El retorno esperado del actor estudiantil
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La Alameda del 3 de junio fue un acontecimiento que desbordó lo previsible no solo por su fuerza simbólica, sino por su masividad tangible. Miles de estudiantes de más de veinticinco federaciones adheridas marcharon simultáneamente en Santiago, Concepción, La Serena, Talca, Valdivia e Iquique, articulando un malestar que recorrió el país de norte a sur. No fue una protesta sectorial ni capitalina: fue una demostración de coordinación federalizada que no se veía desde los ciclos de 2011 y 2018.
Sin embargo, esa masividad vino acompañada de una tensión nueva. Mientras la columna principal avanzaba por la Alameda bajo la consigna «La educación pública se defiende», un grupo de estudiantes del Movimiento Solidaridad UC (pro Kast) alzaba un lienzo frente a la Casa Central exigiendo prosperidad sin paralización. El forcejeo por una bandera encapsuló una fractura que no es solo táctica: los estudiantes de derecha se sienten respaldados por un gobierno que comparte su diagnóstico y que adoptará la mano dura a la movilización social en política de Estado.
Esa historia es conocida por sus logros positivos: en 2006 los pingüinos paralizaron Chile para exigir educación gratuita y el fin de la herencia pinochetista en las aulas, sembrando una conciencia que ninguna generación posterior podría ignorar. En 2011 la Confech masificó esa demanda y logró instalar la gratuidad como un horizonte posible, arrancada en la calle y no concedida desde el poder. Ambos ciclos enseñaron que los derechos educativos no son favores transables, sino conquistas que se defienden con movilización. Pero también enseñaron que el movimiento nunca fue homogéneo, y que siempre existió un sector que se oponía a la ocupación de los campus. La diferencia hoy es que ese sector ya no se percibe como una minoría aislada, sino como una fuerza que sintoniza con un gobierno dispuesto a respaldar su postura, y a reprimir desde el poder.
Hoy el adversario es un gobierno neoliberal autoritario que ha desplegado una ofensiva frontal contra las conquistas estudiantiles. El proyecto «Escuelas Protegidas» busca criminalizar la protesta, la Ley o Paquete Neoliberal amenaza la gratuidad y los recortes presupuestarios precarizan la vida universitaria. Era predecible que el movimiento estudiantil respondiera, porque lo que está en juego no es una política puntual sino la sobrevivencia de un modelo de educación pública que costó décadas construir. Y era igualmente predecible que el gobierno alentara, con su discurso de orden y autoridad, a quienes desde dentro de las universidades rechazan las paralizaciones, polarizando aún más el campo estudiantil.
Pero la verdadera potencia de este retorno no reside solo en la resistencia, sino en la posibilidad de convertirlo en un momento de esclarecimiento democrático. La fractura visible entre quienes defienden las tomas y quienes se oponen —con el gobierno aplaudiendo a estos últimos— no debe leerse como debilidad, sino como la condición para un debate necesario. Es el momento de discutir sin caricaturas, de entender el momento que viven Chile y el mundo, y de definir colectivamente hacia dónde se marcha. No se trata de imponer una línea, sino de construir una mayoría en torno a un proyecto educativo que enfrente tanto el lucro como el poder del capital como problemas estructurales.
Ese debate debe culminar en una estrategia compartida que haga irreversible la educación gratuita universal. La gratuidad no puede seguir siendo una política precaria, sujeta a los vaivenes electorales; debe transformarse en un derecho blindado que ninguna mayoría circunstancial pueda desmantelar. Para eso se requiere más que consignas: se necesita claridad ideológica, unidad táctica y una visión de sociedad que enfrente el modelo de mercado con un proyecto de justicia educativa común. Esa es la tarea que el movimiento estudiantil tiene por delante en los meses que vienen. Se necesita interpelar a los partidos y a la partidocracia afín y adversaria.
El segundo semestre asoma conflictivo, pero esa conflictividad puede ser fértil si el estudiantado asume que este es un tiempo de discusión y de acción. Mientras el Presupuesto 2027 se debate y el plan neoliberal de Kast y Quiroz avanza en el Senado, la urgencia no puede atropellar la reflexión. Lo que está en juego no es solo el próximo semestre, sino la posibilidad de que la educación gratuita y sin lucro deje de ser una conquista amenazada para volverse un principio democrático irreversible, defendido por una comunidad que sabe por qué lucha, que ha debatido sus diferencias y que ha decidido, democráticamente, hacia qué proyecto de país quiere ir.
Leopoldo Lavín Mujica
