Palestina: un conflicto olvidado, hasta por el Consejo de Derechos Humanos

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La Alta Comisionada por los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó hoy su informe al respecto de la situación en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental. En este es evidente la obligación de garantizar la rendición de cuentas y la justicia. Sin embargo, la problemática parece congelada y la ausencia de diplomáticos y prensas durante el debate es impactante.

El informe aborda cuestiones relacionadas con la rendición de cuentas por violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario cometidas por actores relevantes en el Territorio Palestino Ocupado, que abarca Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental y Gaza.

“La situación de los derechos humanos en el Territorio Palestino Ocupado se deterioró aún más durante el período del informe, entre el 1 de noviembre de 2020 y el 31 de octubre de 2021”, declara Michelle Bachelet, Alta Comisionada por los Derechos Humanos antes las Naciones Unidas. “Este período estuvo marcado por un aumento significativo de la violencia, incluida la mayor escalada de hostilidades entre Israel y los grupos armados palestinos en Gaza desde 2014, que tuvo lugar del 10 al 21 de mayo del año pasado. También hubo un aumento significativo en el uso de munición real por parte de las fuerzas de seguridad israelíes en Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, y una intensificación de la violencia relacionada con los colonos”.

Estas tendencias contribuyeron a un aumento dramático en el número de palestinos e israelíes muertos y heridos. Las fuerzas israelíes mataron a 315 palestinos e hirieron a 17.597 palestinos, un aumento de casi cinco veces en comparación con el período del informe anterior, cuando las fuerzas israelíes mataron a 67 e hirieron a otros 3.678.

“Las hostilidades del 10 al 21 de mayo de 2021 en Gaza resultaron en un número considerable de víctimas civiles y daños devastadores en bienes e infraestructuras de carácter civil. Mi Oficina documentó varios incidentes en los que los ataques israelíes pueden haber violado los principios del derecho internacional humanitario de distinción, proporcionalidad y precauciones factibles”, sigue Michelle Bachelet.

Sin embargo, casi diez meses después, no tenemos conocimiento de ninguna investigación criminal de estos incidentes. A pesar de la información que indica que Israel inició exámenes preliminares en algunos casos, aún no se han hecho públicos los resultados sobre posibles violaciones.

No tenemos información sobre las medidas adoptadas por las autoridades de Cisjordania, o por las autoridades de facto en Gaza, para garantizar la rendición de cuentas por el lanzamiento indiscriminado de cohetes contra Israel, en violación del derecho internacional humanitario, o por otras posibles violaciones de dicho ley.

En ese sentido persiste la grave preocupación por la falta de rendición de cuentas por violaciones reales o potenciales del derecho internacional humanitario, incluidos presuntos crímenes de guerra, perpetrados por todas las partes en el conflicto. Varios los países que hicieron referencia a eso adentro del Consejo, incluido el mismo Chile.

“Seguimos observando la impunidad generalizada otorgada a los miembros de las Fuerzas de Seguridad de Israel por incidentes de posible uso excesivo de la fuerza fuera del contexto de las hostilidades, que con frecuencia resultan en homicidios potencialmente ilegítimos, incluidas, en algunos casos, posibles ejecuciones extrajudiciales”, explica Michelle Bachelet presentando a su informe.

Durante el período del informe, las fuerzas de seguridad israelíes mataron a 74 palestinos en operaciones policiales, la gran mayoría en Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental. A pesar de los frecuentes anuncios israelíes sobre el inicio de exámenes preliminares de tales incidentes, no se han abierto investigaciones penales en la gran mayoría de los casos, y los detalles no se han hecho públicos. La falta de transparencia con respecto a la apertura de investigaciones y la ausencia de progreso y resultado de las investigaciones por parte de las autoridades israelíes es motivo de máxima preocupación por parte de este Consejo.

Del mismo modo, no hubo avances notables en las investigaciones sobre denuncias de malos tratos y torturas de palestinos en centros de detención israelíes.

Las restricciones a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica de quienes defienden los derechos humanos y piden rendición de cuentas escalaron a niveles sin precedentes. El 19 de octubre de 2021, el Ministro de Defensa israelí designó a seis organizaciones humanitarias y de derechos humanos palestinas como “organizaciones terroristas” en virtud de la Ley contra el terrorismo de Israel, y el comandante militar israelí en Cisjordania declaró a estas y a otra organización “ilegales”.

“Estas decisiones de designación se basaron en alegaciones vagas y sin fundamento; mi Oficina sigue sin tener conocimiento de ninguna evidencia creíble que respalde estas acusaciones”, declara Michelle Bachelet.

Varios Estados miembros, en particular los que brindan apoyo financiero a estas organizaciones, también han cuestionado la base de estas decisiones. Después del final del período del informe, el ejército israelí rechazó una solicitud de las organizaciones de derechos humanos para compartir las pruebas que justificaban las decisiones, citando amenazas a la seguridad nacional.

Estas designaciones y declaraciones de las autoridades israelíes plantean serias preocupaciones de que la legislación antiterrorista y las órdenes militares se estén utilizando para detener, restringir o criminalizar el trabajo legítimo humanitario y de derechos humanos, incluido el importante trabajo sobre rendición de cuentas. Estas medidas, sumadas a una serie de acciones que socavan las organizaciones de la sociedad civil que trabajan por los derechos humanos de los palestinos, constituyen un ataque a los defensores de los derechos humanos e inhiben gravemente las libertades de asociación, opinión y expresión y el derecho a la participación pública.

COVID-19 ha golpeado una economía ya frágil

Poco más de un mes después de la pandemia, el PIB palestino se contrajo un 4,9 % en el primer trimestre de 2020 en comparación con el trimestre anterior.

El segundo trimestre fue el peor, ya que todos los indicadores económicos clave se desplomaron: el PIB se contrajo un 18 %, dos tercios de los establecimientos cerraron por completo, el desempleo se disparó al 39 %, mientras que la inversión, las exportaciones y las importaciones cayeron considerablemente.

La crisis afectó a todos los sectores de la economía, incluidos el turismo, la construcción, los servicios, la industria y la agricultura. En general, la economía palestina se contrajo en 2020 un 11,5 %, su segunda contracción más fuerte desde 1994.

El desempleo aumentó al 26%, incluso cuando la tasa de participación en la fuerza laboral aumentó de un mínimo del 44% a un 41% aún más bajo entre 2019 y 2020.

El último informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) de final del año pasado destaca que incluso antes del impacto de la pandemia, la economía palestina estaba en desorden y el entorno político-económico general se había deteriorado en los últimos años.

La base productiva de la economía se ha visto socavada y se encuentra en un estado de deterioro total, la fragmentación geográfica y del mercado ha aumentado, y las restricciones a la importación de insumos y tecnologías han cobrado un alto precio a la productividad.

La pérdida de tierras y recursos naturales para los asentamientos continuó sin cesar, los recursos fiscales fluyeron continuamente hacia el tesoro israelí y la economía regional de Gaza se vio afectada por un bloqueo prolongado y operaciones militares recurrentes.

La amenaza de anexión agrava aún más la situación

Además, se ha intensificado la amenaza de anexión de jure de gran parte de Cisjordania por parte de la potencia ocupante.

En abril de 2020, en medio de la peor crisis sanitaria mundial en un siglo, la potencia ocupante anunció su intención de anexar más partes de la tierra palestina en Cisjordania.

El gobierno palestino respondió cortando todos los contactos bilaterales y negándose a recibir los ingresos fiscales (depuración) que el estado israelí recauda en su nombre del comercio internacional palestino.

Esta suspensión desencadenó una crisis presupuestaria que privó a la ANP del 68% de sus ingresos tributarios durante la mitad del año, hasta la reanudación de la transferencia de fondos en noviembre.

En abril de 2021, con el estallido de violencia en respuesta a la amenaza de las autoridades israelíes de desalojar a las familias palestinas de sus hogares en Jerusalén Este, la economía palestina sufrió un nuevo golpe. La violencia se extendió rápidamente al resto de Cisjordania, donde decenas de palestinos resultaron heridos o muertos.

La vida se deteriora para una población sujeta a restricciones de movilidad desde 2000

Mientras tanto, en Gaza, la pandemia ha golpeado en un momento particularmente difícil de desintegración de la infraestructura de saneamiento y salud pública, pobreza profunda, inseguridad y enfrentamientos militares recurrentes.

En mayo de 2021, cientos de ataques aéreos llevados a cabo por la potencia ocupante destruyeron y dañaron activos valiosos, incluidos numerosos hospitales y centros de atención primaria de la salud, edificios comerciales y residenciales e instituciones educativas.

Las restricciones a la movilidad de personas, bienes y actividad económica han asolado al pueblo palestino y su economía desde el año 2000, cuando la potencia ocupante implementó una política de cierre que implicó un complejo sistema de controles de movilidad. Al mismo tiempo, la Franja de Gaza ha estado bajo un estricto bloqueo desde 2007.

“A pesar de la gravedad del impacto de la pandemia, la ocupación sigue siendo el principal obstáculo para el desarrollo del Territorio Palestino Ocupado”, dice el informe de la UNCTAD.

La expansión de los asentamientos disminuye las posibilidades de una solución de dos estados

Desde 1967, la potencia ocupante ha lanzado una política a largo plazo dirigida al establecimiento de asentamientos en la Cisjordania ocupada.

Elle a dépensé des milliards de dollars pour construire des infrastructures modernes pour l’expansion des colonies, y compris des systèmes de routes, d’eau, d’égouts, de communications, d’électricité, de sécurité, d’éducation et de soins de salud. Se entregaron generosas recompensas a los colonos y empresarios para que se establecieran y multiplicaran.

Al mismo tiempo, la demolición de estructuras y activos productivos palestinos para maximizar el espacio para la expansión de los asentamientos ha creado un entorno coercitivo que expulsa a los palestinos de sus tierras.

A pesar de la desaceleración de la actividad humana inducida por la pandemia en la región y en el mundo, en 2020 se registró el mayor número de demoliciones y desplazamiento de palestinos en los últimos años.

En 2020, la potencia ocupante apuntó a 848 propiedades de propiedad de palestinos en Cisjordania. Las demoliciones y ejecuciones hipotecarias han desplazado a cientos de palestinos y amplificado el impacto de la pandemia de COVID-19 y las necesidades asociadas, como vivienda, distanciamiento social y acceso a servicios médicos y de otro tipo.

Además, el estado israelí anunció en abril de 2020 su intención de anexar formalmente partes de Cisjordania. Aunque la anexión formal se pospuso hasta agosto de 2020, la realidad sobre el terreno no ha cambiado.

La potencia ocupante sigue tratando los asentamientos prácticamente como parte de su territorio soberano y la progresiva anexión de facto continúa acelerándose, como lo demuestra la intensificación de la construcción de asentamientos a niveles no vistos en una década.

En 2020, la potencia ocupante aprobó o avanzó más de 12.150 unidades de asentamientos, el nivel más alto desde 2012. En 2021, el Estado de Israel logró establecer más de 280 asentamientos en Cisjordania, incluida Jerusalén Este. La población de colonos ha crecido de 198.315 en 2000 a más de 650.000 a principios de 2021.

Como se establece en la Resolución 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU, el establecimiento de asentamientos en Cisjordania constituye una flagrante violación del derecho internacional.

El impacto de los asentamientos en el pueblo palestino

Los asentamientos despojan al pueblo palestino de sus tierras, recursos naturales y el derecho inalienable al desarrollo, refuerzan la ocupación e impiden el establecimiento de una solución de dos estados verdaderamente duradera, advertía el informe de la UNCTAD.

El impacto ambiental de los asentamientos es severo. La potencia ocupante transfiere cada año grandes cantidades de materiales peligrosos y desechos electrónicos para su procesamiento en Cisjordania, donde sus propias regulaciones y controles son menos estrictos que los que se aplican dentro de sus fronteras.

La contaminación del sector informal de desechos electrónicos y las industrias no reguladas ya está dañando la salud humana, especialmente la de los niños. La ocupación ha degradado aún más el medio ambiente al destruir millones de olivos y otros árboles para dar paso a la construcción de asentamientos.

Nacida en un marco político restrictivo que se ha deteriorado, a la ANP se le han encomendado responsabilidades que van mucho más allá de los recursos y el espacio político de que dispone.

Hasta que termine la ocupación, no hay sustituto para el apoyo adecuado de los donantes y la comunidad internacional para reconstruir la infraestructura física e institucional que se está desmoronando, así como el frágil sistema de salud.

Para que el apoyo internacional se traduzca en un progreso real, se deben levantar todas las restricciones impuestas por la ocupación a la economía palestina.

En él mientras, el visado de los relatores encargados en la investigación de la situación de Palestina ha sido bloqueado por Israel. Michelle Bachelet pidió expresamente durante el Consejo de dejar nuevamente el visado a Israel, y también hizo un llamado para obtener un financiamiento para seguir trabajando en el Territorio Ocupado Palestino. Durante la próxima sesión del Consejo la comisión debería presentar otro informe, aunque no parezca tarea fácil, como falta financiación para este viaje. ¿Todo se fue por la Comisión de Investigación en Ucrania?

Elena Rusca, Ginebra, 4.03.2022

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