¿El ministro Quiroz ayuda a su hermano inmobiliario?

By Patricio Herman 24 agosto, 2026 No comment

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Mucho revuelo noticioso, y con justa razón, causó una investigación periodística de Ciperchile publicada la semana pasada, referida a la intervención del ministro Jorge Quiroz en el negocio inmobiliario Alto Santorini en Viña del Mar, que le pertenece a su hermano arquitecto Víctor, ante lo cual esa autoridad, sobre la marcha desmintió la noticia, afirmando incómodo y con suma seriedad ante las cámaras de televisión, que carece de atribuciones para aprobar permisos ambientales, lo cual es efectivo. Su desmentido es una obviedad y en rigor, el ministro debió haber expresado que ningún funcionario de su ministerio tuvo contacto, por este negocio, con las autoridades ambientales de la región de Valparaíso.

Recordemos que en este discutido episodio, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la 5a región de Valparaíso frívolamente pasó por alto la categórica objeción del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), asunto que, de una u otra forma, se relaciona directamente con la denuncia sobre las áreas de riesgo de inundación y remoción en masa, presentada el 20 de agosto pasado por la fundación Defendamos la Ciudad en la Contraloría General de la República, ente fiscalizador que le dio un corto plazo a la Subsecretaría del Minvu para que aclare el rol, que en esta materia, ejerce Sernageomin, ver link

https://www.defendamoslaciudad.cl/noticias/item/8989-contraloria-solicita-informes-por-denuncia-sobre-riesgo-de-remocion-en-masa-en-vina-del-mar

Se debe tener presente que el cuestionado proyecto inmobiliario del hermano del ministro se originó hace mucho tiempo, exactamente a través del permiso de edificación N° 161 del 29/11/2017, cursado por el entonces director de obras municipales (DOM), Julio Ventura, cargo que actualmente desempeña el arquitecto Joan Saavedra. El aludido acto administrativo fue impugnado hace 7 años por la Fundación Yarur Bascuñán, vía su abogado Gabriel Muñoz y al respecto hubo sendos pronunciamientos de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y de la Corte Suprema, los que establecieron que este polémico proyecto debía someterse previa y obligatoriamente al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), antes de obtener su permiso de edificación, atendida su proximidad con el conocido Campo Dunar de Concón. El proyecto inmobiliario se emplazaba a menos de un metro de este ecosistema protegido por la institucionalidad chilena.
La Fundación Yarur Bascuñán también solicitó la invalidación del mencionado permiso de edificación, cuyas obras de construcción ya se habían iniciado en el año 2017, pero como la 3a Sala de la Corte Suprema entregó solo una «orden de no innovar que suspendió los efectos del permiso», estamos ante la paradoja de que ese antiguo y curioso permiso todavía está vigente, con lo cual, debido a que ya el proyecto Alto Santorini cuenta con ese acomodaticio permiso ambiental, podría edificarse en un terreno geológicamente sensible.
Suponemos que la autoridad ambiental de la 5a región de Valparaíso tiene conocimiento que este sistema dunar no termina en los exactos límites formales fijados en el Santuario de la Naturaleza, pues la protección jurídica, aunque puede tener una línea dibujada en un determinado plano, las dunas, por su dinámica y su conformación geológica, no obedecen a esas líneas de corte administrativo. El proyecto está prácticamente pegado al Campo Dunar y, por lo mismo, cualquier intervención de esa magnitud exige considerar seriamente las características del suelo y los riesgos propios del lugar, más aún si sabemos que el cambio climático está produciendo estragos.
Por eso resulta pertinente recordar lo sucedido con los socavones de 2023 en el mismo sector, a sabiendas que el proyecto de marras se encuentra a muy poca distancia de los edificios y terrenos afectados por esos desastrosos eventos, que obligaron incluso a evacuar inmuebles dejando al descubierto las consecuencias de construir intensivamente en un territorio de estas características. No estamos hablando de riesgos teóricos, ni de advertencias formuladas únicamente sobre el papel: las inclemencias de la naturaleza ya demostraron en los hechos cuáles pueden ser las negativas secuelas de las antojadizas intervenciones en ciertos territorios, razón por la cual, se deben respetar los marcos regulatorios urbanos y la propia ley ambiental.
Y aquí aparece una cuestión de puro sentido común que las autoridades sectoriales no pueden seguir eludiendo: después de los socavones, resulta incomprensible que se continúen evaluando este tipo de mega proyectos, como si nada hubiera ocurrido en el pasado reciente. Las normas urbanísticas y ambientales no pueden aplicarse de espaldas a la experiencia vivida y por lo acontecido en 2023, se debería haber elevado, y no disminuido, como parece ser, el estándar de precaución exigible para cualquiera nueva construcción de magnitud en las inmediaciones del Campo Dunar.
Sabemos que unos diputados de oposición han comunicado a la prensa que irán a la Contraloría para que investigue el desarrollo de estos hechos, de tal forma que Alto Santorini tendrá que postergar el inicio de sus faenas hasta que se dilucide la contienda, recordando el escándalo de proporciones que tuvo lugar al término del gobierno del presidente Patricio Aylwin, con relación a estas dunas, lo que se reflejó en el informe, de fecha 2 de marzo de 1994, del asesor jurídico del Consejo de Monumentos Nacionales, Pedro Pierry Arrau, abogado quien posteriormente ejerció el cargo de ministro de la Corte Suprema. Este contundente informe lo entregó este columnista, hace años, en una comisión investigadora de la Cámara de Diputados y si está extraviado, en esta ocasión se le pone a disposición de cualquier interesado, incluyendo al Palacio de La Moneda, para que así se conozca cómo opera la corrupción.