Comisión de Mujeres de la Cámara aprobó legislar para terminar con la violencia gineco-obstétrica

“Una de cada cuatro mujeres atendidas en el sector público recibió violencia física al interior de los hospitales. El 56,4%, señala haber sido criticada o reprimida por expresar dolor y emociones al momento del parto”. Así lo expresa, en sus fundamentos, la denominada “Ley Adriana”, aprobada en general por la Comisión de Mujeres de la Cámara.

El proyecto (boletín 12148), apoyado en forma unánime, surgió de la lamentable experiencia de Adriana Palacios. Su caso se remonta a 2017, cuando, en la localidad de Alto Hospicio, sufrió violencia obstétrica y negligencias médicas que provocaron que su hija Trinidad naciera sin vida.

La situación sirvió de base para una propuesta legal impulsada por la diputada Claudia Mix (Comunes). En lo principal, busca establecer los derechos en el ámbito de la gestación, preparto, parto, postparto, aborto, salud ginecológica y sexual. Además, sanciona la violencia gineco-obstétrica.

La presidenta de la instancia, diputada Maite Orsini (RD), y las restantes integrantes de la Comisión agradecieron a las organizaciones que participaron en el trámite. Asimismo, resaltaron su aporte para la conformación de esta ley, respecto de las prácticas que actualmente se consideran correctas.

Invitados

Antes de su votación, el grupo escuchó la exposición de la directora nacional de Matronería del Ministerio de Salud, Giorgia Cartes. De igual modo, participó en la sesión la coordinadora por los Derechos del Nacimiento, María José Morales.

Giorgia Cartes indicó que los nuevos establecimientos de salud que están en construcción vienen con la incorporación de salas integrales de parto. “Sin embargo, tenemos claro que existe una brecha, tanto de recursos humanos como de infraestructura, para poder lograr la atención del parto con calidad”, aclaró.

Sostuvo que el objetivo final que “es el buen nacer” y que todo el personal de salud desea realizar este cambio en tal línea. “Tengo la convención que se va a lograr, porque nadie desconoce que nuestras mujeres y la sociedad requieren las mejores atenciones en el proceso de nacimiento”, acotó.

Por su parte, María José Morales señaló que se busca entregar mayor información a las mujeres sobre los riesgos y beneficios. Además, que exista acompañamiento durante todo el proceso y se les permita dialogar con el equipo de salud en la toma de decisiones. Adicionalmente, se promueve que exista un proceso de reparación física y de salud mental.

Planteó que este cambio se podrá lograr desde una mirada preventiva de promoción, garantizando que las mujeres que son víctimas de esta violencia sean reconocidas.

Alcances del proyecto

El texto legal, como se indicó más arriba, tiene por objeto regular, garantizar y promover los derechos de la mujer, del recién nacido y de la pareja. Esto, aplicado a los ámbitos de la gestación, preparto, parto, postparto y aborto en las causales establecidas por la ley. Asimismo, también apunta a su salud ginecológica y sexual.

Se promueve que los derechos y deberes contemplados en esta ley se apliquen a los centros de salud y hospitales públicos o privados. De igual modo, aplicaría para todos los espacios donde se preste atención gineco-obstétrica.

Para sus fines, el texto describe los siguientes principios a considerar: dignidad en el trato, autonomía, privacidad, multiculturalidad. Además, ahonda en la situación de la violencia gineco-obstétrica, definiéndola y describiendo los hechos que la constituyen.

Por último, entre otras normas, se regulan los derechos del nacimiento, del parto y de las personas recién nacidas; se abarcan el tema de la prevención y educación; y se norma la responsabilidad médica y los procedimientos de reclamación.

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