Presupuesto 2027: la primera gran batalla por los recursos comienza antes de llegar al Congreso

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El gobierno de José Antonio Kast presentará el miércoles su primer Presupuesto elaborado íntegramente por su administración. Hacienda anticipa un crecimiento del gasto cercano al 1%, pero las primeras propuestas ya provocan resistencia entre gobernadores, municipios y el Servel. El fuerte aumento del precio de referencia del cobre agrega un elemento incómodo al debate: habrá mayor espacio fiscal del que se preveía hace algunos meses.

Aún no ha ingresado al Congreso y el Presupuesto 2027 ya comienza a producir tensiones.

El próximo miércoles 30 de septiembre el gobierno del presidente José Antonio Kast deberá presentar el proyecto que determinará los ingresos y gastos del Estado durante el próximo año. Será, además, el primer presupuesto diseñado completamente bajo su administración y, por lo mismo, una de las primeras oportunidades para observar sus prioridades no a través de discursos, sino de cifras.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha anticipado un crecimiento muy acotado del gasto público, cercano al 1%. El argumento del Ejecutivo apunta a la necesidad de ordenar las cuentas fiscales, reducir el déficit estructural y contener una deuda pública que se aproxima al límite prudencial definido por el propio Gobierno.

Pero antes de conocerse las partidas definitivas ya aparecieron los primeros conflictos.

Las regiones levantan la voz

Uno de los principales proviene de los gobiernos regionales.

Los gobernadores han advertido que las propuestas preliminares de Hacienda implicarían una disminución significativa de sus recursos. Las cifras divulgadas varían según la base de comparación: se ha hablado de una reducción cercana al 7% y otras estimaciones la sitúan en torno al 10% real. La reunión que sostuvieron esta semana con Quiroz terminó sin acuerdo.

El ministro intentó posteriormente reducir la tensión y aseguró que el Gobierno llegará a un entendimiento con los gobernadores. También sostuvo que la prioridad será asegurar la inversión regional y disminuir las trabas burocráticas para ejecutarla.

El problema trasciende, sin embargo, la discusión administrativa. Una reducción de los recursos regionales puede significar menos inversión pública precisamente cuando la economía enfrenta dificultades para crear empleo.

El desempleo llegó al 9,5% en el trimestre mayo-julio y diversos economistas han advertido que un presupuesto excesivamente restrictivo podría dificultar la recuperación del mercado laboral. Al mismo tiempo, buena parte del gasto estatal está comprometido por leyes permanentes, lo que deja a la inversión como una de las variables susceptibles de ajuste.

Los municipios también comienzan a inquietarse

Durante este sábado se abrió otro frente.

Alcaldes han expresado preocupación por eventuales reducciones de programas sociales y proyectos comunitarios financiados mediante transferencias del Gobierno central.

Una de las críticas más llamativas provino del alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, quien cuestionó los recortes que se preparan y pidió proteger tanto el gasto social como la inversión pública.

Su intervención resulta políticamente significativa porque la discusión presupuestaria comienza así a superar la tradicional confrontación entre gobierno y oposición.

El Servel advierte sobre sus recursos

Una tercera controversia se ha producido con el Servicio Electoral.

El organismo ha planteado reparos ante una propuesta presupuestaria inferior a los recursos solicitados y ha advertido sobre las consecuencias que una disminución podría tener para funciones como la fiscalización electoral y el control del financiamiento político.

Quiroz respondió que las funciones esenciales del Servel no estarán en riesgo y anunció conversaciones con la institución para resolver las diferencias.

El episodio probablemente adquirirá especial sensibilidad política durante la discusión parlamentaria: no se trata solamente del funcionamiento administrativo de otro servicio público, sino del organismo encargado de supervisar elecciones, partidos y financiamiento de la actividad política.

El cobre cambia parcialmente el escenario

Hay, además, una novedad económica que puede convertirse en uno de los ejes del debate.

El comité de expertos elevó el precio de referencia del cobre utilizado para calcular los ingresos estructurales del Estado desde US$4,38 hasta US$5,37 la libra. El PIB no minero tendencial para 2027 fue situado en 2,6%.

El cambio del cobre no significa que exista una bolsa de dinero de libre disposición. La regla fiscal obliga precisamente a separar los ingresos transitorios de aquellos considerados estructurales.

Pero el aumento del precio de largo plazo sí mejora los ingresos estructurales que Hacienda puede considerar para elaborar el presupuesto.

Estimaciones difundidas este sábado calculan que el cambio podría entregar del orden de US$2.000 millones adicionales de espacio fiscal.

Y ese dato modifica políticamente la discusión.

Porque la pregunta ya no será únicamente cuánto debe ajustar el Estado, sino qué decide hacer el Gobierno con el margen adicional disponible y qué áreas serán protegidas o sacrificadas para cumplir sus metas fiscales.

“Hacer más con lo mismo”

Quiroz ha resumido la orientación de Hacienda con una fórmula: hacer más con los mismos recursos.

El Gobierno sostiene que su objetivo no es ejecutar un programa indiscriminado de recortes, sino reasignar recursos, eliminar duplicidades y concentrar el gasto en sus prioridades. Entre ellas aparecen seguridad, salud, infraestructura, inversión y reactivación económica.

Sin embargo, un presupuesto cuyo gasto total aumenta alrededor de 1% puede contener movimientos mucho mayores en su interior.

Algunas partidas pueden crecer mientras otras disminuyen.

Ahí estará probablemente el verdadero debate político.

La evaluación presupuestaria para 2027 ya ha llevado a fusionar 25 programas públicos en nueve iniciativas, incluyendo áreas relacionadas con educación, cultura, salud primaria, discapacidad y pueblos indígenas. La fusión administrativa no significa por sí misma que esos beneficios desaparezcan ni permite afirmar todavía cuánto dinero perderán o recibirán. Eso solo podrá determinarse cuando se conozcan las partidas definitivas.

Pero constituye una señal de la profundidad de la reorganización que prepara Hacienda.

El presupuesto mostrará las prioridades

El debate que comienza esta semana probablemente será bastante más amplio que una disputa entre economistas acerca del déficit fiscal.

En un país con desempleo elevado y crecimiento débil, decidir cuánto dinero reciben salud, vivienda, educación, regiones, programas sociales, seguridad o defensa constituye también una definición política.

Y por eso el Presupuesto 2027 tendrá una importancia particular.

Durante sus primeros meses, el gobierno de Kast ha anunciado reformas, prioridades y transformaciones del Estado. Ahora tendrá que ponerles cifras.

La discusión que comenzará formalmente el miércoles permitirá observar cuánto dinero destina efectivamente a cada una de ellas y, sobre todo, de dónde saldrán los recursos para financiarlas.

Las primeras señales indican que el trámite no será tranquilo.

Gobernadores reclaman por sus recursos. Municipios advierten sobre programas sociales. El Servel cuestiona su propuesta presupuestaria. Incluso dirigentes que no pertenecen a la oposición han comenzado a manifestar reparos.

Y al mismo tiempo, el elevado precio estructural del cobre entrega a Hacienda un margen que hace más difícil presentar todas las decisiones exclusivamente como consecuencia inevitable de la escasez.

El miércoles se conocerán finalmente las cifras.

Pero la batalla por el Presupuesto 2027 ya comenzó.

Félix Montano