El cuarto gobierno de Lula frente a una encrucijada histórica
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El día 25 de octubre de 1975, el periodista Vladimir Herzog fue encontrado muerto en su celda en el centro de detención DOI-CODI en São Paulo. Según sus carceleros la causa de muerte fue suicidio por ahorcamiento, aunque más tarde se comprobó que Vladimir Herzog murió por la aplicación de torturas por parte de los agentes de la dictadura. Posteriormente, el día 25 de octubre, fue instituido en la historia brasileña como el día de la democracia.
Por una feliz coincidencia, el triunfo de Lula y del pueblo brasileño se produjo precisamente como un homenaje a la democracia y Brasil puede celebrar que venció a las fuerzas del oscurantismo y del neofascismo. Sin embargo, a pesar del júbilo que representa esta milagrosa victoria de las fuerzas democráticas, los desafíos que se enfrentan mirando hacia el futuro también son monumentales.
Un primer escollo que salta a la vista, lo personifica el hecho de que Lula tendrá un Congreso manifiestamente hostil, debido a que el Partido Liberal –el partido del clan Bolsonaro- tendrá en la próxima legislatura una fuerte presencia en ambas cámaras, con 121 de los 513 diputados y 28 de los 81 senadores. Entonces, si el Partido Liberal desea instaurar un proceso de impeachment en el Senado contra algún ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), va a necesitar de 54 votos (equivalente a los dos tercios de los 81 senadores), los que podrá obtener con relativa facilidad de otros partidos de la derecha o del Centrão (Partido Popular, Republicanos, Unión Brasil, PSD o Avante).
Para aprobar sus proyectos de actualización y profundización de las políticas inclusivas, el gobierno también dependerá irremediablemente del apoyo de este conjunto de partidos que seguirán dominando el Congreso Nacional, recreando las formas de fisiologismo político que atraviesan la vida política brasileña de las últimas décadas. Esta dependencia será más pronunciada en la medida en que dichos partidos han ampliado su capacidad para controlar y decidir el destino de un monto considerable del presupuesto federal.
Por su parte, los grupos empresariales y del capital especulativo, vienen presionando al Ejecutivo para implementar una política de ajuste fiscal, una especie de mantra que repiten incansablemente desde que asumió el actual gobierno en enero de 2023. Estos sectores identificados con los preceptos neoliberales, intentar imponer un programa económico digno del candidato perdedor, que antes de ganar en la segunda vuelta, ya había prometido realizar un recorte enorme en los gastos sociales, junto con la eliminación de varios ministerios, la privatización de empresas públicas, la disminución de la carga impositiva a conglomerados empresariales y grandes fortunas o la imposición de un régimen laboral exhaustivo, por medio de un modelo flexible de remuneración por horas de trabajo.
Si bien es cierto, en los últimos años el Estado brasileño gasta más de lo que recauda, la solución no se encuentra en un corte drástico del presupuesto destinado a los programas sociales, pues precisamente ellos permitieron construir la plataforma electoral del cuarto mandato del presidente Lula. Si el gobierno renuncia a esta promesa, perderá inevitablemente el apoyo popular que hoy le otorga sustentabilidad a la actual administración. Como lo ha dicho el propio Lula, no se puede poner sobre los hombros de la población más pobre los ajustes necesarios para lograr un equilibrio fiscal. El gobierno va a tener que encarar los bloqueos en el Congreso y el chantaje de los partidos de derecha aliados al gran capital, descartando de plano la adopción de medidas antipopulares que penalicen aún más a los estratos más carentes de la población.
Para ello tendrá que saber dialogar y negociar permanentemente con aquellos partidos dispuestos a sumarse a una agenda que no considere irreconciliable la responsabilidad fiscal con la manutención de políticas sociales que vayan en beneficio de los grupos más vulnerables. Es decir, el gobierno Lula deberá encontrar un equilibrio entre mantener los programas de transferencia de ingresos, aumentar el salario mínimo, estimular la inversión productiva y reducir las presiones sobre las cuentas públicas. Su principal reto va a ser demostrar, ya en el año 2027, que la estabilidad económica puede ser compatible con la reducción de las desigualdades.
Mientras tanto, los medios y la prensa que solo repercuten las demandas de la clase empresarial y financiera, nada han informado sobre los incendios criminales provocados por bolsonaristas sediciosos que están devastando miles de hectáreas de bosques en los estados de Pará y Amazonas. En apenas 20 días el área quemada en Pará aumentó en 503% con relación al mismo periodo en 2025. En Amazonas, este aumento fue de 1.305%. Son los productores pecuarios haciendo el trabajo sucio de la extrema derecha. Ya no utilizan el bloqueo de carreteras ni acampan frente a los cuarteles emplazando a las Fuerzas Armadas para dar un Golpe de Estado. Hasta ahora su objetivo consiste en destruir la floresta y causar pérdidas irreparables a los ecosistemas y a la economía.
Otro desafío que deberá enfrentar la gestión de gobierno a partir del próximo año, dice relación con los temas de la seguridad ciudadana. De acuerdo a levantamientos realizados por las mismas encuestas electorales, la inseguridad y la violencia criminal representan una de las mayores preocupaciones de los habitantes de la nación. La Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) sobre Seguridad Pública acaba de ser aprobada por unanimidad en el parlamento y el gobierno ha anunciado la creación de un Ministerio de Seguridad Pública que se independizaría del Ministerio de Justicia. La propuesta es que dicho ministerio pueda ampliar la participación del gobierno federal en el combate al crimen y que la referida cartera sea capaz de articular las acciones entre el ámbito Federal, los Estados y los Municipios. Pero la formación de esta nueva entidad levanta dos cuestionamientos. El primero, es que el combate al crimen organizado y las diversas facciones implica un gasto para los cofres públicos que pueden superan los 14 mil millones de reales (US$ 2.6 mil millones aprox.) solo en la construcción y mantención de nuevos presidios. La segunda duda es si este cambio administrativo podrá ser suficiente para mejorar el enfrentamiento de la violencia y la criminalidad.
En el plano internacional, el presidente Lula y su administración también deberán enfrentar las acometidas que vendrán desde el conjunto de países vecinos gobernados por la extrema derecha, comenzando por el desequilibrado Javier Milei y sus socios de Colombia, Abelardo de la Espriella y Ecuador, Daniel Noboa. La derrota de Trump en las elecciones de medio mandato puede significar una atenuación de las presiones geopolíticas y las alzas tarifarias, aunque con una figura tan impredecible como el presidente de los Estados Unidos todo puede acontecer. La defensa de la soberanía continuará siendo una bandera importante de esta cuarta gestión, sin ceder a la arremetida neofascista contenida en el Proyecto Escudo de las Américas, del cual forman parte casi todos los países del hemisferio, con las significativas autoexclusiones de Brasil y México.
Mucho se ha escrito sobre como el Presidente Lula da Silva, su equipo y sus bases de apoyo consiguieron revertir el resultado de la primera vuelta electoral en base a una estrategia que combinó de forma virtuosa el uso intenso de las redes sociales con una gigantesca movilización ciudadana en las calles. En consecuencia, Lula ya ha prometido que en su cuarto mandato gobernará para el pueblo y con el pueblo. Ello va a ser fundamental visto que las fuerzas de la ultra derecha no han desaparecido, sino que incluso amenazan desde ya con transformar a Brasil en un país ingobernable y, de preferencia, crear las condiciones para un impeachment del presidente.
Por lo mismo, que el principal dilema del próximo gobierno consistirá en definir si este cuarto mandato se trasformará en una gestión principalmente defensiva, dedicada a preservar las institucionalidad democrática, generar las condiciones para administrar la economía y mantener las políticas sociales o si, además dará un paso mayor, movilizando y consultado a sus bases para crear las condiciones políticas, sociales y culturales que impidan que la extrema derecha vuelva a convertirse en una alternativa mayoritaria de poder. La defensa de la democracia constituye una condición indispensable para cualquier transformación progresista, pero la democracia también necesita producir resultados sociales, económicos y culturales que fortalezcan su legitimidad.
La coalición que sustenta al gobierno tendrá que ser capaz de construir una mayoría social que recupere el trabajo político en todos los espacios, ampliando las bases de su electorado tradicional y militante, para incorporar en su proyecto a grupos que hasta ahora han sido manipulados por la extrema derecha, como los trabajadores precarizados o los creyentes pentecostales. Dichos sectores se deberán unir con el mundo popular y barrial, trabajadores urbanos y rurales, jóvenes, mujeres, movimientos negros, indígenas, intelectuales y sectores democráticos de las clases medias, que permitieron derrotar a la extrema derecha.
En definitiva, el cuarto gobierno de Lula será decisivo no solamente por lo que consiga realizar durante sus cuatro años, sino por su capacidad para dejar constituido un nuevo horizonte político para la izquierda brasileña y latinoamericana.
Fernando de la Cuadra
