El costo ambiental de producir más: la sobreproducción vuelve a poner a la industria salmonera bajo la lupa

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Cinco centros salmoneros ubicados entre Los Lagos y Magallanes produjeron por encima de los límites establecidos en sus autorizaciones ambientales. No se trata de una denuncia de organizaciones ecologistas ni de una estimación independiente. Es la propia Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) la que acaba de reconocer las infracciones al aprobar los Programas de Cumplimiento presentados por las empresas.

Los casos corresponden a los centros Punta Islas, de Cermaq Chile; Soledad, de Multi X; Walker III, de Invermar; Chidguapi, de AquaChile Maullín; y García 1, de Mowi Chile. Un sexto centro, Seno Melimoyu, de Exportadora Los Fiordos, fue incluido en el mismo conjunto de resoluciones, aunque sus incumplimientos son diferentes y están relacionados con el manejo y almacenamiento de mortalidades.

La SMA señala que en los primeros cinco casos las infracciones están relacionadas con la superación de la producción máxima autorizada en las respectivas Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA).

Y agrega algo fundamental: producir más salmones de los ambientalmente autorizados significó también generar un aporte mayor de materia orgánica y nutrientes al medio marino que aquel considerado cuando los proyectos fueron evaluados.

No es simplemente una infracción administrativa.

Si aumenta la cantidad de peces cultivados, aumenta también la presión ambiental asociada a esa producción. Y precisamente para establecer esos límites existe el sistema de evaluación ambiental.

Los seis Programas de Cumplimiento aprobados contemplan inversiones por unos $1.742 millones —aproximadamente US$1,82 millones— e incluyen reducción de biomasa en ciclos posteriores, controles de producción, capacitación de trabajadores y otras medidas correctivas. Con su aprobación quedan suspendidos los procedimientos sancionatorios mientras las empresas ejecutan los compromisos asumidos.

Hasta aquí podría tratarse de una noticia más dentro de la extensa historia de controversias ambientales que ha acompañado a la salmonicultura chilena.

Pero el problema es considerablemente mayor.

435 mil toneladas bajo cuestionamiento

Una investigación publicada en julio por CIPER, basada en antecedentes recopilados por Fundación Terram, identificó 48 centros salmoneros pertenecientes a doce empresas que habrían producido durante años por encima de los límites autorizados sin ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental cuando correspondía hacerlo.

Según esa investigación, entre 2013 y 2023 esos centros acumularon 435.546 toneladas de producción por encima de lo autorizado a través de 164 ciclos productivos.

El estudio se concentró en instalaciones antiguas cuya tramitación para obtener concesiones comenzó antes de la entrada en vigencia del SEIA, en abril de 1997. Esos centros podían continuar operando sin RCA siempre que no modificaran sustancialmente sus proyectos técnicos. Sin embargo, al aumentar su producción sobre determinados límites debían ingresar al sistema ambiental.

CIPER y Terram identificaron 187 centros que nunca habían evaluado ambientalmente su actividad productiva. De ellos, 48 habrían superado los niveles autorizados en sus proyectos técnicos.

La cifra permite dimensionar la controversia: las 435.546 toneladas identificadas por la investigación equivaldrían, utilizando como referencia precios de exportación de 2025, a ventas por más de US$4.200 millones.

No significa que todo ese monto constituya una ganancia ilícita ni que todos los casos hayan sido declarados infracciones por una autoridad o tribunal. La cifra corresponde a una estimación periodística basada en producción y precios.

Pero sí plantea una pregunta inevitable: ¿hasta qué punto la sobreproducción se ha convertido en un problema estructural de la salmonicultura chilena?

Producir primero, corregir después

Aquí aparece uno de los aspectos más sensibles del sistema de fiscalización ambiental.

Los Programas de Cumplimiento son instrumentos establecidos legalmente para que una empresa que enfrenta un procedimiento sancionatorio pueda adoptar medidas destinadas a corregir sus incumplimientos y sus efectos.

Si la SMA aprueba el programa, el procedimiento sancionatorio queda suspendido. Si la empresa cumple satisfactoriamente todas las medidas, puede concluir sin que se aplique la sanción que habría resultado del procedimiento original.

La herramienta tiene una lógica razonable: el objetivo de la fiscalización ambiental no debería limitarse a recaudar multas, sino conseguir que el daño sea corregido y que la empresa vuelva al cumplimiento.

El problema aparece cuando el incumplimiento permitió previamente aumentar la producción.

Porque entonces surge una pregunta económica además de ambiental: ¿qué incentivo existe para respetar estrictamente los límites de producción si resulta posible producir por encima de ellos y posteriormente regularizar las consecuencias mediante medidas correctivas?

La justicia ambiental ya ha comenzado a enfrentarse a este dilema.

Los tribunales empiezan a marcar límites

En enero de este año, el Tercer Tribunal Ambiental rechazó una reclamación de Australis Mar contra la SMA relacionada precisamente con sobreproducción.

La empresa había enfrentado dos procedimientos sancionatorios por ciclos productivos distintos en el centro salmonero Retroceso, en Punta Arenas. Como ya había presentado anteriormente un Programa de Cumplimiento y no había transcurrido el período legal necesario para presentar otro, la SMA se lo impidió.

El Tribunal confirmó esa decisión.

Todavía más explícita fue una sentencia dictada en mayo sobre la Piscicultura Chesque Alto, en Villarrica.

En ese caso, el Tercer Tribunal Ambiental respaldó a la SMA en su decisión de rechazar un Programa de Cumplimiento frente a una infracción grave por elusión del SEIA.

La empresa proponía reducir posteriormente su producción para regresar a los niveles permitidos.

El Tribunal consideró insuficiente esa solución porque la sobreproducción ya se había materializado durante años sin la evaluación ambiental correspondiente. Advirtió que aceptar simplemente el retorno posterior a los límites autorizados podría generar un incentivo perverso: obtener primero el beneficio económico derivado de producir sin autorización y limitarse después a detener el incumplimiento si este era detectado.

Es una discusión fundamental.

Porque afecta directamente la capacidad disuasoria de la institucionalidad ambiental.

Un conflicto que viene de lejos

La salmonicultura chilena es una de las grandes industrias exportadoras del país y Chile se mantiene entre los principales productores mundiales de salmón.

Pero su espectacular expansión desde los años noventa ha estado acompañada por una controversia ambiental igualmente persistente.

Uso de antibióticos, enfermedades, escapes masivos, mortalidades, acumulación de materia orgánica bajo las jaulas, presión sobre ecosistemas costeros y expansión hacia áreas ambientalmente sensibles forman parte de una discusión que lleva décadas.

A ello se agrega ahora con creciente claridad la sobreproducción.

El asunto resulta especialmente delicado cuando los centros se encuentran dentro o próximos a áreas protegidas.

La investigación de CIPER y Terram señala que otros once centros habían sido identificados anteriormente produciendo por encima de sus proyectos técnicos dentro de áreas protegidas. Entre los territorios mencionados aparecen el Parque Nacional Isla Magdalena y la Reserva Nacional Las Guaitecas.

Y las comunidades están recurriendo cada vez más a los tribunales.

Hace apenas unas semanas, el Tercer Tribunal Ambiental acogió parcialmente una reclamación de la Agrupación Eco Voluntarios de Hualaihué contra la decisión de la SMA de archivar denuncias relacionadas con el Centro de Cultivo de Salmónidos Contao, de Salmones Austral.

Las denuncias planteaban posibles impactos sobre el humedal situado en la desembocadura del río Contao, a unos 200 metros del centro, relacionados entre otras materias con sedimentos, alimento no consumido y fecas provenientes de la actividad salmonera.

El Tribunal ordenó a la SMA retrotraer el procedimiento, analizar los antecedentes y pronunciarse expresamente sobre las denuncias y la solicitud de medidas urgentes.

En Magallanes existe otra disputa significativa. Comunidades indígenas Kawésqar y Greenpeace han reclamado contra Programas de Cumplimiento aprobados para centros de Australis Mar situados en la Reserva Nacional Kawésqar, también relacionados con sobreproducción.

La discusión, por tanto, ya no se limita a cuánto produce la industria.

También alcanza la pregunta sobre dónde puede producir y cuáles son los límites ecológicos que debe respetar.

El mar también tiene límites

Durante décadas Chile ha discutido el desarrollo económico como si el territorio fuera una variable secundaria.

Ocurrió con la minería, las forestales, las termoeléctricas y también con la salmonicultura.

Pero existe una diferencia elemental entre una fábrica y un ecosistema.

En una fábrica puede aumentarse la producción instalando nuevas máquinas. En un ecosistema marino, aumentar la producción significa aumentar simultáneamente las presiones que ese ecosistema debe absorber.

Por eso una Resolución de Calificación Ambiental no autoriza simplemente a una empresa a instalar jaulas en el mar.

Autoriza una determinada operación bajo determinadas condiciones y dentro de determinados límites.

Cuando una empresa produce más salmones de los evaluados ambientalmente, no está aumentando solamente una cifra en una planilla comercial. Está modificando también las condiciones ambientales sobre las cuales se otorgó originalmente su autorización.

Los cinco casos reconocidos esta semana por la Superintendencia del Medio Ambiente vuelven a demostrarlo.

Cermaq, Multi X, Invermar, AquaChile y Mowi deberán ahora reducir biomasa, fortalecer sus controles y ejecutar las medidas comprometidas en sus Programas de Cumplimiento.

Pero el problema que dejan planteado supera ampliamente esos cinco centros.

Después de décadas de expansión salmonera hacia los fiordos y canales del sur de Chile, la pregunta ya no es solamente cuánto puede crecer esta industria.

La pregunta es otra:

¿quién establece finalmente cuánto pueden soportar los ecosistemas donde ese crecimiento ocurre, y qué sucede cuando esos límites se sobrepasan?

Porque el mar puede ser una fuente de riqueza.

Pero no es una zona industrial sin límites.

Félix Montano