Latinoamérica

Colombia: escándalo y desfachatez a gran escala

Dos hechos confirmaron al mundo la naturaleza del régimen colombiano: el magnicidio de Haití por mercenarios y el informe CIDH sobre el estallido social

 

Dos episodios ocurridos el miércoles pasado colmaron la atención de medios y redes y confirmaron al mundo la naturaleza del régimen vigente en Colombia. El primero, el asesinato del presidente de Haití por cuenta de un comando de mercenarios.

El segundo fue la presentación del informe de la CIDH sobre su visita al país a comienzos de junio, con motivo del estallido social. Se señala allí, entre otros puntos, el abuso de fuerza por parte de la Policía Nacional, con el apoyo de civiles armados. Ello llevó a asesinatos, desapariciones, torturas, abusos sexuales, mutilaciones, contra jóvenes, mujeres, poblaciones étnicas.

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Se le pide al gobierno tomar medidas para garantizar el derecho a la protesta pacífica, entre ellas separar a la Policía del Ministerio de Defensa. En el mismo sentido se habían pronunciado otros informes de las NU y de diversas ONG internacionales.

Pero pasemos a Haití. Aunque todavía no hay completa claridad, los sucesos son de extrema gravedad: exportación de mercenarios paramilitares y asesinato de su mandatario. Horas después del atentado, el comandante de la policía del país responsabilizó a 26 colombianos, la mayoría exmilitares, de retiro reciente, reclutados por empresas de seguridad privada. Se dice también que los contrató, por medio de una empresa estadounidense, el jefe de seguridad del Palacio Nacional, él mismo investigado por tráfico de armas.

El perfil de estos exmilitares es inconfundible y tiene la marca indeleble de las FFMM. “Van los que tengan curso de comando, de lancero o de fuerzas especiales”, se lee en un mensaje de Whatsapp divulgado. Varios de ellos tenían felicitaciones en sus hojas de vida y experiencia en contrainsurgencia.

Durante los últimos 30 años, en el marco del prolongado conflicto armado, estas prácticas de combate al enemigo interno se afianzaron en el estamento militar, al tiempo que se tejieron alianzas explícitas o implícitas con el narcotráfico y el paramilitarismo. A partir del gobierno de Uribe se consolidó su poder político, territorial y nacional.

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El desprestigio del Ejército es enorme. La llamada Operación Bastón, develada por la Revista Semana en mayo 2020, evidenció casos que involucran a altos mandos con el Clan del Golfo, la Oficina de Envigado y otras organizaciones criminales. Les vendían información sobre operativos planeados y rutas del narcotráfico.

El informe también mostró enorme corrupción en contratos de suministros para las FFMM. El mensaje del Comandante del Ejército, Eduardo Zapateiro, lamentando la muerte de Popeye no es ajeno a esta situación.

A ello se suman otros escándalos. El caso de los 6.402 “falsos positivos”, investigado por la JEP. La práctica repetida del Ejército de bombardear campamentos de disidencias, en donde mueren niños y niñas reclutados a la fuerza, considerados “máquinas de guerra” por el ministro de Defensa. Todo ello explica también el saboteo al acuerdo de paz.

Según se reveló, uno de los mercenarios de Haití, Francisco Eladio Uribe, aparece en un expediente por falsos positivos. Otro, Grosso Guarín, primo hermano del consejero presidencial para la Seguridad Nacional de Duque, es presentado como uno de los militares mejor preparados, asignado al Grupo de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas. Una nueva “tragedia familiar” para los funcionarios del gobierno, con tantas explicaciones pendientes al respecto.

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Pero hay todavía más. Según informó desde Puerto Príncipe el sociólogo y periodista Lautaro Rivara a Caracol Radio, hay indicios de que 6 de los mercenarios colombianos incriminados serían militares activos, dos de ellos con rango de sargento.

Señala esta fuente que ha habido un intento de reducir la responsabilidad de los mercenarios colombianos. Se buscaría propiciar una estrategia del caos, en un país ya de por sí bastante desestabilizado, para legitimar una ocupación internacional. Mercenarios y paramilitares, en especial estadounidenses, han estado presentes en el país durante años.

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El operativo de los colombianos en Haití tiene antecedentes recientes. En mayo 2020 se desarrolló la Operación Gedeón, encaminada a derrocar a Maduro y comandada por un exmariner estadounidense

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El operativo de los colombianos en Haití tiene antecedentes recientes. En mayo 2020 se desarrolló la Operación Gedeón, encaminada a derrocar a Maduro y comandada por un exmariner estadounidense. Participaron setenta personas que fueron entrenadas en una finca de Elkin Javier López Torres, alias Doble Rueda, poderoso narcotraficante de la Oficina Caribe, relacionada con los Pachencas, con vínculos con sectores del Ejército.

Hace diez años el periodista Daniel Coronell denunció presuntos entrenamientos de mercenarios en Colombia, con armas oficiales y confiscadas a la guerrilla, en lo que se llamó un “millonario negocio de exportación”. Eran contratados por multinacionales y apoyados por las FFMM. Se habrían reclutado así 2.000 combatientes para cumplir tareas en el Medio Oriente.

. En efecto, en el 2011 llegaron a Emiratos Árabes como integrantes de un ejército mercenario secreto de EE. UU., ligado a la cuestionada empresa Blackwater, hoy Academi. Han desarrollado misiones de operaciones especiales en varios países, como en la prolongada y olvidada guerra contra el pueblo de Yemen.

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El gobierno de Duque y los altos mandos militares han negado cualquier responsabilidad frente a la situación de Haití. Ofrecieron apoyo de contrainteligencia y de inteligencia militar para esclarecer los hechos. Recordemos que Colombia no ha suscrito la convención de la ONU contra el reclutamiento, utilización, financiación y entrenamiento de mercenarios.

 

Por Consuelo Ahumada

 

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Fuente: Las2orillas

Publicado en el Clarín con la autorización de la autora

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Ph.D Ciencia Política con énfasis en Estudios Latinoamericanos, New York University. Profesora Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Universidad Externado de Colombia. Miembro de número de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, ACCE e integrante de su Mesa Directiva. Miembro de la Asociación Colombiana de Economía Crítica, ACECRI.

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