El aborto legal entra al debate presidencial: candidaturas oficialistas marcan posiciones en medio de nueva iniciativa del gobierno

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El debate presidencial de los candidatos de la coalición de gobierno marcó hoy un punto de inflexión en la agenda política, al enfrentar abiertamente uno de los temas más sensibles del panorama nacional: la despenalización del aborto. La discusión, instalada por el propio Ejecutivo, coincide con el anuncio de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, de que esta semana será presentado un proyecto de ley para avanzar hacia el aborto legal en Chile.

Aunque el tiempo apremia —faltan apenas diez meses para que finalice el mandato del presidente Gabriel Boric—, los presidenciables oficialistas abordaron el tema sin evasivas. Carolina Tohá, del Partido por la Democracia, defendió con convicción el debate legislativo, señalando que “cumplir los compromisos dentro del mandato” es una obligación del gobierno, independientemente del calendario electoral.

Tohá destacó que la interrupción voluntaria del embarazo es un tema que atraviesa a muchas mujeres y que, al igual que en otros países, Chile cuenta con la madurez necesaria para discutirlo de forma responsable. Advirtió además sobre la existencia de sectores conservadores que promueven una agenda regresiva, incluyendo propuestas para eliminar el Ministerio de la Mujer y revertir avances como la reforma previsional.

Una postura radicalmente distinta planteó Jaime Mulet, candidato de la Federación Regionalista Verde Social, quien se desmarcó del resto de los postulantes al afirmar que no considera el aborto una prioridad para el país. “Ya tenemos una legislación que contempla las tres causales: violación, inviabilidad fetal y riesgo para la madre. No veo razón para ir más allá”, señaló el parlamentario, único en el bloque oficialista que se ha declarado abiertamente contrario a ampliar la despenalización.

Desde una perspectiva histórica y social, Jeannette Jara, candidata del Partido Comunista, defendió la urgencia del debate, aunque reconoció que habría sido deseable impulsarlo antes. “El aborto no desapareció con la penalización. Sólo lo hicieron de forma segura las mujeres con recursos, mientras las demás arriesgaban su vida en la clandestinidad”, afirmó la exministra del Trabajo. Para Jara, la actual coyuntura exige avanzar en derechos reproductivos, como ya se hizo con la jornada laboral de 40 horas o la reforma previsional.

Por su parte, Gonzalo Winter, representante del Frente Amplio, enfatizó que el aborto debe ser visto desde dos dimensiones: como un derecho sobre el cuerpo de la mujer y como un problema de salud pública. “Negar ese derecho no lo hace desaparecer; sólo lo vuelve peligroso”, subrayó. Winter planteó la necesidad de garantizar condiciones dignas y seguras para quienes, por diversas razones, deciden interrumpir su embarazo.

El impulso del proyecto por parte del Ejecutivo reabre un debate que desde la ley de aborto en tres causales, promulgada durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, se había mantenido en relativo silencio. La nueva iniciativa busca ampliar el marco legal, eliminando las sanciones penales a las mujeres que decidan abortar más allá de las causales ya existentes.

La discusión promete polarizar nuevamente el Congreso y la opinión pública, en un escenario político marcado por el desgaste del oficialismo, la presión de los sectores conservadores y la creciente movilización feminista.

Aunque algunos consideran simbólica la presentación del proyecto a estas alturas del mandato, la presión social y la necesidad de saldar una deuda histórica con los derechos reproductivos parecen empujar con fuerza una discusión que ya no puede seguir siendo postergada.

El Clarín de Chile