La oscura agenda política que tapa la crisis de seguridad

No solo la agenda de seguridad está desbordada. Desde los últimos meses y en especial a partir de marzo estamos en presencia de un flujo fuera de cauce cuyo origen e impulso es político. Vivimos en un país en crisis desde hace años, tal vez décadas, cuyo núcleo está en las mismas bases y estructura del estado, sus instituciones y normas. Un mal endémico que se ha expresado y seguirá así de manera indefinida.

 

La agenda de seguridad está desbordaba en el terreno político. Porque es un clima que no tiene, necesariamente, un anclaje en los hechos. Podemos observar los denominados “Delitos de mayor connotación social”, los que han disminuido desde 2017 a la fecha. Las estadísticas del CEAD (Centro de Estudios y Análisis del Del Delito) registran 559.715 casos a nivel nacional en 2017, los que pasan a 554.829 en 2019, bajan un poco los años siguientes y vuelven a subir en 2022 a poco más de 488 mil. Lo mismo en la Región Metropolitana. En 2017 hay registrados 251.905 eventos, los que caen en 2020 para subir a 215.870 en 2022. En líneas generales, no existe un aumento sostenido de los “delitos de mayor connotación social” ni en el país ni en la Región Metropolitana.  No hay una evidencia estadística que apoye el clima de inseguridad y temor que llena el ambiente.

Los medios de comunicación desde sus orígenes pueden crear realidades. Especialmente cuando se levantan como monopolio de la generación y circulación de la información. El monopolio nacional, herramienta al servicio de los intereses de las elites y sus inversiones, recrea realidades de manera uniforme y permanente. Así fue durante las décadas de la transición con el relato de un Chile modelo para la región y para el mundo. Un paraíso artificial para grandes negocios a costa de los trabajadores y los recursos naturales. Los y las chilenas tardaron años en mirar por sus propios ojos que aquel relato no era más que el producto de buenos publicistas. Hoy la función de esos mismos medios ha virado desde aquella complacencia a la angustia.

La derecha lo anunció desde un comienzo. Hay numerosos registros en la prensa de declaraciones de figuras de Chile Vamos y empresarios que prometieron convertir al gobierno de Gabriel Boric en una pesadilla. La crisis de seguridad más parece un efecto de aquella estrategia multiplicada y voceada a cada hora por sus medios de comunicación. Hoy Andrónico Luksic postea un tweet contra el gobierno, el PC y Apruebo Dignidad. ¡Pero si ha estado financiando en Canal 13 desde el 2022 una campaña del terror ciudadano!

La crisis de seguridad es una crisis política en pleno desarrollo. La agenda de la derecha parece contar con un plan concebido, tal como nos revela Javier Macaya cada vez que toma el micrófono. Lo hizo evidente el martes en la Sala del Senado al culpar al gobierno de la crisis y hoy a su coalición. “Esta semana se demostró dónde está el problema, dónde están quienes no quieren avanzar en la agenda de seguridad, y lo quiero poner con nombre y apellido, es en el Partido Comunista”. Una declaración insidiosa que el Partido Socialista recogió a los minutos. La presidenta, Paulina Vodanovic, aprovechó la caza de brujas para encender la hoguera. Culpó de forma directa a la alcaldesa comunista Irací Hassler de la delincuencia en la comuna. Si entendimos bien, de la responsabilidad del asesinato del cabo.

El presidente, de forma inexplicable, dice defender por sobre todo el respeto a los derechos humanos, pero no atendió las advertencias de la ONU y otras organizaciones sobre las nefastas consecuencias sobre los derechos humanos que traería la promulgación de la ley Nain Retamal. Una renuncia ética grave, tanto más sin fuera solo política.

La crisis actual es polisémica, ambigua, movediza. Y es también peligrosa. No por la delincuencia misma sino por la mutación institucional que la aprobación y promulgación en tiempo de récord de la ley Nain Retamal ha dejado en evidencia. A partir de ahora habrá un cambio, tal como este mismo jueves confirmó el general de carabineros Alex Chaván   al referirse a la periodista de Mega Paulina Allende Salazar que en un lapsus dijo “paco” por “carabinero”. El general la expulsó del punto de prensa apoyado por el silencio del resto de sus colegas. A las pocas horas, el canal de televisión abierta despidió a la periodista. Una primera consecuencia de la reciente ley que otorga impunidad a las fuerzas de orden. Si decir “paco” está prohibido en los medios tradicionales, con las horas veremos qué pasa en otros canales y en las redes sociales.

Hay en todo esto algo aún más preocupante. Es la debilidad del gobierno que hoy ya muta en miedo, en parálisis. Es la entrega del poder presidencial a la oposición: en escasos doce meses ha silenciado su relato para ser un mensajero de las elites. La derecha sabe olfatear el miedo y lo retroalimenta con más agresiones. Copa espacios de poder, como la Fiscalía, el Senado, la Cámara, los medios de comunicación, las instituciones económicas, el mercado y las fuerzas armadas, los que tienen cercado al gobierno.

El rechazo a la reforma tributaria ha sido el grado cero para el gobierno. A partir de entonces se ha iniciado el retroceso, que peligrosamente parece ser incluso la desinstalación de espacios democráticos que cautelaban los derechos humanos.  El presidente, de forma inexplicable, dice defender por sobre todo el respeto a los derechos humanos, pero no atendió las advertencias de la ONU y otras organizaciones sobre las nefastas consecuencias sobre los derechos humanos que traería la promulgación de la ley Nain Retamal. Una renuncia ética grave, tanto más sin fuera solo política.

Sin programa ni expectativa, a partir de ahora el gobierno es un enigma y puede torcer su rumbo hacia posiciones impensadas. Y sin capacidad de dirección ni movilidad, en esta deriva podemos hundirnos todos.

 

 

Por Editorial