“La espera duele tanto como la enfermedad”: víctimas chilenas del herbicida Roundup exigen justicia
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Mientras Bayer ha pagado más de US$11 mil millones en compensaciones por los efectos del herbicida Roundup en Estados Unidos y Europa, en Chile las víctimas siguen esperando justicia. ODECU interpuso una demanda colectiva por $200 millones por persona y denuncia el abandono del Estado frente a un daño que ya ha sido reconocido a nivel global.
Durante décadas, el herbicida Roundup fue aplicado con normalidad en los campos chilenos. En frutales, viñedos, paltos, nogales y otras plantaciones, su uso era parte del protocolo agrícola habitual. Lo que pocos sabían —y menos aún se advertía— es que su componente principal, el glifosato, ha sido clasificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como “probablemente cancerígeno para los seres humanos” desde 2015. Hoy, esa advertencia tiene nombres y rostros en Chile: personas enfermas de cáncer, familias quebradas por la enfermedad, trabajadores agrícolas que usaron el producto sin protección, y comunidades rurales expuestas durante años sin información ni resguardo.
Ahora, esas víctimas buscan reparación.
La Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (ODECU) ha presentado una demanda colectiva ante el 22° Juzgado Civil de Santiago, exigiendo una compensación de $200 millones por persona afectada, monto dividido entre daño moral y material. Se trata del primer proceso judicial de este tipo en el país contra Bayer/Monsanto, la multinacional que produce y comercializa Roundup, por los efectos de una exposición prolongada al glifosato.
“Cada día sin respuesta es un día más de angustia”
Juan Sebastián Reyes, abogado de ODECU, lo plantea sin rodeos: “Cada día que pasa sin respuesta es un día más de angustia, de tratamientos y de incertidumbre para nuestros representados. Es hora de que Chile reconozca a las víctimas y repare el daño causado”.
Los testimonios recogidos en un reportaje emitido por Chilevisión Noticias estremecen. Luis, extrabajador agrícola del Maule, relató: “Yo usé ese producto durante años. En la viña, en la parcela. Uno pensaba que, si lo vendían, era seguro. Hoy tengo cáncer y ya no puedo trabajar. No es justo”. María, esposa de otro afectado, agregó: “Mi esposo trabajó toda su vida en campos donde se rociaba Roundup sin ninguna protección. La empresa lo sabía. Ahora estamos solos, esperando justicia que no llega”.
Una deuda ética del Estado
Uno de los pocos actores políticos que ha reaccionado públicamente es el senador Juan Luis Castro, presidente de la Comisión de Salud del Senado. “No se trata solo de un problema judicial, sino de una deuda ética con los ciudadanos. El Estado no puede mirar hacia otro lado mientras personas desarrollan cáncer producto de sustancias que deberían haber sido retiradas hace años”, dijo el legislador.
Castro también criticó que, pese a la prohibición de importación del producto, se haya permitido la venta de los stocks existentes, exponiendo a más personas a un riesgo conocido. “¿De qué sirve prohibir si igual se puede seguir comercializando lo que queda? Esa decisión fue irresponsable y debe ser revisada”, advirtió.
Un contraste con el resto del mundo
La desigualdad en el tratamiento judicial de las víctimas del Roundup a nivel global es evidente. En Estados Unidos, Bayer ha reconocido su responsabilidad y compensado a más de 127.000 personas, con pagos que superan los US$11 mil millones. Cada víctima ha recibido en promedio cerca de US$100.000.
En Chile, en cambio, las víctimas deben conformarse con esperar. El sistema judicial avanza con lentitud y la regulación sanitaria no ha adoptado criterios preventivos. El presidente de ODECU, Stefan Larenas, lo expresó con claridad: “Este no es solo un caso judicial. Es un símbolo de cómo tratamos a las víctimas ambientales y sanitarias en nuestro país. Bayer ya reconoció su responsabilidad en el mundo. Chile no puede ser el último en reaccionar”.
La urgencia de una respuesta estructural
ODECU no solo exige reparación. También plantea la necesidad de una reforma profunda en la forma en que Chile regula sustancias químicas peligrosas. Entre sus demandas se incluyen:
La aceleración del proceso judicial y la tramitación prioritaria de la demanda colectiva.
El reconocimiento oficial de las personas afectadas por glifosato como víctimas sanitarias.
Una revisión de los protocolos de autorización y comercialización de agroquímicos, con enfoque precautorio, sanitario y ético.
Además, ODECU hizo un llamado a los países de América Latina a no repetir la omisión chilena. “La exposición al Roundup no distingue fronteras, pero la respuesta sí puede —y debe— marcar la diferencia”, indicó la organización.
¿Y ahora qué?
Roundup sigue siendo legal en Chile, pese a la clasificación de la OMS, las demandas internacionales y las crecientes evidencias científicas sobre sus efectos. El glifosato está presente en suelos, agua y alimentos; y las personas más vulnerables siguen siendo los trabajadores agrícolas y quienes viven en zonas rurales.
Este caso es más que un litigio. Es un espejo en el que se refleja la relación entre salud pública, justicia y poder corporativo. Y es también una oportunidad para que Chile redefina sus estándares de protección, escuche a las víctimas y tome decisiones desde la ética y no desde el mercado.
Como señaló el abogado Reyes, “la espera duele tanto como la enfermedad”. El Estado chileno aún tiene la posibilidad de aliviar al menos una parte de ese dolor.
