
El Gobierno de Kast ha hecho de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado el eje de su discurso de seguridad. Pero mientras la ultraderecha propone una reforma constitucional que amplía extraordinariamente las facultades del Estado, mantiene resistencia frente a una herramienta decisiva para combatir las organizaciones criminales: levantar el secreto bancario













