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Plan de «reconstrucción nacional»: el Consejo Fiscal Autónomo arrasa con la mega reforma de Kast

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Impacto deficitario en el balance fiscal al menos hasta 2031”, “déficit persistente en todo el horizonte de evaluación”, “sin el efecto del crecimiento, la iniciativa genera un deterioro fiscal permanente”, “riesgo de sobrepasar el nivel prudente de deuda pública”. o, en una palabra, “incertidumbre”: son algunas de las observaciones técnicas con que el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), organismo técnico y consultivo independiente cuyo fin es contribuir al manejo responsable de la política fiscal, cuestionó este martes 5 de mayo el llamado Proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social, más conocido como “mega reforma”, “ley miscelánea”, “proyecto de reactivación” o “plan de reconstrucción” presentado por el gobierno de Kast, y alertó sobre los considerables riesgos fiscales que implica la iniciativa legal.

En lo sustantivo, el CFA planteó ante la Comisión de Hacienda de la Cámara —donde fue citado— que la propuesta, aunque a largo plazo proyecta superávit, “tiene un impacto deficitario en el balance fiscal al menos hasta 2031, incluso incorporando el efecto crecimiento”, según el informe de la sesión publicado hoy en la web del consejo. “El proyecto compromete gasto fiscal con alta certeza en el corto plazo y reduce ingresos permanentes, mientras que los efectos positivos dependen de ingresos futuros más inciertos asociados al crecimiento, lo que podría traducirse en un deterioro del balance fiscal si éste no se materializa en la magnitud y velocidad estimadas”, concluye el informe, en razón de lo cual el proyecto de ley “dificulta retomar una senda de convergencia fiscal y aumenta el riesgo de sobrepasar el nivel prudente de deuda pública”.

El CFA concurrió a la cámara representado por su presidenta Paula Benavides, su vicepresidente Sebastián Izquierdo, y los consejeros Marcela Guzmán, Joaquín Vial y Hermann González. En relación con el efecto fiscal directo de la reforma (sin considerar el efecto por mayor crecimiento), el consejo señaló que “presenta un déficit persistente en todo el horizonte de evaluación, alcanzando un máximo de 0,71% del PIB en 2030, y de 0,43% del PIB en 2050”. Respecto del impacto estimado del mayor crecimiento esperado sobre el balance fiscal, el CFA estimó que se traduciría en una mejora por 0,41% del PIB en 2030. En conclusión, “el impacto final del proyecto sobre el balance fiscal depende críticamente de la materialización del crecimiento económico proyectado”, de modo que, si no se produce el efecto de crecimiento, “la iniciativa genera un deterioro fiscal permanente de 0,43% del PIB en régimen (2050)”. Incluso incorporando el efecto crecimiento, “el balance fiscal mejoraría a 0,78% del PIB en régimen, pero en 2030 seguiría siendo deficitario en 0,3% del PIB”.

El organismo técnico planteó además que entre 2026 y 2031 este proyecto “genera un impacto fiscal neto negativo, por lo que para lograr la neutralidad fiscal en ese periodo se requerirán fuentes de financiamiento adicionales de magnitud relevante, no contenidas en el proyecto”. En ese sentido, el CFA planteó que las fuentes de financiamiento no compensan los menores ingresos fiscales.




Aunque el consejo valoró que la mega reforma de Kast priorice el crecimiento económico y promueva la eficiencia del gasto, advirtió que “el informe financiero del proyecto presenta déficits fiscales al menos hasta 2031, incluso considerando el efecto crecimiento, pese a que proyecta superávit en el largo plazo”, y llamó la atención sobre el riesgo transversal de descalce entre costos y beneficios fiscales que implica la iniciativa. “Los costos fiscales (o menores ingresos) directos de las medidas se materializan con mayor certeza desde el primer año de vigencia. En contraste, los beneficios dinámicos asociados al mayor crecimiento se incorporan de forma gradual en el tiempo y con mayor incertidumbre respecto del momento de materialización de los efectos, y de la velocidad y magnitud de transmisión hacia PIB y recaudación. En consecuencia, este descalce podría resultar en un valor presente del proyecto de ley distinto y afectar la sostenibilidad de las finanzas públicas”.

En consecuencia, según el informe, “de no materializarse parcial o totalmente los mayores ingresos proyectados por la vía del crecimiento, podría observarse un deterioro fiscal adicional al del escenario del informe financiero, presionando aún más el contexto de estrechez fiscal”. Más aún, en su presentación el CFA identificó once principales riesgos fiscales del proyecto, nueve de ellos efectos directos. Son, según lo detallado en el informe:

1) Rebaja de la tasa de Impuesto de Primera Categoría (IDPC): costo no es compensado por mayor crecimiento de la medida.
2) Crédito tributario al empleo: alto costo fiscal efectivo y riesgo de consistencia con otras estimaciones..
3) Exención transitoria de IVA a viviendas nuevas: riesgo de mayor costo fiscal efectivo.
4) Compensación al Fondo Común Municipal (FCM): posible mayor presión fiscal permanente.
5) Probidad por licencias médicas: posible menor ahorro fiscal y costo no contemplado.
6) Aumento de cupos por incentivo al retiro: materialización del ahorro fiscal no garantizada.
7) Sanciones al contrabando de tabaco: posible menor recaudación a la esperada.
8) Mecanismo de restitución por anulación de una Resolución de Calificación Ambiental (RCA): sin cláusula de gasto máximo.
9) Impuestos sustitutivos y repatriación de capitales: reiteración de medidas transitorias de regularización o anticipo puede debilitar el cumplimiento tributario, y afectar la sostenibilidad de los ingresos fiscales en el mediano plazo.
10) Incertidumbre de los impactos en el crecimiento del proyecto.
11) incertidumbre del traspaso del mayor crecimiento a ingresos fiscales futuros.

Entre las conclusiones, el CFA observa que el proyecto de ley «presenta déficits fiscales al menos hasta 2031, incluso considerando el efecto crecimiento«, que «compromete gasto fiscal con alta certeza en el corto plazo y reduce ingresos permanentes, mientras que los efectos positivos dependen de ingresos futuros más inciertos asociados al crecimiento«, de modo tal que «la incertidumbre es asimétrica: los costos son más ciertos y predecibles mientras que los beneficios son inciertos, graduales y condicionales; y los efectos de esta incertidumbre también son asimétricos: el costo de sobreestimar los ingresos dinámicos (mayor déficit, deuda y riesgos para la sostenibilidad fiscal) excede el costo de subestimarlos«.

Por último el organismo formuló una batería de doce recomendaciones, que incluyen que el proyecto avance hacia una neutralidad fiscal en el corto y mediano plazo; que la Dirección de Presupuesto complemente información sobre supuestos metodológicos y cálculos utilizados; analizar los riesgos fiscales del proyecto; realizar escenarios de sensibilidad y estrés del efecto fiscal de recaudación por crecimiento, dada la incertidumbre en el impacto de algunas medidas; implementar un sistema de monitoreo anual que evalúe el efecto recaudatorio de los cambios tributarios; y analizar los efectos de la medida de invariabilidad tributaria «en términos de la magnitud de la rigidez que pueda generar en los ingresos fiscales futuros».



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