Secreto bancario bajo la lupa: Chile entre los únicos países que exige orden judicial para detectar dinero del crimen organizado
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Durante una sesión clave en el Senado, el director de la Unidad de Análisis Financiero, Carlos Pavez, reveló que Chile y Australia son los únicos países de la OCDE y del GAFI que aún requieren orden judicial para levantar el secreto bancario. La advertencia llega en medio del avance del crimen organizado y el rezago normativo del país en materia de prevención del lavado de activos.
En una intervención que no pasó desapercibida, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, entregó un dato alarmante durante la primera sesión de la Comisión de Economía del Senado: Chile y Australia son los únicos países del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y de la OCDE que aún requieren una autorización judicial para levantar el secreto bancario en investigaciones vinculadas al lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el crimen organizado.
Aún más crítico, Pavez indicó que Chile es el único país de América Latina —miembro del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)— donde la UAF necesita autorización judicial para acceder a información protegida por secreto bancario. Este rezago coloca al país “por debajo de los estándares internacionales” y dificulta de manera grave la capacidad del Estado para rastrear, congelar y recuperar activos de origen ilícito.
“Eso nos pone en una situación de vulnerabilidad frente a redes criminales que operan con una velocidad y una sofisticación cada vez mayores. En la práctica, estamos dándoles una ventaja”, advirtió el director de la UAF.
Una norma pensada para otro Chile
La normativa que hoy protege el secreto bancario en Chile fue pensada en un contexto muy diferente. Basada en una visión liberal de la privacidad financiera, impide que organismos como la UAF puedan acceder a información bancaria sin orden judicial, incluso cuando existen indicios claros de operaciones sospechosas. Esta rigidez institucional, sin embargo, no se condice con la actual amenaza del crimen organizado, que ha escalado en complejidad y violencia en los últimos años.
“¡Increíble pero cierto! Chile es uno de los dos únicos países de la OCDE que exige orden judicial para acceder a cuentas bancarias. ¿A quién protege ese secreto?”, cuestionó el senador Daniel Núñez, presidente de la Comisión de Economía, quien calificó la situación como “incomprensible y peligrosa”.
14 millones congelados… y apenas una gota del total
Durante su exposición, Carlos Pavez citó un caso reciente: el congelamiento de cerca de 14 millones de dólares pertenecientes a un brazo financiero del Tren de Aragua, la organización criminal transnacional de origen venezolano que hoy opera en varios países sudamericanos. Pero ese monto, advirtió, es apenas un reflejo mínimo de la magnitud del dinero que mueve esta organización.
“Créame, eso es muy poco en comparación con lo que pueden generar en minutos. Lo que está en juego no es solo identificar flujos sospechosos, sino poder quitárselos efectivamente a las organizaciones criminales”, explicó.
Para lograrlo, recalcó, es necesario avanzar hacia mecanismos que permitan recuperar activos de manera oportuna, lo cual solo es posible si la UAF tiene acceso directo —sin necesidad de pasar por la justicia— a la trazabilidad completa de las operaciones sospechosas.
El corazón del análisis financiero
Una de las críticas que el propio director de la UAF dirigió al modelo actual es que depende demasiado de los “sujetos obligados”, como bancos e instituciones financieras, quienes solo reportan operaciones que consideran “inusuales” dentro del campo visual que tienen. Eso genera una mirada parcial e incompleta del panorama financiero de las redes criminales.
“La facultad de levantar el secreto bancario sin autorización judicial apunta al corazón del análisis financiero. Para establecer vínculos entre personas y operaciones delictivas, necesitamos la trazabilidad completa. No basta con reportes limitados y aislados”, afirmó Pavez.
Según explicó, solo con esa información es posible transformar indicios en pruebas sólidas que permitan desmantelar redes y sustentar investigaciones penales complejas.
¿Privacidad o seguridad pública?
El debate sobre el levantamiento del secreto bancario toca fibras sensibles, pues enfrenta dos principios fundamentales: el derecho a la privacidad financiera y el interés público en combatir eficazmente la delincuencia organizada. Sin embargo, el propio diseño del proyecto de ley —impulsado por el Ejecutivo— acota las facultades de la UAF a tres supuestos específicos y excluye el uso arbitrario de la herramienta.
Además, se alinea con recomendaciones internacionales expresadas por el GAFI, que en múltiples evaluaciones ha señalado a Chile como un país que necesita avanzar en mecanismos más eficaces de prevención y recuperación de activos.
En otras palabras, no se trata de eliminar el secreto bancario, sino de establecer excepciones bajo control administrativo y trazabilidad institucional, algo que ya es norma en prácticamente toda la OCDE y América Latina.
Un giro necesario en tiempos peligrosos
En un contexto donde el crimen organizado ha ganado terreno —infiltrando territorios, instituciones y economías locales—, la falta de herramientas adecuadas para seguir la ruta del dinero deja a Chile desprotegido y desfasado respecto a sus pares regionales e internacionales.
Como lo expresó el propio Pavez, el problema ya no es importante: es clave. La posibilidad de acceder con rapidez a información financiera crítica no es un lujo, sino una necesidad operativa si se pretende combatir eficazmente redes que mutan, se adaptan y se financian con recursos que fluyen sin obstáculos.
La pelota ahora está en el Congreso. La decisión que tomen los parlamentarios no solo tendrá impacto en la arquitectura institucional de la lucha contra el crimen, sino también en la señal que Chile envía al mundo sobre su compromiso con la transparencia, la legalidad y la protección de sus ciudadanos frente a las mafias del siglo XXI.
