En nuestro país, según lo que se aprecia en la prensa, existen del orden de las 1.500 tomas de terrenos privados y fiscales, ya sea urbanos como rurales, en los cuales por ausencia de control y fiscalización de los municipios y de las secretarias regionales ministeriales de Vivienda y Urbanismo, las familias más postergadas han podido construir sus precarias viviendas.