La carreta y los bueyes: el proceso constituyente desde la vereda de los trabajadores

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Si hay un rasgo distintivo en las instancias de debate político en el día de hoy, tal es el de la confusión. Esta confusión desemboca en la percepción generalizada de que enfrentamos un fraude. Un fraude político tan enorme como el de 1988 —dando inicio a la transición post Pinochet—que enrarece los planteamientos de una parte importante de las corrientes de la izquierda y la militancia de las organizaciones base que nacieron en el levantamiento popular de octubre pasado.

La idea del fraude estuvo muy presente en las filas de la izquierda en 1988. Sin embargo ese descreimiento estaba lejos de conformar una superación de las ilusiones democráticas, en realidad se sustentaba en la idea de que Pinochet no reconocería una derrota plebiscitaria. Como ese hecho no ocurrió y —por el contrario— el NO se impuso, tal circunstancia dejó sin sustento político a los escépticos revolucionarios y también al PC que sustentaba la política de NO hasta vencer, que precisamente tendía un puente hacia esos sectores.

La historia la conocemos, se impuso el sector más conservador de la oposición antidictatorial, aquella que con un lápiz y un papel puso fin la Dictadura. Los efectos de tal tránsito, igualmente los conocemos: se dio inicio a una transición gatopardista para preservar el régimen pinochetista, sin la figura de Pinochet en La Moneda.

¿Qué ocurrió?, pues que el régimen se anticipó a las masas y les ofreció algo concreto: elecciones libres y una limitada libertad de expresión. El precio de esta oferta era la continuidad del régimen y la necesaria impunidad a los genocidas. Sin embargo a pesar de este precio, era algo concreto, frente a la difusa propuesta de lucha democrática que proponía el PC, una oferta que era una mera abstracción, un taparrabos para mantener tranquila a la militancia y fijar el debate político en los marcos institucionales. El PC actuó como válvula de descompresión de los conflictos sociales, lo que terminó sellando el proceso de transición.

En la actualidad el debate político es similar. Un sector importante de los trabajadores ve con desconfianza el llamado proceso constituyente. Hay un profundo repudio a las instituciones, muy particularmente en los partidos del régimen, aquellos con representación parlamentaria, desde la UDI hasta el FA y el PC. No sólo Piñera, los tribunales de justicia, FFAA y Carabineros son repudiados, el conjunto de la institucionalidad patronal se encuentra sumida en una crisis sin precedentes.

La oferta del ala «democrática», que es aquella que suscribió el infame Acuerdo por la Paz de noviembre pasado, a diferencia de la Concertación el 88, sólo puede ofrecer la idea de una nueva Constitución sin que ello en la práctica se traduzca en alguna reforma que satisfaga los múltiples reclamos populares que se han levantado desde las organizaciones sindicales, de trabajadores, pobladores, estudiantes, campesinos, etc. Ayer ofrecían algo tangible e inmediato, que se fuera Pinochet. Hoy los mismos partidos del régimen, sólo pueden ofrecernos la expectativa de una nueva Constitución, condicionada a un arco de acuerdos, en los que la derecha tendrá un veto absoluto con sólo un tercio de la Convención Constitucional. El propio Daniel Jadue proclama abiertamente la necesidad de hacer una segunda Nueva Mayoría.

Dicho en términos psicológicos, las masas luego de haber asestado golpes demoledores al régimen se encuentran en una fase de negación, sin que ella se traduzca en la afirmación de una nueva dirección política de trabajadores. Por eso vivimos momentos de tanta confusión, de tantos agrupamientos, de tanto debate sordo y paradojalmente de tanta falta de perspectivas.

En efecto, el activismo percibe que avanzamos hacia un engaño porque aún subsisten ilusiones en la democracia patronal representativa. Los trabajadores en abierta ruptura con el régimen, aún no han roto con la idea de que es el espacio de la instituicionalidad burguesa en donde se resolverán sus demandas.

La subsistencia del discurso «ciudadanista», aún después del derrumbe del Frente Amplio, es una viva demostración de este problema. El particularismo ambientalista, territorial, feminista, LGTB, que se autodefine como anterior a los conflictos de clase en nuestra sociedad capitalista, son otra expresión de lo mismo. Grupos que se reclaman marxistas sostienen —contra toda concepción de clase— la extravagante consigna de un Gobierno de las y los trabajadores (con distinción de género), manifiestan igualmente la magnitud de esta confusión.

Este es el contenido de la discusión política concreta, real, en los órganos vivos del movimiento. Estas son sus limitaciones y fortalezas y en definitiva, no podría ser de otra forma, en este punto todo se reduce a la definición del sujeto político del proceso y a la naturaleza de clase de la revolución en curso. Siempre el problema es político, de dirección política. Para la clase trabajadora, la clase obrera, tal cuestión supone la lucha por el poder. Cualquier otra cosa que se proponga a los trabajadores es un engaño y el anticipo de nuevas derrotas. La revolución es socialista y la protagonizan los trabajadores, encabezando el levantamiento general, nacional, en contra del régimen capitalista.

Hay quienes hoy ponen la carreta delante de los bueyes —como alguna vez se dijo en el campo— y pretenden que nos centremos en la discusión del articulado de la Constitución. Que nos ocupemos del catálogo de derechos consignados, que hablemos de la estructura del parlamento, de regionalización y otras lindezas. No compañeros, así no. Discutiremos esas cuestiones cuando hayamos arrancado tales conquistas al régimen mediante la movilización. Primero recuperar las calles, botar al Gobierno, extender y recrear los órganos de poder popular que gestó el levantamiento de octubre. Fortalecer nuestras filas, potenciar la unidad de los explotados y la lucha de clases.

Como frente de clase, debemos ocupar los espacios democráticos ganados con la lucha, levantar candidaturas de trabajadores, independientes del Estado, los patrones y sus partidos. Debemos hacer uso de estos espacios democráticos para plantear las tareas socialistas, democráticas y nacionales que día a día se levantan a lo largo del país. Sobre estas bases, el proceso constituyente será de los trabajadores y la Asamblea Constituyente será el órgano superior de las asambleas populares. Sobre estas bases retomaremos la lucha que interrumpió el Golpe del 73 y dejando atrás cualquier concepción reformista, institucional, del proceso, gestaremos la amplia unidad que la lucha demanda. Con Piñera y sus asesinos en la cárcel, con los presos políticos liberados, con los trabajadores en pie.

Por Gustavo Burgos

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