Perú ante la ONU: la ofensiva contra jueces independientes amenaza la justicia y la democracia
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La apertura de procesos disciplinarios contra jueces que aplican el derecho internacional en casos de violaciones graves de derechos humanos ha encendido las alarmas en Naciones Unidas. Dos expertos del sistema de Procedimientos Especiales advierten que estas acciones representan un retroceso histórico en la independencia judicial y ponen en riesgo el acceso a la justicia de miles de víctimas.
El conflicto armado interno dejó miles de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y esterilizaciones forzadas. La impunidad estructural marcó la relación entre Estado y ciudadanía. La CVR estableció responsabilidades estatales y recomendó reformas profundas. Su legado abrió la puerta a procesos judiciales por crímenes de lesa humanidad.
Desde mediados de los 2000, jueces peruanos comenzaron a aplicar estándares internacionales —incluyendo jurisprudencia de la Corte Interamericana— para evitar retrocesos en derechos humanos. En los últimos años, el Congreso aprobó normas que buscan prescribir crímenes de lesa humanidad y amnistiar a fuerzas de seguridad, contraviniendo obligaciones internacionales. Muchos jueces rechazaron aplicar estas leyes por violar el derecho internacional. Ahora, esas decisiones son objeto de procesos disciplinarios, lo que la ONU considera un ataque directo a la independencia judicial.
La ofensiva disciplinaria contra jueces que aplican el derecho internacional de los derechos humanos en Perú ha encendido las alarmas en el sistema de Naciones Unidas. En un comunicado inusualmente contundente, dos Procedimientos Especiales advierten que estas acciones no solo amenazan la independencia judicial, sino que ponen en riesgo el acceso a la justicia de miles de víctimas de violaciones graves.
Los expertos —Bernard Duhaime y Margaret Satterthwaite— denuncian que los procedimientos disciplinarios abiertos contra magistrados que han rechazado amnistías y prescripciones en casos de crímenes de lesa humanidad constituyen un retroceso estructural en materia de justicia transicional.
Un ataque directo a quienes aplican el derecho internacional
Los expertos expresaron su apoyo explícito a los jueces Richard Concepción Carhuancho, Víctor Chávez Tamariz y a los magistrados de la Corte Suprema que resolvieron el caso de esterilizaciones forzadas, en consonancia con el dictamen del Comité CEDAW de 2024. Su “falta”, según la Junta Nacional de Justicia, habría sido sostener un principio básico del derecho internacional: los crímenes de lesa humanidad no prescriben.
La paradoja es evidente: los jueces que cumplen con las obligaciones internacionales del Estado peruano son ahora objeto de sanciones disciplinarias.
Leyes regresivas y control político del poder judicial
El origen del conflicto se encuentra en dos leyes recientes:
- una que impone la prescripción a crímenes de lesa humanidad y de guerra,
- otra que concede amnistía a fuerzas de seguridad.
Ambas normas han sido criticadas por expertos de la ONU por contravenir estándares internacionales. Aun así, la mayoría de los jueces peruanos han seguido aplicando el derecho internacional mediante la doctrina del control de convencionalidad. Ahora, esas decisiones están bajo escrutinio disciplinario.
Los expertos advierten que la Junta Nacional de Justicia no debe convertirse en un instrumento para castigar decisiones judiciales basadas en obligaciones internacionales, ni para consolidar un clima de intimidación dentro del poder judicial.
La independencia judicial como pilar democrático
El derecho internacional es claro: los jueces solo pueden ser suspendidos o removidos por faltas graves, mediante procedimientos objetivos, imparciales y justos. Aplicar normas internacionales no constituye una falta: es una obligación.
Los expertos recuerdan además que no existen amnistías ni indultos válidos para crímenes de lesa humanidad o violaciones graves de derechos humanos. Por ello, “aplauden” la labor de los jueces que han defendido estos principios, pese al riesgo personal y profesional.
El caso del juez Oswaldo Ordóñez, no ratificado tras intervenir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es citado como un precedente preocupante.
Un llamado urgente al Estado peruano
Los expertos instan al Perú a:
- revertir los retrocesos legislativos en justicia transicional,
- proteger la independencia judicial,
- poner fin a los ataques disciplinarios contra magistrados que aplican estándares internacionales,
- y garantizar que la Junta Nacional de Justicia actúe sin motivaciones políticas.
También reiteran su disposición a brindar asistencia técnica para asegurar que las leyes peruanas se ajusten a las obligaciones internacionales del Estado.
