Los dichos de P. Longueira y J. Lavín: giros lingüístico-políticos de la ultraderecha neoliberal

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J.-J. Rousseau planteó en 1774 en el “Contrato Social” que “hay pactos políticos ilegítimos” que generan una situación de insostenibilidad política en las sociedades. Son contratos espurios ya que no son el resultado de la voluntad soberana del pueblo, y donde los que se hacen llamar sus “representantes” no lo son para efectos de darse leyes justas o redactar constituciones. Fueron las premisas de la soberanía popular que dio bases a la Revolución Francesa de 1789 en contra de una monarquía ilegítima cuyo pacto era supuestamente entre Dios y su representante en el mundo terrenal: la monarquía de derecho divino.

Muchos liberales ingleses a partir del siglo XVIII y los  neoliberales de la escuela austro-americana desde 1930 nunca aceptaron la noción de soberanía popular, es decir la capacidad del pueblo reunido como sujeto capaz de expresar la “voluntad general” o popular mediante el voto en procedimientos como los plebiscitos. Si lo hicieron fue a regañadientes. Más aún, los neoliberales son profundamente antidemocráticos pues para ellos es otra divinidad la que debe mandar: el mercado como mecanismo de la racionalidad económica capitalista. Lo político, o poder, que se expresa como soberanía popular es una amenaza regulatoria sobre sus intereses privados, que, éstos, sí deben ser “ingobernables”, consideran los neoliberales. De ahí que el interés privado prevalece por sobre lo público o bienes comunes. Basta con leer a Milton Friedman o a Friedrich Hayek que justificaron el golpe de Estado oligarca-pinochetista en nombre de la “libertad individual”; y poco les importó el pisoteo a bayoneta sangrienta de las libertades públicas en septiembre 1973.

Hayek, uno de los pontífices neoliberales, afirmaba en su libro “La Ruta Hacia la Servidumbre”, la biblia neoliberal para los Chicago boys de la Pontificia UC, que: “la libertad personal” puede a veces ser «mejor preservada bajo un régimen autoritario que bajo un gobierno democrático». Es el credo político fundamentalista de la oligarquía chilena.

En Chile hemos visto como en el Acuerdo del 15 de noviembre, hecho con premura y motivado para vaciar de energía plebeya a la rebelión social del 18/O; pacto formalizado entre la casta política, se optó por hacer un plebiscito que decidiera cómo redactar una nueva constitución. Esto se hizo a condición que la clase dominante conservara un poder de veto enorme en su escritura. El que le da 1/3 de los votos de sus delegados para vetar todo articulado de la nueva Constitución en una Convención considerado atentatorio para sus intereses de clase. Por lo que no es conforme a la regla de la mayoría simple sino a privilegios minoritarios de poder. Esta es la cuestión clave.

Hoy, todos los sondeos de opinión muestran que el Apruebo es la preferencia de más del 75% de la población. Ante tal situación el presidente de la República dice que preferiría que fuera el Congreso quien “asumiera la responsabilidad constitucional”. Artimaña piñerista para desviar el foco de atención sobre el hecho que la forma de redactar el contenido de la nueva constitución le da un poder desmesurado a la clase de los grandes poderes económicos.

Que se inscribe en el viejo consenso neoliberal adoptado como línea de conducta de la Concertación desde la presidencia de P. Aylwin. Quieren tener otra carta bajo la manga para tener una constitución a su medida.

De ahí que el UDI Pablo Longueira – quien fuera acusado de cohecho por la fiscalía – como se sabe un obediente servidor de los grandes intereses empresariales, dice que votará Apruebo. La jugada de las derechas oficialistas es evidente: apostar por obtener ese 1/3 de los delegados a la llamada “Convención Constituyente”. Y no oponerse derechamente a ella. Jugada de los hombres del poder empresarial tendiente a camuflar los conflictos reales. Además, es más fácil financiar las candidaturas de “delegados constituyentes” ganados a la causa del capitalismo salvaje: de las AFP, ISAPRES, mineras depredadoras, dueños del agua, de la alimentación, fármacos, propietarios de la tierra, de la energía, explotadores del océano, bancos, en sus medios y con dineros provenientes de esas empresas. Y Longueira es un adicto de estos fondos suministrados por los dueños del país.

Las derechas aplican el precepto de “a río revuelto ganancia de pescadores”. Pescar incautos manipulando símbolos o percepciones progresistas para evitar ir al fondo de las cosas.

Así como el UDI y Opus Dei, alcalde de las Condes, Joaquín Lavín se declara “socialdemócrata” a sabiendas que Ricardo Lagos y los PPD y socialistas no podrán decirle lo contrario porque la socialdemocracia de estos personajes de opereta es precisamente una perversión neoliberal de la socialdemocracia mundial que en los 80 aceptó un giro hacia el capitalismo neoliberal, abandonando la idea de la socialización de los medios de producción (grandes empresas estratégicas) que estipulaba el proyecto socialdemócrata en sus orígenes.

El ex premier británico laborista Anthony Blair y Ricardo Lagos (asesorados por el sociólogo británico A. Giddens) estipularon que la llamada “Tercera Vía” socialdemócrata debía seguir el camino de los neoliberales y apostar al crecimiento con privatizaciones y globalización de los mercados y de los flujos de mercancías. Es lo que hizo Ricardo Lagos para hacerse amar por los mega patrones chilenos de la SOFOFA y la CPC. Desde ahí, las socialdemocracias que le vendieron el alma al diablo se derrumbaron y le abrieron el camino a los neoliberales duros. El Estado subsidiario se caracterizaría por practicar la asistencia social con bonos para impedir la implosión.

El alcalde UDI de las Condes, para quien la libertad es poder escoger entre varias marcas de yogourt, no necesita ser amado por la oligarquía patronal (contará con sus fondos y su cariño). Lo que quiere el oportunismo de los derechistas de la UDI, es arrebatarles las banderas a los candidatos de la vieja Concertación-Nueva Mayoría y a sus émulos de Revolución Democrática postulando una mayor presencia del Estado; cosa que no es incompatible con el neoliberalismo, si el Estado tiene por función dar bonos, gobernar para las grandes empresas y reprimir la llamada “ingobernabilidad” social en tiempos de crisis.

Por Leopoldo Lavín Mujica         

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