Debate con Sergio Grez: ¿Se puede transformar la Convención Constitucional en una Asamblea Constituyente?

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Sergio Grez Toso, es un destacado historiador de la línea de la Nueva Historia Social, que algunos han caracterizado de cuño marxista, que ha contribuido a mostrar el rol de los movimientos obreros y populares en la historia chilena, de sus corrientes políticas e ideológicas como el anarquismo, el Partido Obrero Socialista (POS) y el Partido Comunista (PC). Así mismo ha sido un investigador de los procesos constituyentes en Chile como es el proceso de independencia, la constitución de 1833, 1925 y 1980. Siendo un promotor y/o intelectual orgánico en la creación de instancias académicas y políticas sobre el vínculo entre los males que aquejan a la población con el tema constitucional y la Asamblea Constituyente.

Hace poco apareció en el medio El Irreverente una entrevista en que, el historiador plantea que el objetivo de las convenciones propuestas (mixta o constitucional) por el “acuerdo por la paz y una nueva constitución” era “desviar por un camino plagado de trampas, cortapisas y limitaciones la tremenda energía social popular desatada a partir del 18 de octubre del año pasado”, en base a la cual ninguna de las convenciones serían ni libres ni soberanas puesto que están sometidas a las imposiciones del Parlamento, con lo cual solamente se contribuirá a legitimar el repudiado orden político y social actual.

Sin embargo, a pesar de todo esto, sería posible transformar la Convención Constitucional en una Asamblea Constituyente Libre y Soberana mediante la presión de “grandes movilizaciones sociales” y “una acertada estrategia política” y el uso del mecanismo “plebiscito intermedio” que permitiera dirimir los puntos que superen el quórum de ⅔, según la interpretación que da El Irreverente al título de la entrevista. El académico plantea que “La primera condición para lograr un proceso constituyente participativo y democrático es mantener la movilización social”, no “irnos para la casa” a la espera de que los constituyentes arreglen el problema”. Junto con ello, y para garantizar la participación popular, el académico propone mantener un estado de movilización para presionar en torno a los problemas más sentidos y urgentes, que a su juicio no deben esperar a la elaboración de una nueva Constitución para resolverse, propone la realización de una “Constituyente Chica”, “previa a la Asamblea Constitucional, no para sustituir a ésta sino como un ejercicio destinado a aunar puntos de vista y elaborar contenidos para disputar con las fuerzas conservadoras la redacción de la Constitución en la Convención Constitucional”, mientras que durante el proceso se pueden mantener consultas locales y rendición de cuentas de los delegados convencionales ante las organizaciones que levantaron sus candidaturas.

De la misma manera que Grez, que en forma lúcida describe, efectivamente el proceso constitucional actual es “desviar la energía social de la rebelión popular”, que como sabemos tuvo un punto de inflexión el 12 de noviembre con el llamado a huelga general y la entrada de la clase obrera, que hasta el momento había actuado dispersa entre la espontaneidad del movimiento, pero que con esta acción desde sus organizaciones sindicales y con la paralización efectiva de gran parte del país bajo las consignas Fuera Piñera y Asamblea Constituyente, generó la reacción inmediata de toda la clase empresarial y la mayoría de los partidos políticos del régimen que se apresuraron a suscribir en tiempo récord el llamado Acuerdo de Paz y Nueva Constitución del 15 de noviembre. Fue ese acuerdo, originado entre cuatro paredes y a espaldas de todo el pueblo, suscrito tanto por la Derecha, la ex Concertación y parte del Frente Amplio, el que decidió la Convención Mixta o la Convención Constitucional como únicas alternativas para generar una nueva constitución, estando sometida a conformación actual de los poderes del Estado, ni los acuerdos internacionales, entre otras cosas. Un pacto que bloquee la participación de la paralización de las ganancias de los sectores económicos, la paralización de los sectores estratégicos de la economía que podrían acelerar los tiempos, a favor de las demandas democráticas, y ¿por qué no? revolucionarias. Un pacto beneficioso para el gobierno, para los falsos amigos del pueblo y para los dirigentes acomodados en las cúpulas de los organismos.

De esta forma, tal como plantea Grez, ambas convenciones son un desvío a la exigencia de Asamblea Constituyente realizada por amplios sectores de masas movilizados, y por los límites impuestos por este acuerdo gestado en el Congreso, no son ni libres ni soberanas ¿Entonces es posible realizar la transformación que plantea Grez?

La única forma en que los trabajadores y los sectores populares puedan tener este poder político de decisión, que es la soberanía en estricto rigor, es en oposición a aquellos que hoy tienen ese poder, el Estado, sus instituciones y en última instancia, quienes lo controlan, los empresarios, los cuales a su vez tampoco ceden ese poder sometiéndose a los veredictos de la mayoría. Sin ir más lejos en nuestra historia, cuando la clase empresarial se vio amenazada por el ascenso de masas de los años 70’ recurrió al boicot político y económico y cuando esto no fue suficiente, llevó adelante un golpe de Estado donde el bombardeo de La Moneda, la sede simbólica de la organización republicana del país, fue una de sus postales más reconocidas dejando en claro que son capaces de romper sus propias leyes e instituciones con tal de no perder sus privilegios.

En ese sentido, creemos que no basta con denunciar la trampa que representan hoy tanto la Convención Mixta y la Constitucional, sino que es igualmente necesario analizar, con todo realismo si existe posibilidad alguna de realizar la transformación que plantean Grez y otros sectores que se hacen eco de la política del “desborde”. De esta forma, al igual que Grez creemos que es importante sacar lecciones de otros procesos similares, como el proceso constituyente de 1925, donde emerge la “constituyente chica” encabezada por sectores obreros e intelectuales.

La experiencia constituyente de 1925

El proceso constituyente de 1925 estuvo marcado por la incapacidad del viejo régimen parlamentarista para enfrentar el ascenso obrero originado por la necesidad de mejorar sus precarias condiciones de vida, que la burguesía de la época y la historiografía oficial han descrito bajo el eufemismo de cuestión social. Esto llevó a una crisis de régimen sin precedentes que ni el reformismo alessandrista, que impulsó la formación del primer código laboral, pudo resolver, dando paso a las intervenciones militares, el llamado “Ruido de Sables” en 1924 que terminó con la renuncia de Alessandri y la instalación de una Junta Militar, y la intervención militar de 1925 que encabezó Carlos Ibañez del Campo, con la cual se vieron obligados a prometer la vuelta de Alessandri y un proceso constituyente como medida para aplacar las movilizaciones populares.

Ya con Alessandri reinstalado, pero subordinado a los militares, en particular a Carlos Ibañez en el ministerio de Guerra y previo a la propuesta constitucional elaborada por la comisión de Alessandri, se impulsó en paralelo un proceso de debate constituyente que permitió la formación del Comité Obrero Nacional, integrado por la FOCH, la IWW, la FECH, la Unión de Empleados de Chile y la AGP, desde el cual se llamó a una una Asamblea Constituyente de Asalariados e Intelectuales, la que posteriormente se conocería como “Constituyente chica” con 1250 delegados de distintas provincias.

Esta última convocó a una gran cantidad de organizaciones sindicales, populares y políticas, abarcando un espectro que iba desde liberales y radicales, hasta comunistas, sindicalistas, anarcosindicalistas y feministas, aunque tuvo una clara preponderancia comunista, ya que sus delegados, representantes de los sindicatos afiliados a la FOCH, eran mayoría (45%). Si bien esta no redactó una constitución propiamente tal, sí recogió principios progresivos para la época:

“La Asamblea de Obreros e Intelectuales propuso un conjunto de principios que sirvieran de base para una nueva Constitución: «-La tierra es propiedad social en su origen y en su destino. La tierra y los instrumentos de producción y de cambio deben ser socializados. -Los elementos culturales y los capitales socializados deben concurrir a la producción en la forma que el Estado, por medio de sus órganos, establezca, según procedimientos encaminados a obtener el mayor rendimiento posible a costa del más ínfimo esfuerzo.- La República de Chile será federal.- El gobierno de la República, de los Estados federados y de las comunas se organizarán con arreglo al principio del sistema colegiado. El Poder Legislativo de la República y de los Estados residirá en Cámaras funcionales compuestas por representantes elegidos por los gremios organizados del país. El mandato de estos representantes será siempre revocable. -El Tribunal Supremo Federal de Justicia será elegido por los gremios organizados y sus funciones serán temporales. -Se procederá a la absoluta separación de la Iglesia y el Estado. -Debe declararse la igualdad de derechos políticos y civiles de ambos sexos. – Debe suprimirse el ejército permanente. De estos planteamientos, sólo tuvo acogida en la Constitución de 1925 la separación de la Iglesia del Estado” [1].

Sin embargo, estos acuerdos no tuvieron continuidad. Los Radicales y Demócratas se volcaron a “incidir” en el proceso constituyente impulsado por Alessandri, los Anarquistas y Anarcosindicalistas se encontraban tan divididos entre los que se negaban a cualquier política hacia la constituyente, como la FECH, los que participaron de esta iniciativa y los que querían incidir en el proceso alessandrista que finalmente no impulsaron nada, mientras que gremios como el de los profesores y el de los empleados se concentraron en reformas estrictamente acotadas a su sector, como la reforma educacional o el reconocimiento de sus organizaciones por el Estado, por lo que en la práctica solo el PC y la FOCH impulsaron los acuerdos [2], también de forma limitada pues luego de la muerte de Recabarren, tanto el PC como la FOCH se negaban a todo frente común con los sindicatos “legales” a los que veían como enemigos [3].

Alessandri por su parte desechó rápidamente la idea de convocar una Asamblea Constituyente, argumentando “falta material de tiempo para verificar las inscripciones del electorado, para instalar enseguida la Constituyente y para que ésta dispusiera del tiempo necesario para terminar su misión y alcanzar a fijar las reglas de la elección del Congreso y del Presidente” que debía sucederlo el 23 de diciembre de ese mismo año” [4] y en cambio convoca 2 comisiones para preparar la constituyente, designados por él mismo, con mayoría de políticos tradicionales como Luis Barros Borgoña, su rival electoral de 1920, y algunos de la Asamblea Constituyente de Asalariados e Intelectuales como Carlos Contreras Labarca, Luis Víctor Cruz y Manuel Hidalgo, del PC, Onofre Avendaño y Fernando García Oldini, demócratas, y el líder mutualista Carlos Alberto Martínez.

Una de las comisiones, a cargo de Arturo Lyon, que supuestamente prepararía la convocatoria a la Asamblea Constituyente, se reunió tan sólo una vez, mientras que la otra, presidida por el propio Alessandri y que era la más reducida, un promedio de 12 personas, estudiaba las reformas constitucionales. Luego de 4 meses de funcionamiento, fue la que originó el nuevo texto constitucional y su forma de aprobación, la vía del plebiscito. En esta comisión participó Manuel Hidalgo como único representante de la Asamblea Constituyente de Asalariados e Intelectuales.

El plebiscito se realizó el 30 de agosto, donde votaron apenas 134.421 personas de un padrón de 302.304, y fue aprobada por solo 127.509, y la constitución fue promulgada el 18 de septiembre de 1925 [5], no sin amplios cuestionamientos de su legitimidad.

Mientras esto ocurría en las alturas, los obreros se movilizaban y el ejército, comandado directamente por Ibáñez desde el Ministerio de Guerra, perpetró 2 nuevas masacres como consecuencia de la protección a los intereses empresariales. La primera, de la oficina salitrera de Marusía, que fue una huelga contra los malos tratos de la patronal que rápidamente escaló a un enfrentamiento armado con los militares, a los que enfrentaron lanzándoles cartuchos de dinamita. La otra fue en la salitrera La Coruña, donde los trabajadores estaban en huelga porque los patrones se negaban a terminar con el sistema de fichas e implementar la jornada de 8 horas que ya se había establecido en el código laboral de Alessandri, la cual también fue duramente reprimida por el ejército con un saldo de 2 mil muertos, muchos de ellos afiliados a la FOCH [6].

Como se puede observar, desde la burguesía hubo una combinación de signo autoritario, donde Alessandri desde el poder ejecutivo redefine todo el proceso según sus intereses, mientras que Ibáñez desde el ministerio aplica represión sobre los sectores más de vanguardia que en perspectiva por su decisión podrían haber disputado el poder.

La evaluación que realiza Grez de este proceso es la siguiente:

«Si bien la Asamblea Constituyente de Asalariados e Intelectuales representó un esfuerzo significativo de un importante sector del movimiento popular por dotarse de lineamientos programáticos que pesaran en el proceso constituyente de 1925, en la práctica no tuvo la menor incidencia en aquella coyuntura. Sus dificultosos acuerdos fueron la expresión máxima de convergencia táctica que podía existir entre socios tan disímiles como comunistas, fochistas, anarquistas, radicales, demócratas, feministas, intelectuales críticos, mutualistas y sindicalistas independientes. Las bases de esta entente eran frágiles, más aparentes que reales. Es probable que esta sea la causa principal de su derrota, expresión, en definitiva, de las debilidades de este movimiento.» [7]

Para Grez la razón del fracaso popular en el proceso constituyente está dada por la falta de acuerdo entre las organizaciones políticas y populares para construir un programa y enfrentar de esta manera, de forma unificada, al proyecto nacional de la burguesía. No es menor que destaque de esta manera los esfuerzos separados de cada corriente por influir en este proceso, una propuesta similar a la que plantea para el proceso constituyente actual.

Sin embargo, la falta de acuerdos, o la voluntad política para impulsarlos no fue la principal contradicción de este proceso. En realidad el principal problema de la “constituyente chica” no fueron los acuerdos, ni la voluntad de las fuerzas políticas, fue que de conjunto, no tenía la fuerza suficiente para imponerse frente al régimen cívico-militar encabezado por Alessandri e Ibañez, ni sus dirigencias lo orientaban hacia ese objetivo. Esto suena contradictorio considerando que existía una importante movilización popular y ejemplos avanzados de lucha de clases como los sucesos de Marusía y la Coruña, donde hubo enfrentamiento armado con las fuerzas represivas, lo que muestra tendencias de autodefensa en el movimiento obrero, sin embargo esto se explica por la falta de una política que hiciera converger la fuerza de la movilización obrera y popular en una lucha por el poder a partir de las demandas democráticas más elementales. La Asamblea Constituyente de Obreros e intelectuales no dio lugar a una dirección ni una estrategia revolucionaria que buscara disputar el poder a la clase que dirige la sociedad chilena de principio de siglo.

El camino de las demandas democráticas y la disputa por el poder

Sobre este necesario paso de partir desde los problemas democráticos a la disputa del poder, León Trotsky planteaba que es «imposible rechazar pura y simplemente el programa democrático; es necesario que las masas por sí mismas sobrepasan este programa en la lucha». A fines de la década de 1930 señalaba que en países como China o la India la consigna de Asamblea Constituyente conserva todo su valor. Es necesario ante todo armar a los obreros de este programa democrático. Sólo ellos pueden levantar y unir a los campesinos. Sobre la base del programa democrático revolucionario es necesario oponer los obreros a la burguesía «nacional» [8], pues sólo este sector es capaz de llevar hasta el el final la revolución democrática y abrir así la etapa de la revolución socialista, es decir una sociedad sobre otras bases.
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Trotsky concebía la lucha por una Asamblea Constituyente, como la que englobaba el debate de las principales tareas democráticas en países atrasados, como un punto de partida con el cual motorizar a la clase obrera y sectores populares a dar una lucha conjunta y con plena independencia de la burguesía nacional, aliada con el imperialismo, por este poder de decisión. En ese sentido, la lucha por una Asamblea Constituyente realmente soberana plantea el problema del poder y de esta manera, la perspectiva del gobierno obrero como única forma de poder imponer realmente esta voluntad obrera y popular.

Pero esto no se puede comprender sin caracterizar el rol del Estado y su aparato coercitivo, o simplemente confiando en que la “teoría del derecho” se consagrará de facto. Para ello siempre es clarificador el trabajo de Lenin sobre el Estado y la Revolución, que a partir de los escritos teóricos de Marx y Engels debate contra anarquistas y reformistas la intervención en la lucha entre las clases y la estrategia de la revolución para superar la etapa de explotación de la historia humana: “El Estado es producto y manifestación del carácter irreconciliable de las contradicciones de clase. El Estado surge donde, cuando y en la medida en que las contradicciones de clase, no pueden, objetivamente, conciliarse. Y a la inversa, la existencia del Estado prueba que las contradicciones de clase son irreconciliables.” [9] Aclarando que el Estado no concilia las clases, sino que es un órgano de dominación de una determinada clase, que va a necesitar de destacamentos de hombres armados, cárceles y distintos tipos de coerción, pues es un instrumento para la explotación de las clases oprimidas, en sintonía con esta caracterización analiza que “la república democrática es la mejor envoltura política del capitalismo; y, por tanto, una vez que el capital logra dominar esta envoltura óptima, instaura su poder con tanta seguridad, con tanta firmeza, que ningún cambio de persona, de institución o partidos en la república democrática burguesa pueda conmoverlo”. [10]

El más trágico problema de la “constituyente chica” fue política zigzagueante de impulsar este organismo y a la vez participar de las comisiones de Alessandri (legitimándolas de esta forma) separando todo esto de la propia lucha de clases, en base a una lógica más bien etapista que concebía la lucha por una Asamblea Constituyente no para levantar un república obrera, sino para generar condiciones para luchar por esta en un futuro indeterminado, generando con ello la separación entre una etapa de democracia burguesa de una revolucionaria, que el propio Recabarren resumía de la siguiente forma: “No habremos de hacernos la ilusión de que esta Asamblea Constituyente vaya a surgir una república comunista ni anarquista, pero debemos trabajar por lo menos para que surjan por lo menos los elementos con que hacerla un poco más adelante” [11]. El mal menor, una vez más en gloria y majestad. El desarrollo de un Frente Único Obrero habría permitido al estado de la organización de los obreros un fortalecimiento en sus fuerzas hacia la disputa de un programa contra los intereses de la clase dominante y sus representantes.

Una trampa que se transforma en laberinto

Si bien Sergio Grez, es un destacado historiador y sin duda un aporte al rescatar detalladamente la historia de los sectores explotados y oprimidos en Chile, sin embargo, su forma de ver el presente como un proceso donde los constituyentes serán elegidos por “la ciudadanía” abriendo la ilusión de una posible transformación en los marcos establecidos por quienes no representan la “energía desplegada en una rebelión” que tuvo la participación de millones, no ayuda a despejar “la estrategia política acertada” que cumpla las expectativas inmediatas como las estructurales de quienes encarnan actualmente los sectores explotados y oprimidos de la sociedad.

Se podría eventualmente diferenciar de experiencias constitucionales anteriores donde “las elites” y sus fuerzas coercitivas actuaron aparentemente con mayor control sobre los procesos constituyente, y la participación fue claramente menor, sin embargo el problema no radica solamente ahí, sino en los intereses que se verán representados.

Actualmente “las élites” y su poder militar y represivo está actuando, hoy el país atraviesa un toque de queda de casi 8 meses con los militares a diario en las calles, no por nada, Piñera es el gobernante que más insumos bélicos y policiales ha comprado por ejemplo a Israel desde Pinochet. Carabineros gastó más de 10.700 millones de pesos sólo en vehículos para las Fuerzas Especiales entre diciembre de 2019 y marzo de 2020 importados desde Israel [12]. Represión e impunidad está a flor de piel en este proceso, centenas de presos políticos, impunidad frente a los cientos de casos de daños y mutilación ocular y crímenes en curso como lo mostró a un año del estallido social el caso de Anthony Araya, menor de edad que carabineros empujó al río Mapocho y la muerte de Anibal Villaroel de la Población La Victoria.

Una campaña electoral donde el principal medio de propaganda como es la franja electoral, tiene como característica un claro privilegio a los antiguos partidos, con “una lavada de cara” de organizaciones sociales que están vinculados con los viejas coaliciones políticas, como la Central Única de Trabajadores dirigida por el Partido Comunista y los partidos de la Concertación (DC-PS) que han tenido un claro letargo de décadas, donde han primado las movilizaciones de presión y mesas de diálogos.

Sergio Grez asumiendo que las convenciones que se votarán en este plebiscito no son un órgano libre y soberano, porque está sometido y tutelado por los poderes constituidos (el gobierno, el parlamento), asumiendo también que es una salida que benefició al gobierno de Piñera y a los partidos políticos (que no promovieron cambios estructurales siendo gobierno y teniendo la amplia participación parlamento); le dice a sus seguidores o quienes buscan orientaciones en su experticia, que hay que entrar en el proceso, porque si gana convención constituyente, existe la posibilidad de agregarle en su desarrollo la figura de un “plebiscito intermedio” que eventualmente podrá hacer desaparecer la regla el 2/3 para aprobar cualquier artículo de la nueva constitución.

Pero hay un elemento que esta vez, por alguna razón, no se menciona, el sistema electoral, que es otra regla acordadas en el pacto del 15 de noviembre 2019. Dice el punto cuarto del acuerdo “que la elección de los constituyente será bajo sufragio universal con el mismo sistema electoral que rige en las elecciones de Diputados en la proporción correspondiente” [13]. Antes de los ⅔ hay otra trampa, si bien los constituyentes se eligen por sufragio universal ¿quienes se pueden presentar?¿quienes tienen posibilidades de obtener escaños? El sistema electoral va a limitar radicalmente la participación de dirigentes vecinales o del dirigente sindical explícitamente, pero también de cualquier referente independiente o partido con poca trayectoria en el juego electoral chileno. Las ideas, principios, programas de quienes serán electos por “la ciudadanía”, son lo viejo y consolidado, más algo de lo nuevo como el Frente Amplio, pero que le puso piso al gobierno para un nuevo aliento.

La posición política y estratégica de Grez es similar a Carlos Arrué, Constitucionalista del Partido Comunista quien dice que la convención sería “un órgano constituyente, y como órgano elegido por el pueblo puede cambiar el quórum de los ⅔, porque es elegido para hacer una constitución” Entrevista a Carlos Arrué “La Convención Constitucional puede cambiar el quórum de los ⅔”. En: El Siglo, 22 de septiembre 2020.
 [14], si bien Arrué no habla de plebiscitos intermedio, si cree que los constituyentes estarán convencidos de romper la regla que sus propios partidos pactaron. Si los partidos del pacto, que son alrededor del 80% de la representación parlamentaria quisieran realmente un mecanismo más democrático lo habrían acordado cuando Piñera estaba entre las cuerdas, con una huelga general ¡que movilización más predilecta para desbordar lo posible!, pero se remo para el lado contrario, hacia las trampas y con movilizaciones de menor intensidad. Se podrá arreglar una que otra cosas para que el proceso sea un poco más democratico, pero el factor clave será qué sector impondrá su fuerza.

Grez está llamando a una repetición de la historia fracasada, pero con una amplitud democrática en cuanto a la cantidad de personas que escribirán la constitución, pero trágicamente, ya que al menos en 1925 habían sectores como la asamblea obrera que se plantearon abiertamente por una propiedad social y la socialización de la propiedad y la producción. Desde fines del 2019 las organizaciones como la Mesa de Unidad Social, compuesta por decenas de organizaciones sociales, políticas y culturales, ha decidido entrar en el laberinto con un pliego claramente más desnutrido que el discutido con entre los sectores obreros y populares de 1925 en la “constituyente chica”, donde el problema no fue su división como tal, sino más bien no parir una dirección que buscará disputar el poder.

En ese sentido, no sólo es necesario denunciar la trampa que representan hoy las convenciones, sino también desmontar las ilusiones de la “teoría del desborde” y advertir que los empresarios como Luksic, Angelini o el mismo Piñera, defenderán sus privilegios por la fuerza si fuese necesario, lo cual nos lleva a poner en el primer plano la necesidad de retomar el camino de la Huelga General abierto el 12 de noviembre del 2019, pues sin fuerza es imposible imponer soberanía alguna, como lo muestra el propio proceso constituyente de 1925, donde emerge la “constituyente chica” que cita Grez,que lamentablemente convoca hoy con el objetivo de “aunar puntos de vista y elaborar contenidos para disputar con las fuerzas conservadoras la redacción de la Constitución en la Convención Constitucional”, pero no como un puntapié que puede hacer crecer su fuerza más allá de la mera presión, pues es claro que a los empresarios no se les va a convencer de votar contra sus intereses, para lo cual se necesitará de una enorme fuerza social que sea capaz de imponer un programa en beneficio de los trabajadores y sectores populares.

Al contrario de abandonar la lucha por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, hoy se hace urgente volver a la masividad de las calles, con organizaciones sindicales de gran convocatoria como la CUT, que ha estado completamente ausente, a la cabeza no sólo retomando las demandas más sentidas de la revuelta, como el Fuera Piñera, Asamblea Constituyente, Fin a las AFP, etc., sino que también tomando las nefastas consecuencias de la Pandemia exigiendo la prohibición de los despidos y la revocación de la mal llamada Ley de Protección al Empleo, retomando el método de la paralización de la producción.

Es por ello que desde el Partido de Trabajadores Revolucionarios durante el proceso de revuelta hemos sido parte del Comité de Emergencia y Resguardo, que permitió articular a distintos sectores de trabajadores, jóvenes, pobladores, estudiantes y artistas, que logró coordinar un gran encuentro previo a la huelga general del 12 de octubre, donde más de 500 activistas del proceso votaron “basta de represión”, “Huelga General”, “Fuera Piñera” y por una “Asamblea Constituyente libre y soberana”, y que coordinamos un frente único obrero el 12 de noviembre en antofagasta en un acto de 25 mil personas en plaza Revolución. Hoy tras la maquinaria del desvío de la cocina parlamentaria con el gobierno, no solamente buscamos conquistar la legalidad, sino que impulsamos el Comando por la Asamblea Constituyente, denunciando las trampas de las convenciones junto a decenas de referentes sociales, sindicales, estudiantiles y culturales, que exprese una alternativa crítica a este proceso amañado, planteando la anulación de la segunda papeleta y impulsando una tercera papeleta por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana. En el contexto de elección de convencionales vamos a participar con candidatos, sin embargo no para ilusionar sobre el proceso, sino más bien para desarrollar tribunas que amplifiquen un programa de emergencia y revolucionario para enfrentar este proceso hacia la perspectiva de una huelga general que imponga los intereses de los sectores trabajadores y populares que se expresaron en la revuelta de octubre.

Fuente: La Izquierda Diario

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