
Una bicoca para los camioneros
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Los 900 millones de dólares – el triple del presupuesto para la temporada de incendios forestales – destinados por este gobierno para poner término al paro de los camioneros tendrá un costo tanto o más elevado en el ámbito ciudadano, donde se observa el giro que tuvo esta situación con verdadero estupor.
Pagar ese dineral es el mayor compromiso contraído por la autoridad política en Chile para dar satisfacción a un gremio proempresarial marcado por el tono antidemocrático asumido en octubre de 1972, cuando paralizó el país, provocó el desabastecimiento de la población y propició el golpe militar y el desastre que vendría después.
El ministerio de Hacienda a través de su subsecretario ha reconocido que el acuerdo con las cúpulas directivas de los dueños de camiones representa ese monto total entre lo que queda de este año y el próximo, pero no ha señalado si hay voluntad para disponer de una suma similar para atender las múltiples necesidades socioeconómicas de la gente pobre y menos pobre que está en listas de espera desde hace décadas.
Esa enorme cantidad se va a emplear para permitir que el valor de los combustibles baje, y por ello habrá un congelamiento de los precios hasta marzo de 2027. Adicionalmente viene una serie de mecanismos que son importantes para los transportistas, agradecidos con un régimen que es avaro con aquellos gremios que no tienen tanto poder.
Se confirma así la idea de que La Moneda está gobernando sólo para los suyos, grandes empresarios, ricachones y para quienes mantienen en alto la concentración económica. La acumulación de dinero por parte de unos pocos es nefasta para la inmensa mayoría de la población, que vive en condiciones de desigualdad impresentables.
En el caso de las confederaciones patronales se trata de un premio que el gobierno entrega a un sector muy cercano. la actual administración del país y los propietarios de camiones son parte del mismo pinochetismo que a partir de 1973 le declaró la guerra al pueblo y comenzó a aniquilar a quienes se oponían a sus propósitos antipopulares contando con el respaldo de la oligarquía nacional y el imperialismo yanqui.
Actualmente quienes a la distancia exponen sus problemas socioeconómicos al gobierno no tienen una buena recepción. La benevolencia y generosidad empleadas con un gremio importante pero minoritario no son las mismas que cuando organizaciones populares que representan a las grandes mayorías acuden a la autoridad en busca de una mano protectora.
Probablemente a partir de la certeza de que La Moneda no cuenta con recursos, posiblemente el ministro de Hacienda va a solicitar elevar el endeudamiento en la discusión del presupuesto 2027. Otra posibilidad es que se deje de cubrir demandas sociales como ya ha venido ocurriendo a través de los recortes presupuestarios.
Esos 900 millones de dólares tendrán que salir de alguna parte, y no se descarta que el gobierno decida solicitar a los sectores populares que sigan perdiendo beneficios. La educación pública, pilar fundamental de la sociedad, ha denunciado la desvinculación hasta ahora de 2000 profesores y la fusión de cursos en distintas escuelas.
También la salud pública se ve amenazada en cuanto al funcionamiento de los establecimientos hospitalarios y centros de atención primaria. En tanto, mientras los dueños de camiones celebran, las listas de espera de quienes requieren una atención oportuna siguen sumando nombres de pacientes desconcertados por este desequilibrio en que ha incurrido el Ejecutivo.
La desigualdad se acentúa en estos días en Chile: para los más encopetados – una pequeña minoría – se dispone de cortesía, afabilidad, desprendimiento. Para el pueblo que constituye la gran mayoría solo hay desinterés, mezquindad y desprecio. Cuesta asumirlo, pero el contraste es brutal.
Coincidencia o no, el presidente de la República ha llegado a niveles históricos por la pérdida de aprobación ciudadana. A mediados de noviembre, según la encuesta Criteria, la adhesión de la gente al primer mandatario no superaba el 18%…
Hugo Alcayaga Brisso
Valparaíso
