Campillai alza la voz: “No apoyo a ningún candidato, no hablan de derechos humanos”
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La senadora y víctima de la represión del estallido social critica el silencio de los presidenciables del oficialismo sobre la justicia pendiente desde 1973 hasta hoy.
A pocos días de las primarias presidenciales del oficialismo agrupado en la coalición Unidad por Chile, la senadora Fabiola Campillai irrumpió en el debate público con una declaración que sacude al bloque: “No apoyo a ningún candidato porque no he escuchado nada sobre derechos humanos”.
La crítica, clara y directa, fue emitida en una entrevista con el programa Radioanálisis y apunta a los cuatro aspirantes que competirán en las urnas para definir la candidatura presidencial del sector: Carolina Tohá (PPD), Jeannette Jara (PC), Gonzalo Winter (FA) y Jaime Mulet (FRVS). Según Campillai, ninguno de ellos ha puesto en el centro de sus campañas un compromiso con la memoria, la verdad y la justicia.
Campillai sabe de lo que habla. En noviembre de 2019, durante las protestas sociales que sacudieron al país desde octubre de ese año hasta marzo de 2020, fue brutalmente herida por una granada lacrimógena lanzada al rostro por un funcionario de Carabineros. El ataque le costó la pérdida total de la visión, el olfato y el gusto. Su caso se convirtió en uno de los símbolos más impactantes de la represión estatal, junto con el de los más de 400 manifestantes que sufrieron traumas oculares durante el estallido.
A más de cinco años de esos hechos, la senadora independiente —electa con una de las mayores votaciones en su circunscripción— denunció la inacción judicial: “No se ha hecho justicia en la casi totalidad de los casos”. Y a eso se suma una nueva preocupación: el retroceso silencioso en el compromiso político con los derechos humanos.
En su intervención, Campillai también lamentó el olvido histórico que afecta a las víctimas de la dictadura militar. “Tenemos una historia y deuda gigante en materia de derechos humanos desde el golpe (1973) que todavía no hay justicia”, afirmó. A más de medio siglo del golpe de Estado que derrocó al gobierno de Salvador Allende, más de mil detenidos desaparecidos siguen sin ser encontrados, y sus familias sin respuestas.
Sus palabras llegan en un momento especialmente sensible. En semanas recientes, el Ministerio Público decidió cerrar más de 1.500 causas relacionadas con denuncias de agresiones cometidas por agentes del Estado durante la revuelta social de 2019, lo que ha sido denunciado por organizaciones de derechos humanos como un nuevo acto de impunidad. Paralelamente, en el Senado se discuten proyectos de ley que podrían liberar a condenados por violaciones a los derechos humanos que hayan cumplido los 80 años, muchos de ellos involucrados en secuestros, torturas y asesinatos bajo el régimen de Augusto Pinochet.
Este contexto refuerza la crítica de Campillai, quien considera que el silencio de los presidenciables frente a estos temas refleja una falta de voluntad política. La senadora no es la única que ha alertado sobre esta ausencia. Diversas organizaciones de víctimas del estallido han denunciado que los derechos humanos se han vuelto “incómodos” para algunos sectores del oficialismo, especialmente en un clima de polarización política y endurecimiento del discurso securitario.
Que sea precisamente Fabiola Campillai quien alce la voz no es casual. Su figura encarna la fractura aún abierta entre el Estado y las víctimas de la violencia institucional. Su entrada al Senado representó una demanda de justicia transformada en poder político. Hoy, su advertencia expone una contradicción interna en una coalición que enarbola la defensa de los derechos humanos como uno de sus principios fundacionales, pero que parece haberlo relegado frente a los cálculos electorales.
El llamado de Campillai es, en definitiva, un recordatorio: sin verdad ni justicia, no hay democracia plena. Y quienes aspiran a gobernar un país herido por la represión y la impunidad, no pueden seguir eludiendo el deber de poner los derechos humanos en el centro del debate político.
Felipe Portales says:
En verdad, a nuestra «centro-izquierda» -desde que se derechizó solapadamente a fines de los 80, como lo reconoció Boeninger en 1997 y lo hizo desfachatadamente Foxley en 2000- nunca le interesó realmente el tema de la justicia. Hizo solamente el Informe Rettig con el propósito explícito de que con ello se cerraba el tema. Afortunadamente las agrupaciones de familiares de víctimas, las ONG de DD. HH. y el sentimiento mayoritario de la población hicieron imposible aquello. Así, fracasaron múltiples intentos en esa dirección de la élite concertacionista, como se señala en mi artículo: «Chile: Masacres estatales e impunidad» que está publicado ahora en «Clarín». Y este Gobierno se ha constituido -por sus figuras predominantes y por sus políticas- en el virtual sexto gobierno de la Concertación. De tal modo que no es extraño que los candidatos y candidatas de la primaria gobiernista adopten esa ya histórica reluctancia a involucrarse efectivamente en la búsqueda de verdad, justicia y reparación en favor de las víctimas de violaciones de DD. HH. Tiene toda la razón Fabiola Campillay.