Preocupación por persecución a defensores ambientales en Penco y avance de minera canadiense «Aclara»
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Con amplio respaldo nacional e internacional culminó una campaña de solidaridad con Camila Arriagada y Arnoldo Cárcamo, defensores ambientales de la comuna de Penco, en la Región del Biobío, quienes han sido objeto de hostigamiento y persecución judicial por parte de la empresa minera ACLARA, dedicada a la explotación de tierras raras.
El comunicado, firmado por 327 organizaciones y personas de distintas partes del mundo, denuncia lo que califican como un intento de deslegitimar la protesta ambiental en Chile. Entre las adhesiones destacan reconocidas agrupaciones internacionales como The Gaia Foundation, Yes to Life No to Mining, Canadian Network on Corporate Accountability y MiningWatch Canada, esta última convocante de las firmas desde el norte global.
Las organizaciones firmantes hicieron un emplazamiento directo al gobierno canadiense, exigiendo la implementación en Chile de las directrices conocidas como Voces en Riesgo, un marco oficial del gobierno de Canadá para la protección de defensores de derechos humanos. Dicho protocolo establece responsabilidades concretas para sus misiones diplomáticas en el extranjero, como monitorear y acompañar a las y los defensores, visibilizar su labor y emitir declaraciones públicas de respaldo.
“El gobierno canadiense debe manifestarse públicamente en apoyo a las defensoras ambientales de Penco y su trabajo legítimo de defensa de los derechos humanos, los territorios y las fuentes de agua”, señala la declaración respaldada por las organizaciones de ese país.
Un caso que evidencia un patrón preocupante
El conflicto entre la empresa ACLARA y la comunidad de Penco no es reciente. En 2023, Camila Arriagada fue agredida durante una actividad pública organizada por la empresa, lo que repercutió también en su rol como representante regional. Más recientemente, la minera presentó un recurso de protección contra Arriagada y Cárcamo, acusándolos de dañar su reputación a través de publicaciones en la cuenta de redes sociales “Keule Resiste”.
Este recurso judicial ha sido interpretado por múltiples organizaciones como una estrategia para silenciar la crítica legítima y criminalizar la defensa del territorio. Se trataría, aseguran, de un nuevo caso en el patrón de persecución que enfrentan en Chile quienes cuestionan proyectos extractivos con impactos ambientales y sociales relevantes.
Al mismo tiempo, la propia empresa ha sido objeto de denuncias por realizar actividades sin la debida autorización en un área que aún se encuentra bajo evaluación ambiental. Registros gráficos y testimonios locales dan cuenta de intervenciones en zonas protegidas, lo que ha generado alarma entre las comunidades que han manifestado su oposición al proyecto.
Solidaridad más allá de las fronteras
La campaña de apoyo a Arriagada y Cárcamo, iniciada el 30 de marzo, logró traspasar las fronteras nacionales, sumando adhesiones de organizaciones y personas residentes en el extranjero. En su conjunto, el Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT) y otras agrupaciones socioambientales levantan la voz para exigir el cese inmediato de la persecución judicial y la protección efectiva de quienes defienden el medio ambiente, el agua y la vida comunitaria en Chile.
