Diputadas oficialistas rechazan proyecto de Reglas del Uso de la Fuerza y llaman a frenar el avance de la impunidad policial
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Frente al nuevo informe de Amnistía Internacional y a días de debatirse el proyecto de RUF en el Congreso, parlamentarias alertan sobre un grave retroceso en derechos humanos y denuncian el intento de institucionalizar la impunidad policial.
En un escenario marcado por la preocupación internacional respecto al estado de los derechos humanos, las diputadas oficialistas Ana María Gazmuri y Lorena Fríes alzaron la voz contra el proyecto de ley que busca establecer nuevas Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) para las policías. En el marco de la presentación del informe 2024-2025 de Amnistía Internacional, realizado en el Museo Nacional de Bellas Artes, ambas parlamentarias hicieron una fuerte advertencia: “Vamos a dar la pelea para proteger a la ciudadanía de eventuales abusos”.
El contexto no es menor. El informe de Amnistía, descrito por Gazmuri como “lapidario y preocupante”, documenta retrocesos en materia de derechos humanos a nivel global y destaca situaciones críticas aún no resueltas en Chile, como la impunidad en cientos de casos de violencia estatal ocurrida durante el estallido social.
La diputada Lorena Fríes, experta en derechos humanos y exdirectora del INDH, fue enfática: “En Chile se ha abierto un escenario de impunidad con la desestimación de más de 1.500 denuncias y querellas por violaciones a los derechos humanos”. Y agregó que el debate sobre las RUF, que se inicia la próxima semana en el Congreso, es clave para el futuro de la democracia y el respeto institucional: “Vamos a dar la pelea porque las policías tengan certeza de cómo actuar, pero también para proteger a la ciudadanía”.
La denuncia de ambas diputadas se da en un momento especialmente sensible, tras la reciente difusión de videos protagonizados por Claudio Crespo, el exoficial de Carabineros imputado por dejar ciego a Gustavo Gatica. Las imágenes, que muestran a Crespo en una actitud provocadora y desafiante, reabren heridas profundas y dan cuenta de una cultura institucional en la que la violación de derechos humanos no solo es tolerada, sino normalizada.
“Vemos la impunidad, la prescindencia absoluta del respeto a los márgenes institucionales, y una cultura policial donde los derechos humanos no están en el centro. No podemos seguir avanzando en entregar carta blanca a quienes tienen el monopolio de la fuerza sin resguardos democráticos”, señaló Gazmuri.
Uno de los puntos más alarmantes del proyecto de ley, según las diputadas, es la exclusión del principio de proporcionalidad como eje rector del uso de la fuerza. Para Fríes y Gazmuri, sin este principio, actos de brutalidad como los sufridos por Gatica o Fabiola Campillai podrían seguir ocurriendo bajo un manto de legalidad y sin sanción alguna.
“La proporcionalidad ha quedado fuera del proyecto y eso es inaceptable. Sin ella, los crímenes cometidos durante la revuelta quedarán definitivamente en la impunidad”, alertó Gazmuri.
Frente a este panorama, la diputada Fríes llamó a la sociedad civil a movilizarse y estar alerta: “Necesitamos al mundo de los derechos humanos. Nos están empujando a un retroceso liderado por la derecha, que debemos detener colectivamente”.
El debate sobre las RUF no es técnico ni neutro. Lo que está en juego es el tipo de país que Chile quiere ser: uno donde las policías operen con controles democráticos y respeto a los derechos fundamentales, o uno donde se institucionalice la violencia estatal bajo un nuevo marco legal que garantice impunidad.
