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Se inicia en Ginebra la 45° sesión del Consejo de Derechos Humanos “en un contexto de sufrimiento y agitación cada vez mayores en todo el mundo”

Hoy, 14 de septiembre, se abre la 45° sesión del Consejo de Derechos Humanos en la sede de Naciones Unidas de Ginebra, Suiza. Bielorrusia es el eje principal. También Camboya, República Democrática del Congo, Georgia, Myanmar, Nicaragua, Sudán, Ucrania, Venezuela y Yemen son otros países que serán examinados durante este consejo.

“En un contexto de sufrimiento y agitación cada vez mayores en todo el mundo, los principios, las normas y las acciones de derechos humanos ofrecen soluciones efectivas para desarrollar una mayor resistencia a las conmociones y contrarrestar la desesperación, al prevenir la inestabilidad social, económica y política”, declaró hoy la Alta Comisionada por los Derechos Humanos por las Naciones Unidas, Michelle Bachelet.

Políticas que brindan acceso universal e igualitario a la protección social y la atención médica; instituciones que promuevan el respeto de las opiniones y los derechos de todos los miembros de la sociedad; y las leyes que exigen una actuación policial responsable y el acceso a la justicia ayudan a evitar la escalada de tensiones y agravios en violencia y conflicto.

El enfoque del Consejo, basado en los derechos humanos, apoya una mayor resiliencia social y económica. Es la base de la prosperidad y la estabilidad política. Y protege a las personas vulnerables de los peores impactos de las crisis.

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“Con COVID-19, una crisis de salud global y de rápido movimiento ha chocado con muchas crisis políticas, sociales y económicas más lentas y arraigadas en todo el mundo. Y esas múltiples fracturas subyacentes, que nos han hecho más vulnerables a este virus y crean puntos de entrada para sus daños, son el resultado principalmente de procesos políticos que excluyen las voces de las personas y las brechas en la protección de los derechos humanos” declaró Michelle Bachelet.

 

Desde Medio Oriente hacia Asia.

Entre las preocupaciones de la Alta Comisionada, la situación en el territorio palestino ocupado. “Aunque las treguas temporales son bienvenidas, incluido el último acuerdo para poner fin a las hostilidades entre grupos armados en Gaza e Israel, los 2 millones de habitantes de Gaza necesitan desesperadamente soluciones sostenibles a largo plazo. El bloqueo por mar y tierra, que Israel ha impuesto durante 13 años, ha detenido por completo las principales actividades económicas y comerciales de Gaza. Como resultado directo, más del 38% de los habitantes de Gaza viven en la pobreza; El 50% está desempleado; más del 90% del agua de los acuíferos no es potable. La decisión del mes pasado de prohibir la entrada de combustible en Gaza crea un sufrimiento y una carga humanitaria aún más profundos. Con los casos de COVID-19 en fuerte aumento en Gaza, el sector de la salud ahora enfrenta un colapso total, a menos que se levanten algunos aspectos del bloqueo. El bloqueo, que contraviene el derecho internacional, no ha logrado de manera concluyente brindar seguridad o paz a israelíes y palestinos, y debe levantarse con urgencia”.

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La Oficina también sigue reforzando nuestra presencia sobre el terreno en la región del Sahel, incluso en el contexto del marco de cumplimiento del derecho internacional humanitario y los derechos humanos del G5 en el Sahel. “Mi Oficina emitió un informe el mes pasado que describe el avance del trabajo con las fuerzas militares conjuntas del G5 Sahel para implementar el cumplimiento de los derechos humanos en sus operaciones militares. También toma nota de los desafíos de seguridad, políticos, operativos, logísticos y administrativos que persisten y describe el camino a seguir para esta iniciativa innovadora. Continuamos apoyando a la Fuerza Conjunta en el desarrollo y fortalecimiento de su supervisión y rendición de cuentas internas con el fin de prevenir violaciones de derechos humanos en el contexto de las operaciones de la Fuerza Conjunta. Las recientes denuncias de violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas en Burkina Faso, Malí y Níger subrayan la urgente necesidad de adoptar medidas decisivas a este respecto” dijo Michelle Bachelet.

“En China, mi oficina continúa siguiendo los acontecimientos en la Región Administrativa Especial de Hong Kong, en particular el impacto de la Ley de Seguridad Nacional. Desde su implementación en julio, al menos 24 personas han sido acusadas conforme a la ley. Las autoridades de Hong Kong han afirmado sistemáticamente que la ley no tiene por objeto repercutir negativamente en el ejercicio pacífico de los derechos humanos por parte de los residentes de Hong Kong. Por consiguiente, animo a las autoridades de Hong Kong a que vigilen de cerca la aplicación de la ley por parte de la policía y los tribunales, y tomen medidas para revisar la ley en respuesta a las consecuencias negativas que pueda tener en el disfrute de los derechos humanos” siguió Michelle Bachelet.

 

La cuestión delicada del Sahara Occidental.

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Se continua el monitoreo a distancia la situación en el Sáhara Occidental, donde la Oficina del Alto Comisionado por los Derechos Humanos realizó misiones técnicas por última vez hace cinco años. Estas misiones son vitales para identificar problemas críticos de derechos humanos en todos los lados y contribuir a prevenir la escalada de agravios.

“Esperamos que la alta comisionada llegue hacer un informe escrito sobre la situación de los derechos humanos en el Sahara Occidental, el Sahara Occidental es un territorio que ha sido olvidado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), además esperamos que los procedimientos especiales y los mecanismos de las Naciones unidas, respeten el estatuto jurídico del territorio que es distinto y separado de Marruecos, y que evalúen la situación de los derechos humanos en el Sahara Occidental separadamente de Marruecos. También esperamos que la ACNUDH, no de bienvenida al trabajo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) marroquí y otras ONGs Marroquíes en el Sahara Occidental, porque de esta manera se estaría violando los principios del país y de las leyes internacionales. Bachelet ha mencionado el Sahara Occidental en su primer informe durante su toma del poder, desde entonces no ha avanzado ni un milímetro hacia la consecución de una visita técnica”, contestó al respecto de las palabras de Michelle Bachelet la representante del Frente Polisario ante Naciones Unidas, Omeima Abdeslam.

 

¿Qué tal la situación en las Américas?

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El severo impacto socioeconómico de la pandemia de COVID-19 en la región de las Américas impacta gravemente las profundas desigualdades en el desarrollo de la región. Junto con democracias a menudo frágiles, se añade como nuevo malestar social.

En ese cuadro, un número alarmante de defensores de los derechos humanos y periodistas siguen siendo intimidados, atacados y asesinados, en particular los que se dedican a proteger el medio ambiente y los derechos a la tierra.

“En Colombia, mi Oficina ha documentado 47 asesinatos de defensores de derechos humanos en 2020; 44 casos más están en proceso de verificación. En relación con las recientes protestas en Bogotá y Soacha, donde el uso excesivo de la fuerza puede haber causado la muerte de hasta 13 personas, dejando más de 300 heridos, incluidos 77 con heridas de bala, mi oficina está verificando los casos y ha ofrecido asistencia técnica sobre derechos humanos y democráticos”, dijo la Alta Comisionada.

“El Acuerdo de Paz de 2016 abrió un nuevo capítulo para todos los colombianos y debe implementarse plenamente para prevenir más violencia y violaciones y abusos de derechos humanos”, añadió Michelle Bachelet.

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En Honduras, continúan aumentando los ataques y muertes violentas de personas LGBTI. Desde el inicio del estado de emergencia a mediados de marzo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH-Honduras) ha documentado siete asesinatos de mujeres trans, tres de ellos ocurrieron solo en julio.

En Nicaragua, no se han observado avances en la situación de derechos humanos ni muestras del Gobierno para abordar constructivamente las tensiones y problemas estructurales que desencadenaron la crisis sociopolítica en abril de 2018.

En Venezuela, la Oficina de la Alta Comisionada ha firmado con el Gobierno la renovación de la Carta de Entendimiento por un año renovable. El nuevo acuerdo incluye la triplicación del número de oficiales de derechos humanos en el país, con mayor autonomía jurídica, así como la formalización de un mecanismo de intercambio de información sobre casos individuales.

En México, al menos cuatro periodistas y siete defensores de derechos humanos han sido asesinados en 2020.

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En Brasil, la Oficina de la ACNUDH ha recibido varios informes de violencia rural y desalojos de comunidades sin tierra, así como ataques a defensores de derechos humanos y periodistas, con al menos 10 asesinatos de defensores de derechos humanos confirmados este año. También es preocupante la continua erosión de los órganos independientes de consulta y participación de las comunidades.

También en Brasil, así como en México, El Salvador y otros lugares, estamos viendo una mayor participación de los militares en los asuntos públicos y la aplicación de la ley.

En los Estados Unidos, el tiroteo de Jacob Blake el mes pasado en Kenosha, Wisconsin, por un oficial de policía que empleó fuerza aparentemente excesiva, y los detalles que han surgido con respecto a la muerte de Daniel Prude en Rochester, Nueva York, vuelven a mostrar la necesidad de acciones urgentes y profundas para combatir el racismo sistémico y la discriminación racial en la policía y en toda la sociedad.

La ausencia de responsabilidad por muchos asesinatos anteriores subraya la gravedad de esta crisis.

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Las ciudades y la policía asumieron muchos compromisos de reforma tras el asesinato de George Floyd en mayo, incluso por parte de las fuerzas del orden en Kenosha. Esas palabras deben ir acompañadas de un cambio real para crear un entorno en el que los afroamericanos sientan que están protegidos por las fuerzas del orden y el Estado. “Más adelante en este período de sesiones hablaré sobre nuestro seguimiento de la resolución 43/1 del Consejo” dijo al respecto de la situación de Estados Unidos, la Alta Comisionada.

 

Consejo de Derechos Humanos y problemas financieros.

“Como todos saben, la disminución en los pagos de las contribuciones señaladas al presupuesto de la ONU ha significado que mi Oficina, como toda la Secretaría de la ONU, no haya recibido todos los fondos aprobados para nuestras actividades este año. Además, en un esfuerzo por contener o reducir los gastos, el Secretario General inició en abril una “congelación” de la contratación para cubrir puestos vacantes de personal utilizando el presupuesto ordinario. En consecuencia, varios informes y actividades conexas encomendadas por el Consejo no han recibido los fondos necesarios para que la Oficina pueda completar el trabajo requerido. Esta situación ha sido el tema de varias reuniones informativas recientes organizadas por el Presidente del Consejo, así como de los debates en curso de mi Oficina con el Contralor en Nueva York. Como es probable que estas dificultades persistan durante el próximo año, continuaremos manteniéndolos informados de los desarrollos que puedan tener un mayor impacto en nuestro trabajo”, declaró Michelle Bachelet.

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Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

El Consejo de Derechos Humanos es un organismo intergubernamental dentro del sistema de las Naciones Unidas compuesto por 47 Estados responsables de la promoción y protección de todos los derechos humanos en todo el mundo.

Tiene la capacidad de debatir todas las diversas cuestiones temáticas relativas a los derechos humanos y situaciones que requieren su atención durante todo el año. Se reúne en la oficina de la ONU en Ginebra tres veces por año.

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Elena Rusca, en Ginebra

 

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