Narcomilitares en Chile: el mayor caso de infiltración criminal en el Ejército sacude al país

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La detención de seis suboficiales del Ejército de Chile acusados de participar en una red de narcotráfico ha encendido las alarmas a nivel nacional. Los uniformados, pertenecientes a la II Brigada Acorazada «Cazadores» de Iquique, fueron sorprendidos trasladando cocaína desde la frontera con Bolivia hacia Santiago. El Gobierno ha calificado el hecho como «el más grave que se ha enfrentado desde el punto de vista de la Seguridad Pública en el último tiempo», dejando en evidencia la capacidad del narcotráfico para infiltrarse incluso en las instituciones armadas.

El caso ha sido interpretado como un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado en Chile. La gravedad del hecho no reside solo en la cantidad de droga incautada —192 kilos de cocaína y pasta base, avaluados en más de tres millones de dólares—, sino en el nivel de penetración alcanzado por redes criminales al interior de una institución jerarquizada como el Ejército. “No hay medias tintas en esto. Cuando usted compromete una institución armada en materia de narcotráfico, y no la detiene oportunamente, los hechos son irreversibles para el país”, advirtió el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero.

El término “narcomilitares”, utilizado por autoridades y medios para referirse a los funcionarios castrenses involucrados, refleja la dimensión del escándalo. Según la fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, la operación policial que permitió la captura de los implicados se originó gracias a una denuncia interna del propio Ejército, lo que fue valorado como un indicio de que, al menos en este caso, los mecanismos de control institucional funcionaron.

No obstante, el caso plantea serias dudas sobre la permeabilidad de las Fuerzas Armadas frente al poder corruptor del narcotráfico. Para el Gobierno, esto marca una línea roja. “Toda la evidencia comparada demuestra que cuando las organizaciones criminales del narcotráfico tienen esa capacidad de penetrar en una institución armada, lo tenemos que erradicar de raíz”, subrayó Cordero, haciendo eco de experiencias latinoamericanas donde la infiltración narco ha generado una descomposición profunda del aparato estatal.

En paralelo, otro operativo de gran alcance liderado por la Policía de Investigaciones (PDI) permitió desarticular un brazo financiero del cartel venezolano Tren de Aragua. La red criminal logró lavar más de 13 millones de dólares mediante criptomonedas, revelando sofisticadas formas de ocultamiento económico. Este hallazgo reactivó un viejo debate político: el levantamiento del secreto bancario.

Levantamiento del secreto bancario

El ministro Cordero aprovechó la ocasión para emplazar a la oposición a avanzar en esta materia, argumentando que “el crimen organizado no funciona con informalidad total. Tiene estructuras financieras complejas y hay que seguirles la pista”. Sin embargo, sectores opositores mantienen una férrea resistencia a otorgar esta facultad investigativa, aduciendo posibles riesgos para las libertades individuales y el uso político de las pesquisas financieras.

Desde La Moneda, la vocera subrogante Aisén Etcheverry respaldó de manera contundente ambos operativos, calificándolos como acciones “de máxima gravedad”, pero también como señales de que el Estado aún puede reaccionar con eficacia. “Este tipo de organizaciones tienen que ser extirpadas de nuestro país. Y eso no es solo una frase grandilocuente, es para lo que hemos trabajado durante estos años”, afirmó. La ministra destacó que estas acciones son posibles gracias a una estrategia fortalecida con inversión, nueva institucionalidad y mayores facultades para las policías.

La detención de los “narcomilitares” no solo sacude a las Fuerzas Armadas, sino que coloca al sistema político frente a una disyuntiva crítica: avanzar hacia reformas legales que permitan rastrear el dinero del crimen organizado o correr el riesgo de que estas redes sigan operando desde las sombras. En ese sentido, el llamado del Gobierno a aprobar el levantamiento del secreto bancario no es solo una propuesta técnica, sino un dilema de Estado.

Lo ocurrido pone en evidencia que el narcotráfico ya no se limita a barrios periféricos o pasos fronterizos: ha llegado al corazón del aparato institucional. Y si no se enfrenta con decisión, coordinación y voluntad política, los costos para la democracia chilena podrían ser irreversibles.

El Clarín de Chile