Turismo con licencia: Gobierno inicia sumarios a miles de funcionarios por viajes en medio de licencias médicas
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El escándalo por el uso fraudulento de licencias médicas en el aparato estatal sigue desplegando sus ramificaciones. Este martes, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, entregó el primer balance oficial de los sumarios administrativos que se están tramitando en las instituciones del Gobierno Central, tras revelarse que miles de funcionarios viajaron al extranjero mientras se encontraban con licencia médica.
De los cerca de 36 mil casos de licencias cuestionadas, correspondientes a unos 25 mil funcionarios públicos, alrededor de 8.000 pertenecen al Gobierno Central, abarcando un total de 131 instituciones, incluidos varios ministerios.
“El resto corresponde, fundamentalmente, a las municipalidades. Nosotros reportamos respecto del Gobierno Central, y de esos cerca de 8.000, hay 6.600 a los cuales ya se les ha iniciado sumario”, detalló Marcel, añadiendo que estos procedimientos se han activado en respuesta directa a un informe de la Contraloría y a instrucciones emanadas desde Interior y Hacienda.
La diferencia entre la cifra total y los sumarios iniciados responde a que 1.102 funcionarios ya no forman parte del Gobierno Central, aunque sí están incluidos en la lista negra elaborada por la Contraloría General de la República.
Las sanciones contempladas van desde el rechazo de las licencias y la devolución de los fondos percibidos, hasta la destitución del cargo. En algunos casos, los procesos podrían cerrarse sin sanción, pero Hacienda anticipa una resolución rápida: “Son solo tres preguntas que se deben responder: la causal de la licencia, cuáles fueron los viajes, y los motivos de estos desplazamientos al extranjero”, explicó Marcel.
Al tratarse de un sumario administrativo y no de una investigación penal, no se requieren testigos, lo que según el ministro debería agilizar los procedimientos. Pese a ello, aún no se descarta que algunos casos terminen derivando en la justicia.
La magnitud del fraude expuesto —que ha impactado fuertemente la credibilidad de las instituciones públicas— no deja de sorprender. Lo que comenzó con una denuncia puntual terminó revelando una práctica extendida y sistemática: funcionarios públicos que, con licencia médica por supuestos problemas de salud, aprovecharon su tiempo «liberado» para salir del país, en muchos casos sin siquiera ocultarlo en redes sociales.
Aunque por ahora el foco está en el Gobierno Central, el grueso del problema se desplaza hacia las municipalidades, donde la Contraloría identificó el mayor volumen de casos. El Gobierno ha señalado que entregará un informe separado sobre esas instituciones, donde se espera un número aún mayor de sumarios.
Este segundo capítulo del escándalo deja claro que el problema no es solo sanitario ni administrativo, sino profundamente ético. Y plantea una incómoda pregunta: ¿cuántas de las estructuras del Estado chileno están contaminadas por una cultura del abuso normalizado y del privilegio mal entendido?
Mientras los sumarios avanzan, y la ciudadanía observa con indignación, el Estado chileno enfrenta el desafío de reparar no solo el desfalco económico, sino el daño a la confianza pública que estos actos han causado.
