto y un abogado, nos reunimos con la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, para expresarle el riesgo latente que significaría aumentar, sin los necesarios resguardos ambientales y territoriales, el crecimiento poblacional en el sector donde se emplaza el cerro Alvarado, en cuyas pendientes ya se han construido edificios en altura con permisos que no se enmarcaron, como era necesario, en las normas urbanas del Plan Regulador Comunal (PRC) de Las Condes, ello por cuanto la comuna de Vitacura se creó el año 1992, escindida de Las Condes, y contó con su primer PRC a fines del año 1999.
Recordemos que el cerro Alvarado era área verde en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) de 1994 y por ello los primeros permisos en el cerro, de fechas 1996 y 1998, sin que existiera el PRC de Vitacura, ingeniosamente se cursaron «para parcelas en procesos de loteo, aplicándose el artículo 3° transitorio del PRMS». El cerro Alvarado actualmente no es cerro isla, luego no es área verde, por lo tanto hay «chipe libre» para levantar torres.
Dados los riesgos que tienen las construcciones emplazadas en laderas, propusimos a la alcaldesa Merino y a sus funcionarios municipales presentes en la entrevista que, a modo de ensayo, se monitoree la estructura de uno de esos edificios, ya que existen en Chile empresas que supervisan, mediante sensores, el registro de vibraciones, inclinaciones y asentamientos de los mismos en tiempo real y de ahí van a una plataforma web donde los ingenieros los analizan y al detectarse una anomalía, inmediatamente se genera una alerta.
Todos sabemos que Chile es el país más sísmico del mundo y por ello estimamos que esta tecnología, basada en datos objetivos, con monitoreo permanente y con resultados en pocas horas, se debería utilizar, dejando a un lado las inspecciones visuales. En nuestro país ya se monitorean puentes ferroviarios, hospitales, estanques de combustible, monumentos históricos y edificios corporativos. Sin embargo, no existe hoy una normativa contenida en un cuerpo legal que exija monitoreo continuo en edificios de alta densidad, infraestructura crítica o patrimonio histórico.
En resumen, 1° muy bien «el tirón de orejas» de la Contraloría a los funcionarios díscolos que se desenvuelven en el ministerio que dirige Sedini, 2° El autónomo Poduje continuará ejerciendo como ministro «trabajólico», apareciendo permanente en la prensa como a él le gusta y 3° la alcaldesa Merino tendrá que analizar si acoge nuestra propuesta y aplica la tecnología mencionada en uno de los edificios localizados en el cerro Alvarado.
