Corrupción con receta: el escándalo de las licencias médicas falsas que sacude al Estado chileno
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Un nuevo escándalo de corrupción ha explotado con fuerza en el aparato público chileno. Esta vez, no se trata de coimas ni sobreprecios, sino del uso masivo y fraudulento de licencias médicas para fines personales, como vacaciones en el extranjero o trabajos paralelos en el sector privado. Más de 25 mil funcionarios públicos han sido identificados viajando fuera del país mientras, oficialmente, se encontraban con licencia médica. Y todo apunta a que este es solo el comienzo.
La gravedad del caso llevó a la contralora general de la República, Dorothy Pérez, a comparecer esta semana ante la Comisión de Salud del Senado, donde reveló detalles escalofriantes: empleados públicos que estudiaron o pasearon por Europa con licencia, otros que extendieron comisiones de servicio para viajar por continentes, y funcionarios que llevan más de un año con licencia médica mientras reciben ingresos paralelos como trabajadores privados.
“Este es un fraude a la fe pública de proporciones, y se ha sostenido en el tiempo gracias a la negligencia de los organismos de control interno”, sentenció Pérez ante los senadores. La contralora anunció que el Consolidado de Información Circularizada (CIC), que permitió detectar estas irregularidades, se extenderá ahora a los sistemas previsionales de las Fuerzas Armadas (Capredena) y Carabineros (Dipreca), ampliando la lupa sobre instituciones que históricamente han operado con bajo escrutinio público.
Las consecuencias no se hicieron esperar. Hasta ahora, han debido renunciar autoridades ministeriales, alcaldes y asesores, entre ellos el vicepresidente del Colegio Médico, Iván Mendoza, el seremi del Deporte del Biobío, Cristian Cartes, y el alcalde republicano de Macul, Eduardo Espinoza. Todos acusados de haber utilizado licencias médicas para fines personales y vacacionales, sin justificación médica real.
El presidente Gabriel Boric fue tajante: “Cuando se defrauda la fe pública, cuando se hace mal uso de un instrumento tan importante como las licencias médicas, tiene que haber sanciones drásticas. Muchos de ellos deben ser destituidos”.
La investigación también reveló que más de 100.000 funcionarios municipales no están siquiera registrados en el sistema nacional de control de personal (Siaper), a pesar de recibir sueldos del Estado. Un agujero negro en la administración pública que, sumado al uso fraudulento de licencias, deja en evidencia una estructura débil y permisiva.
Desde Hacienda, el ministro Mario Marcel advirtió que este fenómeno no se restringe al sector público. De hecho, según estimaciones del académico Mario Waissbluth, los casos en el ámbito privado podrían duplicar o triplicar la cifra oficial: entre 100 mil y 200 mil personas podrían estar usando licencias médicas para actividades personales o laborales incompatibles con el supuesto reposo.
El informe también desmiente una creencia instalada: las licencias psiquiátricas no autorizan viajes internacionales, salvo indicación médica explícita. Salir del país en esas condiciones, explicó Pérez, implica el incumplimiento de tratamientos y controles, y constituye igualmente una falta grave.
Este fraude sistémico, que ha socavado la confianza en el aparato estatal, obliga a una profunda revisión del sistema nacional de control, una red que, como reconoció la propia contralora, ha fallado por años. La Contraloría ha instruido incluso un sumario a la Superintendencia de Seguridad Social, entidad responsable de fiscalizar estas licencias, por su posible inacción.
Estamos frente a una forma moderna de corrupción: silenciosa, burocrática, y profundamente instalada en el tejido institucional. La indignación pública es legítima, pero la verdadera respuesta debe ser política: una reforma profunda del control del empleo público, sanciones ejemplares y un cambio cultural que reponga la ética del servicio por sobre el abuso del sistema.
Lo que hoy vemos es la punta de un iceberg, y su profundidad aún está por medirse.
Felipe Portales says:
Otra muestra más de un país completamente corrupto y desmoralizado. Corrupto desde la dictadura, ya que la «centro-izquierda», en la práctica (por supuesto, en contra de su discurso), legitimó, consolidó y profundizó la sociedad creada por la dictadura. Y todo esto ha desmoralizado cada vez más a la generalidad de la población, la que ha caído directamente en diversas formas de corrupción o -en el mejor de los casos- ya no cree en nada (políticamente hablando) ni en nadie, más allá de la familia y amigos.
Patricio Serendero says:
Estamos mal preocupándonos de las licencias médicas como algo fundamental en la politica del cotidiano. Es solo una cortina de humo de los medios de comunicación para desviar como siempre la atención de lo realmente importante.
Lo serio y dañino mil veces más es el que Codelco por la mano del Sr. Máximo Pacheco vendido al interés de SQM le esté regalando el litio que es de todos los chilenos al Sr. Ponce.
Y claro, como no podìa ser, a pesar del acuerdo de la Cámara de recomendar al Gobierno rechazar dicho acuerdo porque nos están claramente robando, el Sr. Boric guarda un sospechoso silencio. Defienda los intereses de su país hombre! La Historia de este período lo recordará como vendido al imperio , y contra los intereses de Chile si no rechaza este robo. Ya lo vendió un buen poco con el acuerdo del TTP11 que firmó. No siga ayudando a robar a su propio país. O en su ignorancia cree que ese acuerdo en realmente bueno para Chile?