El asalto a mano armada al estado y su última (y rasca) manifestación: las licencias médicas
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Arde Troya. Cuando en febrero de este año se inició la investigación de Dorothy Pérez por mal uso de licencias médicas, varios supimos que se abriría una caja de pandora de consecuencias insospechadas en la administración pública pues el abuso de licencias que ya era anterior a la pandemia y estaba más o menos masificado, sin duda, creció a niveles exponenciales luego de la misma. Lo dijimos en nuestros respectivos trabajos so riesgo de que una jefatura vinculadas al FA nos acusó “que estábamos cuestionando las licencias médicas”, cuando en realidad solo advertíamos de las consecuencias que sobre los trabajadores públicos iba a tener aquel abuso que se masificaba en época vacaciones de invierno, fiestas patrias, navidad, año nuevo y temporada estival que dejaba a nuestros servicios con un mínimo de capacidad operativa y con los mismos de siempre poniendo el pecho a las balas.
Una corrupción institucionalizada de larga data tan vieja como nuestras banderas.
El abuso de “lo público” no solo de algunos trabajadores, sino también de actores políticos, parlamentarios, “hombres de Estado”, ahora de médicos ya es de larga data y se inicia casi justo con el proceso independentista. Al respecto hay que recordar que uno de los artífices del proceso independentista como lo fue Manuel de Salas, ya en momentos previos a la independencia recomendaba a sus paisanos criollos no invertir en la compra de títulos nobiliarios que no llevaban a ninguna parte sino en la subasta de “cargos en la administración pública”. El historiador norteamericano, Peter Klarén, refiriéndose a la historia del Perú resumiría en un notable texto – “Nación y sociedad en la historia del Perú” – que la decisión de vender cargos en la administración tomada por los Borbones tuvo consecuencias letales sobre el aparato público hispano: “vista desde una perspectiva moderna, la venta de cargos en el periodo colonial podría también explicar el bajo nivel de moral pública actualmente existente entre los empleados públicos. Esta práctica debilitó indudablemente toda noción de un servicio público desinteresado e introdujo en la cultura política la corrosiva idea de que tener un cargo era una oportunidad para obtener una ganancia egoísta y privada, no para el bienestar de todos”, y ello va desde un contrato, un sueldo exorbitante o ahora el abuso con las licencias médicas donde han sido responsables todos – de republicanos a comunistas, pasando por UDI, RN, DC, PPD, PR, PS y FA – que en la concepción del estado como botín de guerra a repartir – o el más vulgar “ahora nos toca a nosotros” – no solo han evadido la creación de un estado profesional, con una escuela de formación pública, sino que, también han llenado el aparato público de flojos/as, incompetentes, cuando no sinvergüenzas.
Estamos hasta la tusa de tanto caso dando vueltas sin que nadie termine nunca preso, mientras un pinche vendedor de CDs piratas moría hace una década y media trágicamente en el penal de San Miguel.
¿Cuándo se jodió la función pública?
Me cuenta un viejo amigo que durante la UP –aquel gobierno del lema “podremos meter las patas, pero jamás las manos”– ocupó un rol relevante donde diariamente administraba $15 millones de hoy y que, cuando tuvo que salir al exilio, solo pudo llevar consigo US$15 que le regaló su padre. Como se sabe, pese a los intentos de los militares ningún jerarca de la UP pudo ser condenado por corrupción, tráfico de influencias, soborno o enriquecimiento ilícito.
Después de unas rimbombantes declaraciones iniciales de Pinochet, en que prometió que el día que se fuera partiría “con menos de lo que llegó”, lo cierto es que Daniel López hizo todo lo contrario: durante la dictadura se sistematizó la corrupción vertical y a gran escala y empezó el desmantelamiento de la arquitectura estatal construida a lo largo de 150 años de república.
Con el retorno de la democracia y el esfuerzo por hacer bien las cosas, se dispuso en general de material humano de primer nivel que acalló las frases apocalípticas de los viudos de la Junta que pintaban horrendos cuadros sobre el desempeño del primer gobierno democrático.
Pero, pese a la excelencia, no se pudo evitar la corrupción que reapareció hacia el final del mandato de Aylwin con Hamilton y el millonario pago por el desmalezamiento en Concón, las pérdidas en Codelco y las irregularidades en las compras de aulas tecnológicas, siendo Lagos ministro de Educación. También la adscripción al consenso de Washington reforzó la jibarización del fisco y profundizó con Los nuevos tiempos la venta de empresas estatales.
Con Frei, además, se ahondó el mal: el escándalo en el INJ que obligó al Instituto a cambiar su nombre (INJUV); Esval y el colector de Viña del Mar; el ministro de Vivienda que perdió su cabeza por un caballo –regalo de Copeva–; los aquelarres en Junaeb, Enami, Digeder, MOP y Tribasa, Gendarmería, donde surgen las primeras denuncias por asesorías truchas y un director que abandona su cargo porque arrendaba su casa al servicio y que, a la vez, ocupaba para sí mismo; la asociación ilícita descubierta en Dipreca; o el Banco Estado y los pagos irregulares a exiliados famosos; aunque lo más novedoso fue el afloramiento de un problema nuevo: la incompetencia en la gestión pública.
Por si fuera poco, se inició la puerta giratoria desde lo público a lo privado de las autoridades y, con ello, la captura del Estado por los agentes a quienes debía regular. Nuestra experiencia reciente está llena de este tipo de casos donde quien debía regular, luego se va a trabajar con quien debía aplicar normas.
Con Lagos se intentó, más bien a un nivel publicitario, un recambio generacional, pero el asunto no dio resultado y la corrupción siguió creciendo –Correos de Chile, Enacar, EFE y para qué hablar de los dobles sueldos del MOP-Gate–, aunque personalmente creo que la defensa de dos parlamentarios oficialistas involucrados en el caso de las Plantas de Revisión Técnica (PRT), fue una pésima señal de la administración: ser corrupto en democracia te saldría gratis.
Michelle Bachelet venía de una corriente interna del PS que se sentía maltratada durante la transición: la imagen de su líder, Escalona, agraviado por Lagos y sumergido en el subterráneo de La Moneda era una dolorosa postal.
Entonces, se hicieron dos promesas que a la larga serían caras para una buena gestión pública: la paridad de género impuesta por decreto y no por una cultura igualitaria de excelencia y “que nadie se repetiría el plato”.
Ello, más brotes periódicos, daban cuenta ya de una corrupción institucionalizada –Chiledeportes, Registro Civil, las Subvenciones y el Mineduc, etc.– fueron el sello de ese gobierno. El reemplazo masivo de los viejos cuadros de la Concertación –incluida la G-80 que creía que había llegado su momento– por nuevas generaciones –la G-90 en el PPD y la Sub-40 en el PS–, ávidas de poder y de ascenso social, pero de escasa formación política y profesional, marcaron su gestión y junto con la corrupción se institucionalizó, ahora, la ineficiencia y la ineficacia pública.
Y aquellos que creían que con Piñera el asunto se acababa porque “los ricos no tienen necesidad de robar”, tuvieron que acostumbrarse a observar cómo deambularon por tribunales, subsecretarios que, además de su sueldo fiscal, recibían otro “bajo cuerda” de Penta. He ahí a Pablo Longueira, que ya no pudo hablar con Jaime Guzmán porque este lo desprecia, y el senador Orpis que terminó siendo el cordero para sacrificar para que otros salvaran sus pellejos. Todos ellos hundidos en el mismo fango.
Y eso que solo de pasada menciono el arreglín con Johnson’s de aquella época –¿curioso no?: justo después de una reunión almuerzo con Piñera el presidente del CDE anuncia que no se querellarían por “el perdonazo” que le otorgó Julio Pereira–; la fallida licitación del litio; o el cohecho transversal en la Ley de Pesca. ¡Y gracias a dios que los ricos no roban! (más).
Y luego se vino el vendaval de la corrupción institucionalizada y que fue la principal mecha del estallido social de 2019: Penta, Caval y Soquimich. El Milicogate, la Colusión del Confort y la de los Pollos. Corpesca –incluido el bueno de Iván Fuentes–, la G-90, Cuprum, la nomenklatura socialista y la milagrosa santa de Gendarmería con su mayor estandarte: la ministra Blanco, incólume al escándalo.
Para abajo el asunto resultó ser más dantesco y grotesco: gente que cobraba 5 millones solo con certificado de enseñanza media, que ya empezaba a masificar el abuso de licencias médicas hasta que el contexto generado por nuestras oligarquías financieras y políticas hizo que todos perdieran la razón de estado. Como diría Sabina “que de sinrazón”.
Se vino Piñera II, se agravaron los casos de corrupción, el abuso, incluso en los momentos previos al estallido que nos invitaban a “comprar rosas”, “levantarse más temprano para ahorrar el pasaje del metro” o que mientras subía a niveles siderales el endeudamiento de los chilenos se adjetivaba a Chile “como un oasis en una América Latina convulsionada”
“Y si los otros lo hacen por qué no yo”
El asalto a mano armada al Estado, de unos y otros, sin pasamontañas ni capuchas, pero con elegantes ternos y corbatas tuvo pronto sus efectos, se vino entonces el estallido, la pandemia y la frase que caracterizo a una generación “y si los otros lo hacen, porque no yo”.
Boric y el FA prometieron “construir un Chile más justo y digno para todos y todas”, pero su generación es la que ha abusado, en mi experiencia personal, de licencias médicas, sueldos que no se corresponden con sus competencias, administración que salvó a las Isapres a costa de jodernos a nosotros, la modificación a la ley de Fraudes de tarjetas que se exime de toda responsabilidad a las entidades financieras que las emiten y que tiene a miles de estafados denunciados, ahora, por los propios bancos cuyas normas de seguridad fueron las que se violaron, o actualmente el quilombo que hay con la ley de pesca y que tiene a los pescadores artesanales con la amenaza de incendiar todo si se favorece de nuevo a las grandes empresas. Tiene razón un conocido dirigente de una organización de consumidores “ni con Piñera estuvimos nunca tanto mal, en nuestros derechos como consumidores”. Mientras la actual diputada Cordero en su labor profesional daba licencias falsas a cambio de dinero.
¿Hay futuro para el futuro?
En Los futuros que vienen, David de Ugarte analiza la descomposición global que afecta al mundo posmoderno y en especial a las elites que han vivido a cuesta del erario público, hoy amenazadas por el fenómeno de la Globalización e Internet, que transparentan la información.
En Chile se consolidó una nueva burguesía fiscal de carácter transversal (ahora no solo cleptómana sino también “fresca de raja”) y cuyos soldados hacen uso y abuso de derechos laborales que a generaciones les costó ganar y que seguramente, terminará con justos pagando por pecadores.
Es la descomposición el concepto unificador que permite diseccionar sobre la misma mesa a aquellos fenómenos más característicos del mundo periférico en el que vivimos: la piratería, el narcotráfico y su consecuencia más obvia, la narcoguerrila, y la irrupción del Estado corrupto que da vida al abuso burocrático que hemos visto últimamente, ahora con las licencias médicas. Ahí vamos, en caída libre.
La solución sería restituir la dignidad de la función pública y la carrera funcionaria, dotar al Estado de una planta profesional permanente por encima de los gobiernos de turno, a la vez que limitar al mínimo posible “el botín de guerra” en los cargos de la administración que generan los “cotos de caza”, que son el origen de lo que hoy observamos en el caso licencias que afecta por igual desde republicanos al PC, pasando por todo el arcoíris pero que ya habíamos visto en Gendarmería, Indap, Correos de Chile, Codelco, el MOP, el Mineduc, Fosis, Chiledeportes, Junaeb, el Sename y de muchas mayores dimensiones en la empresa privada: Penta, SQM, Corpesca, etc.
Y es que nuestros grupos dirigentes, políticos y económicos siguen en lo mismo. Tal como se los dijimos hace ya casi diez años “No se dan cuenta de que, un poco más, y esto será irreversible. Que ninguno de ellos se queje luego”.
Lo que se ha conocido en el caso abuso de licencias médicas ya no tiene nombre. Y ya no sabemos si indignarnos o comenzar a acostumbrarnos y aceptar, con algo de vergüenza, que esto ha sido siempre así y que el viejo Lenin, más contemporáneo que nunca, tenía razón cuando decía que la democracia solo consiste en “decidir quién te va a aplastar” (El Estado y la Revolución).
Edison Ortiz
Hugo Bauer says:
El aumento de la corrupción es desgraciadamente transversal, desde republicanos hasta el PC. Hoy leí en otra prensa, el caso de una senadora (PPD), que mientras estaba con licencia médica (4 meses!!!) fué a Cancún y para justificarla sacó una «chiva» digna del libro de los records de Guines. Según ella tuvo que ir a Cancún «para cumplir una manda» y como yo estaba allá, tomó unos días de vacaciones. Como si en Cancún hubiese und Santuario para San Chavo del 8 o San Condorito. Si hubiese dicho tuve que ir a Yumbel o a La Tirana hubiese sido creíble, pero a Cancún? Máxima sinvergüenzura. Existe en Chlie la mala costumbre, de que cuando hay cambios de gobierno, cambian a la mitad de la administración publica para poner a sus apitutados. Yo vivo desde hacen ya varios decenios en Alemania y aquí como en toda democracia hay cambios de gobierno o la llamada «alternancia del poder», pero cuando eso ocurre, cambian por supuesto a Ministros y subsecretarios, pero el resto del aparato estatal sigue funcionando exactamente igual . Es talvez una diferencia de mentalidad, aquí, los empleados públicos o Beamten como se los lllama, son servidores del estado y no del partido o gobierno de turno.
Felipe Portales says:
Es claro que la dictadura corrompió completamente las instituciones de nuestro país; y el liderazgo de la Concertación condonó aquello al legitimar, consolidar y profundizar su obra económico-social y cultural. Y progresivamente dicha corrupción se ha extendido y diseminado a crecientes sectores de la sociedad chilena, como lo demuestra -entre muchos otros casos- este escándalo monumental de las licencias fraudulentas. Y todo ello ha culminado con el caso quizá cualitativamente más grave de corrupción de la historia moderna como el intento frustrado de compraventa de la casa de Allende por el Gobierno a una ministra y a una senadora; en violación flagrante -además- de un artículo de la actual Constitución, artículo que ¡ya estaba -y en los mismos términos- en la Constitución de 1925!