Los siete constituyentes del PC exigen la libertad de los presos de la revuelta y la renuncia del director del INDH
Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 3 segundos
Los convencionales constituyentes del Partido Comunista (PC) exigen la libertad de los presos y presas políticos de la revuelta social y la renuncia del director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco. Junto a esta exigencias al gobierno, los constituyentes llaman a la Fiscalía a dar respuestas ante la opacidad que ha actuado esta institución respecto a los presos de la revuelta.
En una declaración pública, los siete constituyentes del PC afirman que las presas y presos políticos de la revuelta social «son parte de esos cientos de miles que salieron a las calles en una clara oposición y lucha contra el modelo neoliberal, contra las injusticias, demandando una vida digna. Se ha exigido su justa liberación durante mucho tiempo. Sin embargo, ni el Ministerio Público, el poder judicial, ni el gobierno, han dado respuestas concretas para terminar con la aplicación de medidas desproporcionadas e infundadas».
Los constituyentes instan al Gobierno a darle urgencia a los proyectos de indulto general y de reparación a víctimas de violaciones a los derechos humanos, ambos en actual tramitación legislativa, además de la urgente elaboración de un catastro nacional que dé cuenta de la realidad de los presos y presas políticas de la revuelta social, privados de libertad y/o con procesos en curso; y de la totalidad de las víctimas de la represión estatal.
En cuanto a Micco, » no puede seguir dirigiendo dicha institución, dado que sus decisiones contravienen los principios de dicho organismo en tanto defensa y promoción de los derechos humanos. Su actitud pone en riesgo la integridad de las personas y promueve la impunidad».
Por último, la Fiscalía «debe dar respuestas ante la opacidad con la que han tratado los procesos de las presas y presos políticos de la revuelta social, y las diferencias en medidas cautelares que se han utilizado para procesar a los agentes del Estado identificados en causas de violaciones a los derechos humanos».