La increíble y triste historia del cándido Galli y su policía desalmada

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“…La ignorancia de la gente resulta, por lo general, más nefasta que su maldad: ¿Qué me importa a mí que el que me ofende lo haga por ignorancia o por malicia? Más aún, lo primero es a menudo mucho peor, porque la malignidad tiene sus fines precisos y determinados y procede de acuerdo a sus reglas, de suerte que no siempre ofende cuanto puede, mientras que la ignorancia, no teniendo ni fines,  ni reglas, ni medida, procede furiosamente y da palos de ciego”.   (Francesco Guicciardini, De la vida política, Espasa-Calpe, Buenos Aires, 1947, p.31)

Refundación de Carabineros

“Yo no soy quien para darle directrices de la Convención Constitucional y sus comisiones, pero sí que quede claro que la misión que tienen es demasiado importante para caer en  infantilismos refundacionales” (el subrayado es nuestro).

Estas declaraciones del subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli el día 30 de agosto recién pasado, se refieren a su negativa a la reforma a Carabineros propuesta por la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constituyente. Entonces don Juan Francisco, en qué quedamos, usted dice que “no es quien para darle directrices a la CC, sin embargo, igual mete su cuchufleta en modo de amenaza o advertencia: “pero sí que quede claro…”

Bueno, me voy a permitir explicarle,  que cuando se instaura una Convención Constituyente (o Asamblea que es lo mismo, como lo he explicado hasta la saciedad), es justamente para la refundación del Estado o de la República, con sus respectivos adjetivos que los caracterizan, por lo que hablar de ”infantilismos refundacionales” es, por decir  lo menos, una supina ignorancia. Por lo demás, no creo que  sus camaradas de la derecha y de la ultraderecha estén muy de acuerdo que, al tirano Augusto José Ramón Pinochet Ugarte (alias Daniel López) y sus secuaces (en el sentido de seguidores), especialmente a Jaime Guzmán Errázuriz, les reproche el haber caído en infantilismos refundacionales al redactar una Constitución Política, concibiendo un Estado Autoritario, mismo que destruyó, con un Golpe de Estado de por medio, justamente un Estado de Derecho y una República Democrática, instaurada en 1818 con el Acta de Independencia, firmada por Bernardo O’Higgins, el 1º de enero de ese año, en el Palacio Directorial de Concepción.

Le recuerdo, también, don Juan Francisco, que la Constitución de 1925,  no ha sido derogada por autoridad legítima y legal competente. Tal vez usted piense que los únicos que tienen derechos adquiridos en infantilismos refundacionales sean los personeros de la derecha, de la ultraderecha y los grandes empresarios de nuestro país. Y que esa refundación sea, por supuesto, a través de un Golpe de Estado, debido a que tales derechos no les han sido otorgados por la ciudadanía.

Comisión Valech

Siguiendo con las propuestas de la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constituyente, me quiero referir a otro que se las trae, claro está, que de cándido no tiene nada, sino todo lo contrario, con una personalidad arrolladora, propietaria de una egolatría a toda prueba: don Ricardo Lagos y Escobar por parte de madre. Pues bien, don Ricardo rechaza, con todas sus fuerzas, la propuesta de la Comisión de DDHH., en el sentido de que se levante el secreto de los testimonios aportados por  las víctimas de la dictadura ante la Comisión Valech. Este tema, lo traté en una nota publicada en Clarín, con el título “, De canalladas, hipocresías y abyecciones”, con fecha 14-2-2014. Voy a reproducir algunos párrafos de aquella nota, que después de más de 7 años (quién se lo iba a imaginar), vuelve a tomar suma importancia. Reitero que es sólo un extracto, pues la nota es mucho más extensa, pero los demás antecedentes corresponden a otro contexto y, en este caso, no tienen valor documental. Por lo demás, la nota original, ha quedado consignada en el libro  Chile, La obsesión de jugar con fuego, editado en 2017.

La hipocresía.

Ahora bien, y siguiendo con el mismo tema, otro parlamentario, el diputado Jorge Burgos, a pocas semanas de asumir como titular del Ministerio de Defensa, también brinda su decidido apoyo a Carolina Echeverría (N.deR: nombrada para ocupar el cargo de Subsecretaria de Defensa, y ante las acusaciones que involucran a su padre, el coronel ® del ejército, Víctor Echeverría Henríquez, en violaciones de los Derechos Humanos), y manifiesta que han estado en permanente contacto y sabe de su compromiso con los derechos humanos. Hasta aquí, en mi modesta opinión, sólo cabe  estar de acuerdo con el futuro ministro. Sin embargo, donde sí el honorable diputado comete un muy desafortunado “error”, es cuando declara que “en un Estado de Derecho quienes determinan las responsabilidades penales son los tribunales, no los denunciantes ni tampoco son responsables los hijos, eso es ajurídico”. Totalmente de acuerdo con que los hijos no son responsables de los delitos cometidos por sus padres. Pero, señor diputado, y ahora me dirijo a usted, ¿de qué tribunales está usted hablando; de los mismos que absolvieron al general Augusto José Ramón Pinochet Ugarte, alias Daniel López? Tal vez, esos tribunales consideraron que las denuncias no eran lo suficientemente graves para ser tomadas en cuenta y los denunciantes (la mayoría de los chilenos) no aportaron las suficientes pruebas para que los tribunales pudiesen condenarlo.

La abyección.

Además, usted como parlamentario debe estar en conocimiento de que existe un texto legal llamado Ley Valech que tiene el número 19.992 en cuyo Título IV, Del Secreto, en su artículo 15 dice lo siguiente:

TITULO IV
Del secreto

Artículo 15.- Son secretos los documentos, testimonios y antecedentes aportados por las víctimas ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y
Tortura, creada por decreto supremo Nº 1.040, de 2003, del Ministerio del Interior, en el desarrollo de su cometido. En todo caso, este secreto no se extiende al informe elaborado por la Comisión sobre la base de dichos antecedentes. El secreto establecido en el inciso anterior se mantendrá durante el plazo de 50 años, período en que los antecedentes sobre los que recae quedarán bajo la custodia del Ministerio del Interior. Mientras rija el secreto previsto en este artículo, ninguna persona, grupo de personas, autoridad o magistratura tendrá acceso a lo señalado en el inciso primero de este artículo, sin perjuicio del derecho personal que asiste a los titulares de los documentos,
informes, declaraciones y testimonios incluidos en ellos, para darlos a conocer o proporcionarlos a terceros por voluntad propia. Los integrantes de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, así como las demás personas que participaron a cualquier título en el desarrollo de las labores que se les encomendaron, estarán obligados a mantener reserva respecto de los antecedentes y datos que conforme al inciso primero de este artículo tienen
carácter secreto, durante todo el plazo establecido para aquel. Estas personas se entenderán comprendidas en el Nº 2 del artículo 201 del Código de Procedimiento Penal o del artículo 303 del Código Procesal Penal, según
corresponda.  La comunicación, divulgación o revelación de los antecedentes y datos amparados por el secreto establecido en el inciso primero, será sancionada con las penas señaladas en el artículo 247 del Código Penal. Entonces, honorable diputado, ¿nos puede explicar a los ciudadanos de este país, si tuvieron algún sentido las más de 38.000 respectivas denuncias que efectuaron las víctimas a través de sus testimonios ante los funcionarios de la comisión Valech, mismas que fueron sancionadas (acreditadas) por dicha comisión?  Estoy en condiciones de asegurarle, honorable diputado, porque lo he conversado en innumerables ocasiones con varios compañeros, que de haber sabido que se iba a decretar el secreto  para asegurar la impunidad de los torturadores, ninguno de los compañeros y compañeras que me ha tocado entrevistar y, por lo que me explicaron, ninguno de los que concurrieron, habrían entregado su testimonio.  Y ese artículo, señor Burgos, no es más que una traición a la confianza de las víctimas que lo único que deseaban, era que se hiciera justicia. Pero claro, el ex presidente Ricardo Lagos, prefirió subsanar la negación de justicia al mejor estilo neoliberal: con una reparación económica, aunque fuera austera y simbólica. El problema, es que las torturas no fueron ni austeras ni simbólicas; por lo demás, la famosa compensación económica es harto rasca. ¿Sabe a cuánto asciende el monto que recibe un  “compensado” por la ley Valech? Yo se lo informo: $156.038.- mensuales; es decir, ni siquiera el sueldo mínimo. La decisión en el sentido de no entregar el monto total en un solo acto (que habría sido de mucha utilidad para las víctimas de avanzada edad cuya mayoría se encontraba cesante), radicaba, justamente, en la idea cierta  que más temprano que tarde, irían falleciendo, con el consiguiente ahorro para el fisco, puesto que esa compensación no es hereditaria. Y esta es otra felonía establecida en la ley Valech.  Una pregunta señor diputado: ¿usted leyó la ley antes de concurrir con su voto para aprobarla?, ¿estuvo de acuerdo con el mentado artículo 15 que establece la impunidad absoluta de los torturadores? Si es así, entonces lo menos que puede hacer es quedarse callado y no tratar de confundir a la ciudadanía con “tinterilladas hipócritas”. Esto, sin contar que de todas formas usted es cómplice, al igual que todos los parlamentarios que estuvieron de acuerdo en aprobar la ley Valech con el artículo 15 incluido, del acto de mayor abyección que haya cometido un presidente de la República durante el período republicano. El ex presidente Lagos tendrá que cargar con el estigma de haber asegurado la impunidad absoluta a los mayores violadores de los derechos humanos de nuestra historia. Esta felonía, no tiene parangón, ni siquiera con la Ley de Defensa de la Democracia o Ley Maldita, del presidente Gabriel González Videla, porque en esta ocasión, no sólo se traicionó la confianza de las víctimas, sino que además, se les volvió a dar una estocada en su dignidad. Desde esta tribuna, hago un llamado a las víctimas que concurrieron con su testimonio ante la Comisión Valech, que hagan público cada uno de estos testimonios tal cual fueron expuestos ante los funcionarios de dicha comisión, pues estoy seguro que será el único camino que nos acerque a la verdad y a la justicia plena, y no “en la medida de lo posible”. Si no fuera así, por lo menos, como dijo el Presidente Allende, que tengan una sanción moral de la mayoría del pueblo chileno.

Por Hugo Murialdo

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