Hasta dependencias de La Moneda llegó un grupo compuesto por parlamentarios y dirigentes del Colegio Nacional y Metropolitano de Profesoras y Profesores, quienes solicitaron al gobierno respetar el Derecho Humano fundamental al acceso a la Educación de los jóvenes detenidos, y aún presos, durante la revuelta de octubre de 2019.
Según cifras entregadas por Gendarmería, hasta comienzos de este año, 211 personas se encontraban privadas de libertad por causas relacionadas al estallido social, ocurridas entre el 19 de octubre de 2019 y el 30 de marzo del 2021.
Bajo este mismo contexto, el pasado martes 31 de junio, el Tercer Tribunal Oral en lo Penal absolvió a Benjamín Espinoza (19) y Matías Rojas (19), dos jóvenes acusados de incendio y lanzamiento de artefacto incendiario. Cumplieron dos años en prisión preventiva y tras la anulación de su juicio fueron puestos en libertad
En relación a la situación de estudiantes privados de libertad, el Presidente del Colegio de Profesoras y Profesores RM, Mario Aguilar, señaló que “los jóvenes detenidos injustamente están siendo vulnerados en su derecho a la educación, quienes por las medidas cautelares abusivas como extensas prisiones preventivas y arrestos domiciliarios totales, se han visto impedidos en continuar con sus estudios, incluso han perdido sus becas de estudios universitarios, no han podido terminar la enseñanza media”.
Por su parte, el parlamentario y miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, Hernán Palma, agregó que «el actual proceso que estamos viviendo de lograr una nueva carta fundamental, no habría sido posible si esos jóvenes que de un modo no violento una mañana se saltaron el torniquete. Y le vamos a cobrar la palabra al presidente quien en su discurso comprometió su lealtad y la de su gestión en beneficio de los presos de la revuelta”.
El compromiso del actual gobierno se enmarca en la reciente polémica sobre las declaraciones del Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la inexistencia de “presos políticos” por causas del estallido. Desde el gremio de profesores se espera la respuesta del presidente Boric. Sin embargo, recientemente la Ministra del Interior, Izkia Siches, declaró avances en la materia asegurando que trabajan en una nueva propuesta de proyecto de amnistía para los denominados “presos de la revuelta”.
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Y nadie se acuerda de los presos de la dictadura y las miserables pensiones que Bachelet rehusó ajustarles de ninguna manera digna, gracias a la gestión de Lorena Fies. su Subsecretaria de DD.HH. Como si esto fuera poco, la actual Subsecretaria de DD.HH., Haydee Oberreuter, sobreviviente de prisión política y tortura de la dictadura, no ha abierto la boca al respecto. Total, muchos de los que fueron sus compañeros de prisión política y tortura ya están muertos, cada día que pasa mueren más y en poco tiempo ya no habrá que pagarle nada a ninguno!